La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que inició una investigación contra el INE, señaló que cuenta con elementos sobre posibles anomalías en contrataciones.
Cuatro empresas proveedoras de material electoral que figuran entre las investigadas por autoridades federales, tras señalamientos de presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), acumulan registros de contrataciones por un monto de al menos 482 millones 49 mil 946 pesos en nueve estados y la Ciudad de México, de acuerdo con documentos oficiales de organismos electorales analizados por MILENIO.
¿En qué estados figuran contrataciones?
La cifra corresponde a registros localizados de Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, y Diseño, Reconstrucción y Comunicación.
De acuerdo con la documentación revisada, Cajas Graf concentra 334 millones 842 mil 203 pesos, con registros correspondientes a Jalisco, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz.
Entre los documentos examinados figuran un contrato de Jalisco para el proceso electoral de 2021, por 62 millones 887 mil 782 pesos, y un fallo de Coahuila, correspondiente a 2024, por 12 millones 394 mil 808 pesos.
En el caso de Corporativo Zeg, la suma asciende a 107 millones 699 mil 922 pesos, correspondientes a registros de Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Nayarit. Entre los documentos identificados se encuentran un contrato de Campeche, correspondiente a 2024, por 37 millones 867 mil 538 pesos, y otro de Nayarit, por siete millones 998 mil 221 pesos.
Por su parte, Formas Finas y Materiales acumula 33 millones 834 mil 353 pesos en registros de Oaxaca y Sinaloa. En esta última entidad se localizó una factura por un millón 398 mil 124 pesos, mientras que el resto corresponde a un monto consignado en documentación electoral de Oaxaca, cuyo cotejo contractual permanece pendiente dentro de esta revisión.
A su vez, Diseño, Reconstrucción y Comunicación registra cinco millones 673 mil 467 pesos por una adjudicación realizada en Campeche en 2009.
La suma de estos registros asciende a 482 millones 49 mil 946 pesos. Sin embargo, esta cantidad no representa el universo completo de contrataciones de las empresas citadas ni incluye todos los antecedentes localizados en los organismos electorales.
Hidalgo figura entre las entidades en las que se identificó la contratación de una de estas proveedoras. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo adjudicó a Cajas Graf la partida correspondiente al material electoral para los comicios locales de 2022, según consta en su informe financiero y de actividades del proceso electoral 2021-2022.
El importe de esa adjudicación no se incorporó a los 482 millones de pesos, debido a que su cotejo permanece pendiente dentro de esta revisión documental.
También existen antecedentes de contratación o participación de estas empresas en Quintana Roo, Durango, Aguascalientes y Sonora, cuyos montos no están integrados en la suma.
En estos casos, la existencia de procedimientos, adjudicaciones o registros relacionados con los proveedores no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para incorporar cantidades al total sin verificar previamente los documentos y los importes correspondientes.
La revisión distingue entre contratos o fallos localizados, montos consignados en informes oficiales que todavía requieren cotejo con los instrumentos contractuales y cantidades respaldadas por facturas.
Esta diferenciación busca evitar que presupuestos generales, propuestas económicas o montos correspondientes a procedimientos distintos sean contabilizados como pagos confirmados.
En Hidalgo, por ejemplo, el informe del Instituto Estatal Electoral confirma que Cajas Graf obtuvo la partida de material electoral para el proceso de 2022, pero el importe de esa adjudicación no forma parte de la suma publicada en esta revisión.
El mismo criterio de precaución se aplica a los demás casos en los que existen antecedentes de contratación, pero aún no se ha confirmado la cantidad correspondiente a cada procedimiento.
ASF investiga posible uso indebido de recursos públicos en el INE
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta este lunes presidido por Guadalupe Taddei, ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Mediante un comunicado, el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados informó que la indagatoria no se limita al instituto electoral, sino que también comprende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a personas servidoras públicas, empresas y proveedores relacionados con las operaciones sujetas a revisión.
La ASF señaló que cuenta con elementos e indicios sobre posibles anomalías en diversas contrataciones, así como de situaciones que podrían involucrar conflictos de interés y acuerdos entre participantes, además de movimientos de recursos cuya procedencia y destino serán materia de investigación.
“Se ha dado inicio a una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos. La investigación abarca al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados”, indicó el organismo fiscalizador.
La Auditoría precisó que la investigación se desarrollará con fundamento en las facultades que recientemente le fueron otorgadas en materia de investigación y aseguró que el procedimiento se conducirá con independencia, objetividad y rigor técnico.
“En virtud de lo anterior, derivado de las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes, este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico. ¡Un México sin corrupción es posible!”, señaló en su comunicado.
La indagatoria coloca bajo revisión las contrataciones y operaciones financieras relacionadas con el INE y otros actores del sistema electoral, a partir de los indicios identificados por la ASF.
La Auditoría deberá determinar, mediante los procedimientos correspondientes, el alcance de los hechos investigados y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
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