Hermosillo, Sonora, 23 de octubre de 2026. La Barra Sonorense de Abogados, A.C. (Colegio) advirtió que el debilitamiento de la carrera judicial, la elección de personas juzgadoras mediante voto popular, la reducción de contrapesos y las restricciones al juicio de amparo ponen en riesgo la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica.
El organismo indicó que la expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), derivada de su respaldo a la reforma judicial mexicana, constituye un señalamiento de gravedad debido a que el organismo internacional determinó que su actuación incumple las condiciones de independencia y neutralidad política.
La Barra señaló que, aunque la decisión de la UIM afecta únicamente la pertenencia de la CONATRIB a dicha organización, representa un cuestionamiento al compromiso con la defensa de la independencia judicial y el Estado de derecho.
Asimismo, el colegio manifestó que la interlocución con el Ejecutivo y el Legislativo exige defender con firmeza la independencia judicial y señalar las medidas que comprometen la autonomía de quienes imparten justicia, sin utilizar dicho diálogo para justificar decisiones que afecten la libertad de los juzgadores y la protección de derechos.
El colegio recordó que ha sostenido durante 80 años que la carrera judicial, la experiencia, el mérito y la libertad de criterio son condiciones indispensables para impartir justicia, y añadió que la selección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular no garantiza ninguna de ellas.
Ante esta situación, la organización llamó a la CONATRIB a revisar críticamente su postura y asumir una defensa de la independencia judicial.
Igualmente, exigió a los poderes públicos atender los cuestionamientos al diseño e implementación de la reforma judicial y promover las correcciones necesarias para garantizar una justicia profesional, imparcial e independiente.
Finalmente, el Consejo Directivo Estatal convocó a los distintos colegios de abogados, instituciones de enseñanza del Derecho y personas juzgadoras a sostener una posición en defensa de estos principios para evitar que la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos abran paso al autoritarismo.
