Santiago García C.
29 Octubre, 2026.
Hermosillo, Sonora.- El Colectivo Cuenca Río Sonora, informó que el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó dejar inmediatamente sin efecto las resoluciones de febrero de 2026, mediante las cuales la SEMARNAT y PROFEPA pretendían dar por concluidos, de forma unilateral y arbitraria los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas de las zonas afectadas.
A través de un comunicado, señala que se declaró fundada la denuncia de repetición de violaciones a derechos humanos presentada por los Comités de Cuenca Río Sonora, por lo que resolvió “de manera contundente que las autoridades ambientales del Gobierno Federal están incurriendo de forma idéntica en los mismos vicios de inconstitucionalidad por los que la población fue amparada originalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La falta de transparencia y la exclusión de las comunidades en los mecanismos de reparación integral”, señala el documento.
Agrega que el órgano jurisdiccional determinó que las autoridades no valoraron efectivamente las manifestaciones ni las pruebas técnicas aportadas por las víctimas, reduciendo la intervención comunitaria a un acto meramente formal.
Dicha resolución “respalda de manera contundente las denuncias históricas de los habitantes del Río Sonora, al confirmar legalmente que las dependencias ambientales están cometiendo exactamente el mismo abuso del pasado”.
El fallo confirma que el estado mexicano ha sustituido la reparación efectiva de los daños por un simulacro burocrático, mientras en la cuenca persisten la contaminación hídrica, la exposición crónica a metales pesados y el riesgo sanitario para la población
Asimismo, los Comités de Cuenca Río Sonora, manifiestan que el Gobierno Federal mantiene bajo estricto secreto el nuevo convenio económico celebrado con Grupo México, que ya está siendo revisada ante los tribunales de amparo por violar nuevamente los derechos a la información y participación efectiva.
El 23 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron un “Plan de justicia” derivado de un acuerdo financiero con la empresa responsable del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Sin embargo, mientras en las conferencias matutinas presidenciales se presumió como un logro histórico, se reportaron los primeros pagos por 500 millones de pesos y se prometió transparentarlo, en la vía legal el Estado opera en la clandestinidad.
“Ante las solicitudes de información pública formuladas por las comunidades para conocer su contenido, la secretaría de gobernación y la plataforma transparencia para el pueblo respondieron declarando la inexistencia administrativa del documento. Ocultar este nuevo acuerdo que involucra la disposición de más de 2, 223 millones de pesos reproduce la misma inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró a favor de las comunidades en el Amparo en Revisión 640/2019, cuando sentenció que no se pueden tomar decisiones de remediación a puerta cerrada con el gigante minero y a espaldas de las víctimas”.
“Ante este nuevo freno judicial a las autoridades ambientales, los Comités de Cuenca Sonora exigimos:
Uno. “La entrega inmediata y pública del texto íntegro del convenio celebrado entre el gobierno federal y grupo México, incluyendo todos sus anexos técnicos y financieros, eliminando cualquier cláusula de confidencialidad”.
“Dos. “El acatamiento inmediato e integral del fallo del Juez Cuarto de Distrito y el pleno respeto al fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando la participación directa, activa y vinculante de los comités de cuenca río sonora en cualquier plan de remediación y destino de los fondos”.
Tres. “El cese inmediato a la política de opacidad institucional que revíctimiza a nuestras comunidades y perpetúa la impunidad de la empresa responsable”, finaliza el comunicado de los CCRS.
