La reforma establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Redacción AN / MDS
El Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen que cede el control de la Guardia Nacional (GN) al Ejército, una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien le será remitida para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Tras una discusión que se prolongó durante la noche del martes y la madrugada del miércoles la reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la GN, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 agentes que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil fue aprobada en lo general y en lo particular por 86 votos a favor de Morena y aliados, 42 en contra y cero abstenciones.
Fueron desechadas todas las reservas presentadas por los grupos parlamentarios, sin que se debatieran, por lo que sobre las 6:30, media hora después de aprobada en lo general, la reforma fue avalada en lo particular.
La oposición y algunos organismos nacionales e internacionales advirtieron que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país, mientras en la discusión los legisladores se enfrascaron en cifras de homicidios y personas desaparecidas.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857. Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El debate
El senador morenista Omar García Harfuch, a quien le fue aprobada la licencia para integrarse al gabinete de Claudia Sheinbaum como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, consideró importante dar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad, permitiendo que las instituciones de seguridad se fortalezcan y consoliden.
Añadió que la Guardia Nacional no es el único eje de la estrategia de seguridad y que se complementará con la atención a las causas; el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia, y la coordinación del gabinete de seguridad con las 32 entidades federativas, como lo anunció la presidenta electa.
El senador panista Ricardo Anaya, aseguró durante su intervención en la tribuna que los homicidios en el país han aumentado exponencialmente junto con la militarización de la seguridad pública. Aseveró que la estrategia empleado no funciona para pacificar al país, toda vez que la tarea militar y la tarea policial son diametralmente diferentes. Consideró que un camino mejor es fortalecer una fuerza civil federal, así como a las policías municipales y estatales.
Por su parte, el senador morenista Alejandro Murat -quien fue gobernador de Oaxaca con el PRI-señaló que la reforma plantea una fuerza que es mixta en su naturaleza jurídica, estableciendo que habrá una fuerza de seguridad permanente que se integrará con personal militar pero con capacidades policiales.
Añadió que se subsanan las cuestiones de investigación e inteligencia, y que será la autoridad civil quien defina la Estrategia Nacional de Seguridad.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio consideró que la reforma justifica el abandono del modelo de seguridad ciudadana, negando que los elementos de las Fuerzas Armadas también han cometido violaciones graves a los derechos humanos.
Señaló que la seguridad debe ser civil y local, al tiempo que apuntó al empoderamiento económico y político que en los últimos años ha creado una nueva élite militar.
En tanto, la senadora priista Claudia Anaya, del PRI, recordó que en 2019 la oposición votó por crear un cuerpo nacional de carácter civil llamado Guardia Nacional, para que ayudara en las tareas de seguridad pública de manera temporal, extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.
Aseveró que hoy se están echando por la borda esos acuerdos y advirtió que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que los cuerpos militares con fuero no deben estar encargados de tareas de investigación.
El presidente López Obrador ha negado que exista “militarismo” y “represión” con la reforma que aprobó el 19 de setiembre pasado la Cámara de Diputados.
