Un documento oficial ampara por primera vez la labor de las madres buscadoras, pero no cambia la realidad: más de 130 mil personas desaparecidas y el escrutinio de la ONU al Estado mexicano por esta crisis
REPORTE INDIGO
En medio de una crisis de desapariciones que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha puesto bajo el artículo 34 —al considerar que existen indicios bien fundados de que la práctica podría ser generalizada o sistemática en México—, el Estado mexicano emitió el primer reconocimiento oficial a familiares de personas desaparecidas.
El 7 de octubre, Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, y su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores, recibieron la certificación en búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas (Estándar de Competencia EC1542), otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato.
Ceci Flores, en entrevista para Reporte Índigo, describió la acreditación como una “carta de amparo” frente a las intimidaciones y amenazas legales de autoridades, que anteriormente las acusaban de exhumación clandestina y manipulación de evidencias.
“Siempre nos decían que exhumar cuerpos clandestinamente son 30 años de cárcel, amonestaciones y no sé qué tantas cosas. Entonces, el certificarnos como madre buscadora significa que tenemos un documento que ampara nuestra labor”, señaló la buscadora.
Para la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, el siguiente paso es que más madres que participan en labores de búsqueda puedan certificarse y así amparar su conocimiento: “muchas madres ya no buscan, ni trabajan en la búsqueda porque hemos tenido medidas por parte de autoridad”, enfatizó.
Amnistía Internacional considera que este reconocimiento formal es lo mínimo que el Estado mexicano puede otorgar, pues los colectivos de búsqueda han continuado costeando las búsquedas con sus propios recursos económicos y enfrentando severos impactos a su integridad, salud y seguridad.
“El que el Estado hoy de alguna forma les otorgue estos reconocimientos en papel es lo menos que pueden hacer.
“Pero la obligación del Estado tendría que ir más allá y garantizarles no solamente un reconocimiento formal, sino también garantizarles su vida, su integridad, la seguridad”, señaló para este medio Norma González Benítez, Jefa de Investigación de Amnistía Internacional.
México intercambia posturas con la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en abril de 2025 el artículo 34 de la Convención, que se aplica cuando hay motivos fundados para pensar que las desapariciones en un país se cometen de manera generalizada o sistemática. Tras un análisis, el Comité concluyó que México cumplía con ciertas características para considerarlo dentro de este marco, lo que llevó el tema a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El Gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité respecto a la práctica de desaparición forzada por parte del Estado, aunque manifestó disposición para atender y combatir la desaparición de personas.
El Estado mexicano afirmó que en el país no existe una práctica de desaparición forzada sistemática y generalizada constitutiva de crimen de lesa humanidad.
El pasado 20 de octubre del presente año, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que las desapariciones forzadas cambiaron, pues anteriormente se ordenaban desde las altas esferas del poder político y hoy las cometen principalmente grupos delictivos y, en algunos casos, autoridades municipales.
¿Hay desaparición sistemática en México?
“En la postura sigue habiendo una narrativa de negar que en México sigan ocurriendo estas desapariciones como había ocurrido en el pasado. Se reconoce que hay desapariciones, sin embargo, se atribuyen al crimen organizado y esto de alguna forma desdibuja el problema como tal. Algo que hemos puesto sobre la mesa desde hace ya algunos años es que no importa quién cometió la desaparición (…) no puede ser ese el justificante para negar un problema”, señaló Norma González.
Añadió que la intervención de la ONU responde a una profunda crisis en México, caracterizada por más de 130 mil personas desaparecidas, y más de 72 mil cuerpos sin identificar y un nivel de impunidad del 95.5 por ciento en la investigación de delitos.
La falta de acciones concretas de las autoridades, las familias de las víctimas han tenido que asumir por su cuenta y con sus propios recursos las peligrosas labores de búsqueda en campo. La especialista señala que para hablar en materia de desaparición, también se tiene que englobar la prevención para atender el problema y actuar en torno a las familias afectadas.
En el informe Desaparecer Otra Vez, Amnistía Internacional documentó que más del 90 por ciento de las madres buscadoras declaró haber tenido malestares psicológicos como depresión e insomnio. Además de sufrir alejamiento de sus círculos cercanos debido a los riesgos a los que se exponen en su labor de búsqueda.
Mientras tanto, la certificación de Ceci Flores y su hija formaliza saberes construidos en el terreno, pero no sustituye las obligaciones estatales de búsqueda, investigación y protección de quienes, ante la inacción institucional, han asumido esa tarea.
“Lamentablemente es algo que no deberíamos de hacer nosotros y que lo hacemos por necesidad y por amor a nuestra desaparecidos”, concluyó la madre buscadora.
