LA JORNADA
Ciudad de México. Desde el inicio del procedimiento de evaluación ambiental, el proyecto de gas natural licuado Amigo GNL, en Guaymas, Sonora, ha estado marcado por irregularidades que van desde la falta de información suficiente para conocer los impactos sobre el Golfo de California y deficiencias en la consulta pública, señaló Nuestro Futuro, organización ambiental que presentó juicios de amparo contra éste. Por el momento, una suspensión definitiva vigente impide que la planta de licuefacción inicie obras hasta que se emita una sentencia final.
Para la organización ambiental, el proyecto “no representa una inversión estratégica para la soberanía nacional”. Su objetivo es recibir gas natural proveniente de Estados Unidos, licuarlo en territorio mexicano y exportarlo”.
Subrayó que las recientes declaraciones por parte del Ejecutivo federal, en las cuales respalda el proyecto, no resuelven los cuestionamientos sobre su legalidad ni los riesgos que representa para el Golfo de California, uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.
Advirtió que su operación implicaría un incremento en el tránsito de buques metaneros, ruido submarino, riesgos de colisión con ballenas, introducción de especies invasoras y emisiones de gases de efecto invernadero.
Entre las principales causas de muerte de los cetáceos está la colisión de barcos, que llegan a medir hasta 300 metros de largo, mientras que la ballena más grande alcanza 30 metros, entonces, difícilmente los buques se dan cuenta cuando colisionan. Otros factores que los perjudican son el ruido submarino y el agua de lastre, que puede introducir especies invasoras.
Recordó que cuando el proyecto presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en noviembre de 2025, así como durante la consulta pública realizada en febrero y marzo de 2026, organizaciones, comunidades y activistas, advirtieron que la información era incompleta, anexos faltantes y omisiones relevantes para evaluar integralmente los riesgos ambientales.
Debido a lo anterior, Nuestro Futuro presentó un juicio de amparo en marzo pasado. Posteriormente, el 20 de mayo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en un informe justificado dentro del juicio, anunció bajo protesta de decir verdad, que Amigo GNL no contaba con autorización ambiental y que su evaluación continuaba en proceso.
Esto desencadenó que el juez otorgara la primera suspensión definitiva al proyecto, cuyos efectos abstenían a la autoridad de emitir dicha autorización, en tanto no se resolviera el fondo del juicio. Meses después, dijo, se identificó a través del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) que la empresa argumentó contar con una autorización emitida por la ASEA desde el 13 de abril de 2026.
Ante estas contradicciones, Nuestro Futuro amplió su demanda para incorporar estas irregularidades por parte de la autoridad y, como resultado, el 21 de septiembre un juzgado federal concedió una nueva suspensión definitiva que impide el inicio de obras y cualquier avance material del megaproyecto mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Indicó que la suspensión definitiva vigente establece que, aunque Amigo GNL cuente con una autorización ambiental, no puede iniciar la construcción mientras se resuelve el juicio. Si bien esta resolución no constituye todavía una sentencia sobre la legalidad del proyecto, sí representa una medida cautelar obligatoria que debe ser respetada por las autoridades y la empresa.
Antes de promover su construcción, las autoridades deben esclarecer las contradicciones de su autorización, garantizar el cumplimiento de las suspensiones vigentes y responder a las observaciones ciudadanas y científicas que han cuestionado su viabilidad.
