Según datos de la SEP, 23 instituciones educativas no han recibdo el presupuesto completo que les corresponde
Rafael García / El Sol de México
Gobiernos de 14 estados tienen una deuda de mil 730 millones de pesos con sus universidades públicas, en algunos casos desde hace más de un año, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con corte hasta el 31 de octubre. Casi la mitad del adeudo es del gobierno de Sonora del morenista Alfonso Durazo.
El dinero que los gobiernos estatales deben es presupuesto que están obligados a darles mensualmente a las instituciones de educación superior para que operen sus aulas. Está destinado a sueldos, infraestructura y mantenimiento.
Pero 23 universidades públicas no han recibido todo el dinero que los gobiernos estatales tienen la obligación de darles, lo que puede afectar sus operaciones, aunque la otra mitad de sus recursos provienen del gobierno federal.
La lista la encabeza el gobierno sonorense, el cual le debe más de 700 millones de pesos a cinco de sus universidades. Tan sólo a la Universidad de Sonora (UNISON) no le ha pagado más de 500 millones de pesos.
La UNISON arrastra esta deuda desde febrero de este año, cuando el gobierno sonorense no le pagó más de la mitad del presupuesto.
Este déficit se incrementó de junio a agosto, cuando tampoco cubrió el total de los recursos. Luego, el gobierno de Sonora le pagó en octubre una parte de la deuda de estos cuatro meses, pero por lo mismo no cubrió lo correspondiente a este mes.
Este déficit se da incluso con menos de lo que la Universidad de Sonora solicitó al Congreso de la entidad, luego de que a inicios de año tuviera un recorte en su presupuesto.
La semana pasada, la rectora de la institución, Dena María Camarena Gómez, señaló ante esta instancia que necesita dinero para cubrir un déficit en los finiquitos del personal jubilado, el cual arrastra desde el año pasado.
Advirtió que las universidades públicas enfrentan severos obstáculos de dinero a pesar de los esfuerzos que hacen por ahorrar y por ampliar la matrícula.
Este año, la Autónoma de Sonora tiene que atender su matrícula de 40 mil estudiantes sin cuatro de cada 10 pesos de su presupuesto estatal.
De acuerdo con su presupuesto oficial, casi la totalidad de sus recursos los destina a sueldos y prestaciones.
A la deuda del gobierno de la entidad se suman el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Colegio de Sonora y la Universidad del Pueblo Yaqui.
Otro de los casos donde las universidades públicas padecen una deuda desde el gobierno estatal se da en la administración de Tamaulipas del morenista Américo Villareal.
La deuda de esta entidad se concentra únicamente en una institución: la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que enfrenta un déficit de más de 250 millones de pesos.
De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la UAT recibió recursos menores a los que se había comprometido el gobierno estatal durante febrero, marzo, mayo y septiembre de este año.
De acuerdo con el presupuesto oficial de la UAT la mayoría de los recursos son utilizados para sueldos y prestaciones, luego en electricidad, agua, internet, vigilancia, limpieza y conservación de instalaciones.
El déficit en los recursos que otorga el Gobierno estatal se da luego de que el Congreso local le negó todo el dinero que pidió para este año.
Asimismo, el gobierno de Ricardo Gallardo de San Luis Potosí tiene una deuda con dos universidades: la Autónoma y la Intercultural del estado.
Entre marzo y octubre de este año, las instituciones recibieron a medias el dinero proveniente de la administración del Partido Verde.
Esta entidad forma parte de una de las cinco en donde los gobiernos intentan intervenir en las decisiones universitarias para evitar que algunos perfiles lleguen a la rectoría o, bien, que no lleguen, de acuerdo con Luis González Placencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Una de las maneras para lograr este control es mediante el presupuesto que, debido a que aún lo negocia la universidad, Placencia evitó mencionar el caso en particular, pero El Sol de México pudo confirmar a través de fuentes consultadas que las universidades potosinas están en esta situación.
Estos casos están siendo revisados personalmente por el titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) entra en este grupo de instituciones que han denunciado intervencionismo del gobierno estatal. Incluso, la rectora Yarabí Ávila, ha señalado directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Esta institución no ha recibido más de 26 millones de pesos. El gobierno del morenista le entregó a medias los recursos correspondientes de abril a octubre.
