Gabriela Félix y Juan Pablo Arenivar indican que es necesario ver los beneficios que realmente se tienen
Gabriel Benítez / El Sol de México
Los diputados locales Gabriela Félix y Juan Pablo Arenivar cuestionaron la entrega en comodato del terreno propiedad del Gobierno de Sonora a la empresa Amigo LNG, que proyecta construir la terminal de licuefacción, almacenamiento y exportación de gas natural licuado en Guaymas, por lo que solicitan transparentar las condiciones del acuerdo y cuáles son los beneficios para la entidad.
En un posicionamiento conjunto, los legisladores señalaron que la información contenida en la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto permitió conocer que la empresa cuenta con un terreno de poco más de nueve hectáreas bajo la figura de comodato, además de una superficie privada de aproximadamente 0.15 hectáreas.
En ese sentido, manifestaron que la situación genera interrogantes sobre las razones por las cuales se habría otorgado gratuitamente un inmueble público a una compañía privada con fines de lucro, cuyo objetivo es desarrollar actividades relacionadas con la licuefacción, almacenamiento y exportación de gas natural licuado.
Sostuvieron que es necesario revisar si el contrato de comodato cumple con las disposiciones de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, al señalar que este tipo de acuerdos está sujeto a condiciones específicas, entre ellas que exista una justificación de interés social o que se encuentre dentro de los supuestos legales correspondientes.
Asimismo, indicaron que la documentación del proyecto se menciona que su operación generará ingresos fiscales para la hacienda pública, ello no responde por sí mismo a la pregunta central sobre las condiciones en las que se autorizó el uso gratuito de un bien inmueble perteneciente al patrimonio estatal.
Otro de los puntos que los legisladores analizaron, es la existencia de un posible acuerdo amplio de entendimiento entre el Gobierno de Sonora y Amigo LNG, cuyos alcances, compromisos y términos, afirmaron, no se han dado a conocer públicamente, situación que desde su perspectiva, limita la transparencia en torno a una obra que ha generado cuestionamientos ambientales, económicos y sociales.
Ante este escenario, los diputados promovieron un exhorto dirigido a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para que informe si efectivamente se suscribió el contrato de comodato, precise la naturaleza del inmueble entregado y explique las causas de interés social que justificaría la operación.
De igual manera, solicitaron la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que verifique las condiciones en las que se habría firmado el contrato y evalúe si se ajusta a la legislación vigente.
También pidieron a la Secretaría de Gobierno aclarar si existe un acuerdo amplio de entendimiento con la empresa y, de ser así, informar sobre sus objetivos, alcances y compromisos.
