ste martes cerca de 400 personas, la mayoría encapuchadas, bloquearon durante más de cinco horas los accesos a Santa Fe. Se presentaron como familiares de presos del penal federal número 4 de Tepic, Nayarit, y exigían la destitución de su director. El bloqueo provocó un colapso en la zona y filas de 6 kilómetros en la carretera México-Toluca. Al día siguiente las autoridades señalaron que el incidente había sido convocado por allegados al líder de una banda del crimen organizado, Los Malcriados, que habrían pagado 250 pesos por manifestante. Presumiblemente, la organización buscaba restablecer posiciones dentro del penal de Nayarit. Y lo hizo con la tranquilidad de quien sabe que en Ciudad de México bloquear una avenida no tiene ningún costo.
Es el momento de comenzar a hablar sobre este tema. No es cómodo, y menos para un gobierno de izquierda. Literalmente el obradorismo nació en la calle: las marchas para protestar los fraudes en Tabasco, los pozos petroleros bloqueados en 1996, el plantón de siete semanas en Reforma en 2006. El gobierno de la 4T ha hecho del “no vamos a reprimir” un principio ecuménico.
Sin embargo, bloqueos y marchas han adquirido otro sesgo y se están convirtiendo en otra cosa, tanto por la frecuencia como por los motivos. El peso que tiene sobre la vida diaria y el potencial desestabilizador que adquiere obliga a poner el tema sobre la mesa al menos por tres razones:
La primera es que los bloqueos perjudican a un número mucho mayor de personas que los originalmente agraviados y que los más dañados son los pobres. Para el ejecutivo de Santa Fe el bloqueo del martes exigió trabajar por teléfono desde su auto o su casa; para la empleada doméstica o el trabajador modesto, que recorre media ciudad mediante dos o tres traslados, significó perder horas, la jornada y a veces el empleo. Quien tiene más recursos puede sortear mejor las restricciones que supone una ciudad que amanece atenazada por cinco o seis manifestaciones simultáneas. Pero el albañil no cobra el día que no llega; perder la cita en el IMSS puede convertirse en un drama. Con el comercio sucede otro tanto. Sears o Elektra pueden compensar un día perdido gracias al resto de la cadena, los pequeños comerciantes del Centro Histórico dijeron recibir 39 millones de pesos diarios menos durante dos semanas con el plantón de la CNTE. En el bloqueo de carreteras sucede otro tanto. Hay negocios pequeños y comerciantes que viven al día, para quienes la interrupción de suministros y entregas, es también una tragedia.
La segunda razón es que los bloqueos y las marchas van en aumento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana advierte que de enero a noviembre hubo 25 por ciento más que en el mismo periodo de 2025: pasamos de 9 a casi 12 por día. Una quinta parte de las manifestaciones implican un bloqueo. En las carreteras parecerían estar disminuyendo en los últimos meses, luego de las duras manifestaciones de los transportistas. Pero habría que señalar la precariedad de las cifras disponibles. Carecemos de datos sistemáticos de un fenómeno del que nadie quiere hablar, documentar e investigar.
La tercera razón es la más preocupante: los bloqueos están en camino de convertirse en un factor de desestabilización política. El caso de Santa Fe no es un hecho aislado. El crimen organizado aprendió hace tiempo que cerrar una carretera es un arma barata y eficaz: tras el operativo contra El Mencho, en febrero, se registraron 252 bloqueos en 20 estados en un solo día. Lo vimos también en Chiapas o en la carretera a Cuernavaca donde los vecinos fueron utilizados para bloquear intervenciones de la autoridad contra el crimen. Lo de este martes muestra que la frontera entre el reclamo legítimo y la extorsión se resuelve con 250 pesos por persona. ¿Cuánto tiempo tomará antes de que los actores políticos comiencen a utilizarlo como una medida de presión o desestabilización?
¿Qué hacer, entonces, sin caer en la tentación autoritaria? Me parece que la experiencia francesa ofrece una pista. En París se protesta tanto como en Ciudad de México, pero allá se autorizan marchas, no bloqueos: se negocia el recorrido con la autoridad y al terminar, la calle se libera. Existen sí, bloqueos carreteros por parte de agricultores o de los llamados chalecos amarillos, pero son incidentes ocasionales no la rutina de cada día, como en México.
Tendríamos que acercarnos a una estrategia similar: permitir las marchas, desalentar los bloqueos. Y para hacerlo no se trata de recurrir a la represión, sino a una ruta crítica que comience por conocer mejor el fenómeno, documentarlo, monitorearlo. Tiene connotaciones de seguridad pública, políticas, económicas, logísticas, de bienestar social. Pero nadie lo está abordando de manera transversal. Habría que comenzar un proceso de discusión, transparencia y seguimiento del fenómeno. Crear conciencia sobre la necesidad de hacer algo de manera responsable. Una vez conseguidos los consensos podrían establecerse criterios razonables: registro de la movilización, negociación de rutas, mantener carriles abiertos en las vías primarias, liberar accesos de hospitales, asegurar corredores para alimentos, medicinas y ambulancias, y fijar tiempos para la ocupación de vialidades.
No hay soluciones fáciles. Pero es evidente que al país le sobran problemas. Si todo grupo agraviado encuentra que la única manera de recibir atención es tomando como rehén al resto de la comunidad, la ciudad terminará colapsada. En otro texto he señalado que el riesgo de inestabilidad política en México no reside en una insurrección o un movimiento terrorista, sino simplemente en una multiplicación de miles de conflictos puntuales que paralicen al país o impongan, sin ponerse de acuerdo, un costo económico insoportable.
Las personas tienen derecho a expresar su inconformidad y a exigir respuesta a sus problemas, pero habría que encontrar la forma de que esa necesidad no se convierta en una tragedia para otros igualmente vulnerables y siempre más numerosos que los originalmente agraviados. La mejor manera de proteger la manifestación legítima es impedir que se confunda con el chantaje. El derecho a marchar está plenamente garantizado; el derecho a secuestrar una ciudad, no.
Es incómodo para un gobierno progresista acotar a quienes se manifiestan por una necesidad no atendida. Pero el fenómeno no hará sino aumentar con cargo a todos. Mucho mejor abordarlo ahora desde una perspectiva humanista y no después cuando se convierta en leña para un discurso represor. En Iowa existe una ley que da inmunidad civil al conductor que, actuando con la debida precaución, lesione a alguien que participa en una protesta, manifestación, disturbio o reunión ilegal y que está bloqueando el tráfico; una muestra de lo que un gobierno de ultraderecha podría legislar contra quienes expresan su inconformidad. Mejor abordarlo ahora y no hacerlo bajo la desesperación o el discurso incendiario de los jilgueros que habrán de asegurar que no votar por la 4T es la única manera de resolverlo.




