Adelantó que los equipos legales del instituto trabajan a marchas forzadas con la meta de ingresar la denuncia formal ante la FGR a más tardar el miércoles.
Redacción AN/ SBH
Las diez consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron poner a trabajar a sus equipos jurídicos para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable, ante la posibilidad de que, además de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, otros exempleados o funcionarios en funciones hayan incurrido en conductas delictivas.
El acuerdo formal será llevado al pleno del Consejo General el próximo jueves, según dio a conocer la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, en un encuentro con medios de comunicación el martes 3 de noviembre.
De acuerdo con lo expresado por la consejera presidenta interina, la vista a la FGR busca que la autoridad competente deslinde responsabilidades legales respecto a cualquier colaborador que esté involucrado en presuntas irregularidades, abarcando a toda la cadena de mando.
Según dijo a reporteros, la denuncia no se focalizará en una sola persona ni incluirá un listado preliminar con nombres específicos, con el fin de no limitar la actuación de la fiscalía y permitir que investigue a cualquier servidor público señalado.
El proceso legal abarcará desde la exconsejera presidenta y quienes hayan ocupado la Secretaría Ejecutiva, hasta titulares de direcciones ejecutivas, subdirecciones o cualquier nivel operativo donde se configure una conducta tipificada como delito.
Adelantó que los equipos legales del instituto trabajan a marchas forzadas con la meta de ingresar la denuncia formal ante la FGR a más tardar el miércoles.
Blanca Cruz aclaró que, aunque el Consejo General no tiene facultades para tipificar delitos penales, la institución debe actuar ante las versiones, trascendidos e indicios sobre anomalías administrativas y de contratación expuestas recientemente. Asimismo, recordó que de manera paralela existen investigaciones abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del propio Órgano Interno de Control (OIC) del INE.
Este acuerdo jurídico se suma al proceso de revisión interna y a la reestructuración colegiada de la Junta General Ejecutiva que iniciaron los consejeros electorales tras la renuncia de Guadalupe Taddei ante la Cámara de Diputados.
