Hernández apuntó a posibles beneficiarios ligados a Durazo y Gómez expuso el interés de Washington en investigar redes de corrupción y crimen organizado.
Redacción AN / KC
Las periodistas Anabel Hernández y María Idalia Gómez señalaron que el escándalo por los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) podría alcanzar a otros actores políticos, detrás de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei; Hernández dijo que falta investigar a beneficiarios económicos de la red y mencionó posibles vínculos con los hijos del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Gómez explicó por qué las presuntas conexiones entre corrupción y delincuencia organizada podrían despertar el interés de autoridades de Estados Unidos.
En la mesa de análisis de Aristegui en Vivo, Anabel Hernández sostuvo que el caso no puede limitarse al conflicto entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con contratos millonarios para la producción de materiales electorales; afirmó que una de las principales líneas pendientes es identificar quiénes comenzaron a recibir los beneficios económicos cuando el empresario dejó de participar en el reparto de presuntos sobornos.
¿Quiénes son esos otros? Creo que es un poco ahí donde falta todavía poder indagar.
La periodista mencionó versiones que apuntan a que algunos de esos posibles beneficiarios serían hijos de Alfonso Durazo y recordó que uno de ellos estaría bajo investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos empresariales con una parte de la red de huachicol que, según dijo, es investigada desde hace meses en ese país.
Hernández también señaló que Taddei habría tenido una relación directa con Durazo desde antes de llegar al INE, pues, de acuerdo con su información, el gobernador la recomendó para encabezar el organismo electoral de Sonora.
Por ello, consideró que las investigaciones deben esclarecer si los recursos de los contratos terminaron únicamente en manos de Hernández Casillas, Taddei y sus familiares, o si hubo otros beneficiarios.
En esa línea, sostuvo que el caso podría formar parte de una disputa política dentro de Morena y aseguró que las filtraciones de videos, fotografías e información sobre la relación entre Taddei y Hernández Casillas no necesariamente responderían al resentimiento del empresario por haber perdido beneficios económicos, sino a una posible operación del gobierno de Claudia Sheinbaum para desplazar a Taddei y tomar el control del INE, además de debilitar políticamente a Durazo.
La periodista también vinculó el caso con la salida de Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de la exconsejera, de la Secretaría Particular del gobernador de Sonora y señaló que, aunque Durazo se deslindó de él, no estaba claro si había renunciado o había sido separado del cargo.
Hernández advirtió que las consecuencias podrían ir más allá de los contratos, dijo que, si se comprueba que hubo irregularidades en la producción y destino de las boletas electorales, podrían ponerse en entredicho la elección presidencial de 2024, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y la elección judicial.
“Hay un tema, un hoyo negro”, dijo sobre el destino de las boletas que, según su planteamiento, no se sabe dónde quedaron.
Finalmente consideró que la estrategia para sacudirse el escándalo y generar distractores podría terminar siendo “más que un balazo en el pie, un balazo en el pecho”.
Por su parte, María Idalia Gómez explicó que las posibles irregularidades en los contratos podrían tener implicaciones bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si se acredita la participación de tres o más personas que actúen de manera estructurada, reiterada y jerárquica para cometer delitos.
La periodista señaló que las autoridades de Estados Unidos han dado seguimiento a personas en distintos países mediante escuchas telefónicas y revisión de mensajes, y que ciudadanos de México, Colombia y otras naciones de América y Europa estarían identificados como personas de interés por sus posibles relaciones con el crimen organizado.
En ese contexto, consideró que el caso de Taddei podría llamar la atención de Washington si las investigaciones permiten establecer conexiones entre las empresas contratistas, redes de corrupción y estructuras criminales.
También planteó que el interés estadounidense no se limita a perseguir a integrantes del narcotráfico, sino que incluye las relaciones políticas y económicas que permiten operar a esas estructuras.
Gómez añadió que los recientes golpes contra personas vinculadas con grupos políticos y presuntas redes criminales, entre ellos colaboradores relacionados con el grupo del senador Adán Augusto López, podrían formar parte de una ofensiva contra estructuras que se incrustaron en Morena y que han operado desde distintas posiciones de poder.
