La renuncia de Guadalupe Taddei al INE deja al grupo de Adán Augusto López sin una aliada estratégica. Taddei ubicó a personas del Grupo Tabasco en áreas clave mediante facultades otorgadas en reserva. Voces críticas exigen revisar y remover esos nombramientos.
Mathieu Tourliere
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), producto de los señalamientos de la prensa sobre su relación con uno de los principales proveedores del organismo autónomo, el grupo del senador Adán Augusto López Hernández está perdiendo a una aliada estratégica en el sistema electoral, quien ha colocado a personas vinculadas con el llamado Grupo Tabasco en algunos de los cargos clave del INE, de la mano del consejero tabasqueño Jorge Montaño Ventura.
Después de que el Senado de la República –entonces dirigido por Adán Augusto López Hernández– le otorgara, de manera subrepticia, facultades nuevas para realizar los nombramientos de los más altos funcionarios del INE sin pasar por el Consejo General, Taddei ha colocado a personas incondicionales en las direcciones generales y al frente de las unidades del organismo autónomo.
Entre ellos destacan el abogado tabasqueño Mario Alberto Alejo García, cuyo nombramiento realizado por Taddei al frente de la muy estratégica Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) causó polémica, pues no reunía los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Antes de trabajar como asesor de Montaño, Alejo había desempeñado varios cargos en el Congreso de Tabasco mientras la entidad era gobernada por Adán Augusto López Hernández.
En la UTF, Alejo García se llevó a otro asesor de Montaño Ventura, José Luis Hernández Villarruel, como director de análisis de riesgo, así como a la tabasqueña María del Carmen Cruz Tolentino, otrora funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y del tribunal electoral en la misma entidad.
Durante los tiempos de Adán Augusto López Hernández en el gobierno tabasqueño, 21 de los 35 escaños del Congreso eran ocupados por diputados de Morena, incluyendo el del distrito 12 de la capital, ocupado por la diputada morenista Nelly del Carmen Vargas Pérez, quien anteriormente había sido diputada federal por Movimiento Ciudadano.
Esa exlegisladora se encuentra actualmente en la nómina del INE, adscrita a la Dirección General de Administración, con un sueldo de 93 mil pesos brutos al mes, donde se encuentra bajo las órdenes de la potosina Liliana Díaz de León Zapata, recientemente nombrada por Taddei al frente de la estructura burocrática del INE.
Guadalupe Taddei es vinculada con el gobierno de Alfonso Durazo Montaño –quien es al mismo tiempo presidente del Consejo Nacional de Morena– en Sonora, estado en el que sus tres hijos, así como media docena de familiares, tienen cargos públicos.
Uno de sus colaboradores más cercanos en el INE, Christian Arteaga Ríos, había trabajado para Álvaro Bracamonte Sierra, el tío político de Taddei, en la Secretaría de Gobierno de Sonora bajo el mandato de Durazo, y otra es Karla Beatriz Ornelas Monroy, quien fue nombrada por Durazo titular provisional del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en 2022.
Sin embargo, la ahora expresidenta del INE también tuvo consideraciones para el Grupo Tabasco, representado en el Consejo General por Jorge Montaño, otrora consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), del que fue desaforado en 2015 por la compra presuntamente fraudulenta de un edificio en pésimas condiciones que nunca se ocupó, en una operación que transitó entonces por la Notaría 27 de Villahermosa, cuyo titular era Adán Augusto López Hernández.
Así, Taddei colocó como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos a Anahí Silva Tosca, quien fuera subconsejera jurídica de López Hernández en el gobierno de Tabasco, y permaneció en el cargo cuando el político tabasqueño pidió licencia para asumir la Secretaría de Gobernación (Segob).
Voces críticas de la gestión de Taddei al frente del INE han exigido una revisión, y una posible remoción, de los nombramientos realizados por la expresidenta en las áreas estratégicas del organismo, como producto de las nuevas facultades que le otorgó una reserva agregada de manera subrepticia por Morena en la reforma judicial de 2024.
