Rafael Caro Quintero, el capo que obsesiona a la DEA, busca un acuerdo para declararse culpable y mejorar sus condiciones de prisión, en la que podría pasar el resto de sus días
Ernesto Núñez
La agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) no olvida y tampoco perdona. En su portal oficial de internet cuenta con un micrositio denominado “Justicia para Kiki”, dedicado al agente Enrique Camarena, caído en Guadalajara en febrero de 1985. En el mensaje de bienvenida a este memorial, la DEA no duda en señalar como principal culpable del secuestro, tortura y asesinato de su agente más famoso a Rafael Caro Quintero, a quien define como “un capo que sembró violencia, destrucción y muerte”. El Narco de narcos ha vuelto a ser noticia, ahora que negocia un acuerdo que podría llevarlo a declararse culpable de los hechos ocurridos hace 41 años. La historia de este narcotraficante -uno de los fundadores del poderoso Cartel de Guadalajara en los años 80- podría terminar con una escena muy alejada de la aterradora leyenda que acompaña a los capos mexicanos de época: un viejo de 74 años, maltrecho y con la cabeza cubierta de canas, pidiendo perdón por sus pecados ante un jurado en la Corte Federal de Brooklyn.
En las audiencias previas al juicio programado para marzo de 2027, Caro Quintero se ve cada vez más disminuido; sin embargo, su figura -y su futuro- siguen incomodando al Gobierno mexicano, reacio a aceptar que su recaptura en 2022, y su entrega en 2025, fueron producto de las presiones de la Casa Blanca al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum. El sinaloense compareció el 14 de octubre ante la Corte en Nueva York y, en una audiencia de menos de 20 minutos, el fiscal y la defensa hablaron sobre un posible arreglo que evitaría el juicio: Quintero aceptaría su culpabilidad en el asesinato del agente Camarena, a cambio de acabar con su aislamiento y acceder a otras condiciones favorables de reclusión, como han hecho otros capos mexicanos. En esa audiencia, el juez Frederic Block, exhortó a las partes a acelerar la ruta de un arreglo, recordándoles que él ya tiene 92 años de edad. Al juez y a “Don Rafa” se les agota el tiempo.
Liberación y recaptura
Rafael Caro Quintero (Badiraguato, Sinaloa, 1952) fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, la más poderosa organización de narcotráfico que operó en México a principios de los 80, cuando el crimen organizado comenzó a corromper y pactar con políticos mexicanos, mientras el Gobierno de Ronald Reagan arreciaba su “guerra contra las drogas”. El 8 de febrero de 1985, Quintero y otros miembros del Cártel secuestraron al agente encubierto de la DEA Enrique Camarena. Poco antes el cartel había recibido un golpe con la destrucción de un plantío de mil hectáreas de mariguana en el Rancho El Búfalo, en el estado norteño de Chihuahua. Aunque el operativo fue del Ejército mexicano, el cartel consideraba que el hallazgo había sido de Camarena, quien le pasaba la información a las autoridades mexicanas. Ese 8 de febrero a plena luz del día lo levantaron afuera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, lo llevaron a una casa de seguridad para interrogarlo y torturarlo durante días, según algunas versiones le inyectaban xilocaína para reanimarlo y seguirlo flagelando, hasta que perdió la vida. Lo buscaron varios días hasta que su cuerpo fue encontrado en el estado vecino de Michoacán, desatando la ira de Estados Unidos, que presionó al Gobierno de Miguel de la Madrid para atrapar a los responsables.
Caro Quintero fue detenido en abril de 1985, en Costa Rica, pero fue hasta 1989 cuando se le dictó sentencia: 40 años de prisión por secuestro, homicidio, narcotráfico y asociación delictuosa. El presidente era Carlos Salinas de Gortari, obsesionado con firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, por lo que su Gobierno inauguró un penal de alta seguridad en Almoloya -hoy conocido como El Altiplano- trasladando ahí a los presuntos asesinos de Camarena: Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero; además de Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, detenido en 1989.
En agosto de 2013, primer año del expresidente Enrique Peña Nieto, Caro Quintero fue liberado por un tribunal de Jalisco que le otorgó un amparo por un error de procedimiento: el caso de Kiki Camarena lo debió llevar un juez local y no uno federal. El amparo fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres meses después, pero para entonces Quintero ya se había escondido. El 16 de enero de 2015 un tribunal federal volvió a declararlo culpable del asesinato de Camarena y el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su captura.
