Los promoventes advirtieron que esta modificación vulneró el principio constitucional de no regresión y los compromisos internacionales contraídos en el Acuerdo de Escazú.
Redacción AN/ SBH
El Centro para la Diversidad Biológica, Comarino, Greenpeace México y Defensa Ambiental del Noroeste presentaron una demanda de amparo en Mexicali contra las nuevas disposiciones pesqueras en el Alto Golfo de California, las cuales abrieron extensas zonas del hábitat de la vaquita marina al uso de redes de enmalle.
Las organizaciones no gubernamentales acusaron al gobierno mexicano de recortar la superficie protegida en un 86 por ciento sin realizar la consulta pública previa exigida por la ley.
La demanda judicial sostuvo que la reforma del 14 de octubre de 2026 redujo de forma considerable el polígono donde se prohíbe el uso de redes agalleras, lo que afectó a la población restante del cetáceo estimada en apenas diez ejemplares frente a los cerca de seiscientos registrados en 1997.
Los promoventes advirtieron que esta modificación vulneró el principio constitucional de no regresión y los compromisos internacionales contraídos en el Acuerdo de Escazú.
“El gobierno tomó una decisión con consecuencias potencialmente catastróficas para la vaquita sin darle a la ciudadanía una oportunidad real de examinar los límites propuestos y expresar sus observaciones”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. El activista señaló que la autoridad mexicana debió aplicar las restricciones en todo el hábitat marino en lugar de legalizar artes de pesca mortales fuera de la Zona de Tolerancia Cero.
La abogada y activista Ilse Vázquez Maldonado afirmó que la reducción territorial se sumó a más de seis años de omisiones gubernamentales en el cumplimiento de la prohibición de redes agalleras y en la instalación de sistemas de monitoreo en la flota pesquera. La especialista indicó que la combinación de estas omisiones con la pérdida de superficie legal agrava el riesgo de extinción inminente de la especie.
La nueva regulación abrió un corredor de navegación de 350 metros de ancho a través de la Zona de Tolerancia Cero y omitió la colocación de bloques de concreto con ganchos recomendada por los científicos al noroeste del polígono. “El CIRVA le indicó al gobierno exactamente dónde se necesitaba protección adicional con urgencia”, declaró Yolanda Alaniz, consultora científica de Comarino, quien agregó que la división del área protegida equivale a la fragmentación directa del hábitat del mamífero.
Las disposiciones normativas aplazaron 12 meses la obligación de instalar dispositivos de monitoreo satelital en las embarcaciones pesqueras y condicionaron dicho equipamiento a la disponibilidad de autorización presupuestal. Las organizaciones ambientalistas enfatizaron que esta prórroga debilita la supervisión contra la pesca ilegal del pez totoaba, cuya vejiga natatoria se trafica hacia mercados asiáticos y causa la muerte accidental de vaquitas atrapadas en las redes.
“Las comunidades pesqueras necesitan medios de vida sostenibles a largo plazo y métodos de pesca seguros para las vaquitas”, sostuvo Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México, al demandar que el Estado resuelva la deuda social sin sacrificar la biodiversidad. La representante concluyó que el juzgado federal tiene la posibilidad de suspender provisionalmente la medida regulatoria antes de que aumente la exposición del hábitat a redes mortales.
Argumentos a favor de las nuevas medidas
Lorenzo Rojas Bracho, presidente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, explicó que el ajuste de los polígonos de protección busca concentrar los esfuerzos de vigilancia y conservación en las zonas donde se tienen registros de vaquitas.
El especialista señaló que describir el acuerdo del 14 de octubre como la eliminación de 86 por ciento de la protección de la especie “confunde la superficie regulada con la protección efectiva de los animales”.
Rojas Bracho explicó que el ajuste se realizó con base en datos de monitorización acústica y visual, además de considerar las limitaciones de vigilancia y los incumplimientos en las zonas reguladas.
El presidente del CIRVA indicó que reducir el polígono no resuelve por sí solo todo el problema de la vaquita, por lo que es necesario mantener la monitorización y ajustar las medidas cuando se detecten ejemplares en otras zonas.
También señaló que se requiere vigilancia efectiva, seguimiento de las embarcaciones mediante GPS y el desarrollo de alternativas pesqueras que sean seguras para la vaquita y económicamente viables para los pescadores y sus familias.
Rojas Bracho sostuvo que una superficie menor con protección real puede ser más útil que mantener restricciones sobre una superficie extensa que no pueda vigilarse adecuadamente.