Desde la clandestinidad, cuando la DEA y las autoridades mexicanas lo acusaban de reconstruir su empresa criminal, Caro Quintero otorgó una entrevista a la periodista Anabel Hernández para la revista Proceso. En ella aseguró que había dejado el narcotráfico desde su detención, en 1985: “el Gobierno sabe que yo no estoy en guerra, que no estoy trabajando; dejé de ser narcotraficante hace 31 años y jamás lo voy a volver a ser. Fue muy cara la factura, ya con lo que he vivido y sigo viviendo fue más que suficiente. Lo mucho o lo poco que me queda de vida lo quiero vivir en paz, si es que me dejan”. En esa entrevista, pidió perdón a la familia de Kiki Camarena, a la DEA y al Gobierno de Estados Unidos, y se presentó a sí mismo como un hombre derrotado tras 29 años de encierro, empobrecido, divorciado y con achaques. “Me quedaban dos ranchos y algún ganado, y los vendí ahora que salí, y de eso vivo”, comentó, vestido con una camisa y gorra, sentado sobre un catre en un cuarto a oscuras, en una zona serrana sin identificar.
Pasaron seis años hasta que fue recapturado. El 15 de julio de 2022, el Gobierno mexicano informó sobre su detención en el municipio de Coix, Sinaloa, en una operación de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había sostenido una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, en el marco de la Cumbre de las Américas, lo que dio pie a versiones que apuntaban a una petición expresa del presidente norteamericano. La detención estuvo marcada por un hecho nunca esclarecido del todo: la caída de un helicóptero de la Armada en el que murieron 14 marinos que habrían participado en la captura -cuya investigación sigue inconclusa-, y por el cruce de versiones entre la DEA, la embajada de Estados Unidos y el Gobierno mexicano. Anne Milgran, jefa de la agencia antidrogas, aseguró que “el increíble equipo de la DEA en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para arrestar a Caro Quintero”. Pero, horas después, el embajador Ken Salazar aclaró que ningún agente de Estados Unidos participó en la operación. López Obrador quiso zanjar el asunto en su conferencia mañanera del 18 de julio, al asegurar que la DEA no tuvo injerencia directa en la operación de la Marina. “No, no, no. Y mucho menos participaron elementos de la DEA. Ya no es como antes. Son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró”, dijo López Obrador, visiblemente incómodo, cuando se le preguntó si había tratado el tema de la captura en su reunión con Biden. En marzo de 2023, López Obrador tuvo que volver al tema, interrogado nuevamente sobre las presiones de la Casa Blanca para detener a Caro Quintero. “Ya no es el tiempo en el que se arrodillaban los presidentes”, respondió tajante.
Entrega y juicio
En enero de 2025, cuando apenas habían pasado tres meses del sexenio de Claudia Sheinbaum, Donald Trump asumió por segunda vez la Presidencia de Estados Unidos, y uno de sus primeros actos de Gobierno fue firmar una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la seguridad interior, la frontera, la migración y el narcotráfico. En uno de esos decretos, Trump designó a seis cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, con lo que aumentó exponencialmente la presión a la Administración Sheinbaum para combatir a las organizaciones criminales.
La respuesta de la presidenta mexicana llegó un mes después, con la entrega a Estados Unidos de 29 delincuentes -presos en distintos penales mexicanos- que eran solicitados por el Departamento de Justicia. En ese primer paquete de reos se encontraba Rafael Caro Quintero, cuya entrega fue celebrada en grande por la DEA. Al día siguiente, sus empleados se manifestaron vestidos de rojo y en la página conmemorativa #JusticiaParaKiki, el entonces administrador de la agencia, Derek S. Maltz, escribió un mensaje que deja ver la importancia que aún se le da al tema: “Este momento es sumamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. También es una victoria para la familia Camarena. Hoy enviamos un mensaje a todos los líderes de cárteles, a todos los narcotraficantes, a todos los criminales que envenenan nuestras comunidades: serán responsabilizados. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos huyan, la justicia los encontrará“. El sitio muestra fotografías de la familia Camarena y la carta escrita tras 40 años exigiendo justicia, en la que afirman: ”durante 14.631 días mantuvimos la esperanza de que este día llegaría”.
Tres meses después, el hijo de Kiki Camarena visitó a Trump en la Casa Blanca, gracias a las gestiones de la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. La funcionaria tomó una foto del encuentro en el despacho oval y la guardó durante cuatro meses. El 17 de septiembre de 2025, Bondi la subió a sus redes sociales con un mensaje que cayó como bomba en el gobierno mexicano: “En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México. Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, es ahora un juez en California, continuando el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”.
Sheinbaum, quien había mantenido distancia de la entrega de reos a Estados Unidos, sobre todo por las dudas sobre la figura jurídica utilizada para ello, que no era propiamente una extradición, tuvo que hablar del caso en su mañanera del 18 de septiembre. “Sí había petición de ellos (de Estados Unidos); pero la decisión se tomó aquí”, aclaró Sheinbaum, sin mencionar a Caro Quintero.
El capo sinaloense debe comparecer en una nueva audiencia el 20 de noviembre con miras a un acuerdo de culpabilidad. El narco de narcos seguramente morirá en una prisión estadunidense, pero no será juzgado, no tendrá un juicio. Al final, después de cuatro décadas esperándolo, buscándolo, solicitando su extradición, el gobierno estadunidense habrá pactado con el narco de narcos.
