Cada año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destina más de 60 millones de pesos del erario al pago de pensiones vitalicias. Hay, al menos, 32 ministras y ministros en retiro (13 de esas pensiones se paga a las viudas) que cobran su haber de retiro mensual por 286 mil pesos, más un mes adicional por aguinaldo. Entre los beneficiarios están Diego Valadés Ríos –quien sólo se desempeñó cuatro meses como ministro–; Eduardo Medina Mora Icaza, quien habría salido de la SCJN por un expediente de presunta corrupción en su contra, que incluía una revisión a su situación financiera no acorde con sus ingresos –y que sólo laboró como ministro 4 años–; así como el caso de José Ramón Cossío, abierto opositor a la actual administración. El tema de una posible cancelación de estos haberes de retiro podría incluirse en la próxima discusión legislativa sobre la reforma judicial
Nancy Flores / Contralinea
En la próxima discusión legislativa, uno de los temas que podría anexarse es el de la cancelación de las pensiones vitalicias millonarias que paga a los ministros y ministras en retiro, con dinero del pueblo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por este concepto, cada año eroga más de 60 millones de pesos para pagarle a 32 beneficiarios, entre los que destacan opositores a la renovación del Poder Judicial de la Federación.
Entre estos, destacan los casos de los exministros Diego Valadés Ríos –quien sólo se desempeñó cuatro meses como ministro, y desde 1994 se mantiene gracias al erario nacional–; también, Eduardo Medina Mora Icaza, quien habría salido de la Suprema Corte para enfrentar un proceso judicial, derivado de un expediente de presunta corrupción, que incluía una revisión exhaustiva a su situación financiera y patrimonial no acorde con sus ingresos; así como el caso de José Ramón Cossío Díaz, abierto opositor a la reforma judicial.
Ni la lista de ministros en retiro a los que cada mes se les paga ni el monto –que podría ir entre 230 mil y 290 mil pesos– es del todo transparente, pues sistemáticamente la Suprema Corte ha respondido a medias esta información. Ello, a pesar de que en algunas resoluciones acerca del Inai, la mayoría de los ministros y ministras ha asegurado que les importa mucho la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.
Lo cierto es que estos pagos con dinero público siguen siendo discrecionales. Por ejemplo, en la respuesta a la solicitud de información pública 330030523001112, de junio de 2023, aseguró que son 11 los beneficiarios:
- Adato Green Victoria
- Castañón León Noé
- Chapital Gutiérrez Sergio Hugo
- Cue Sarquis Irma
- Duarte Cano José de Jesús
- Gil Guillén Clementina
- López Contreras Luis Felipe
- Schmill Ordóñez Ulises Sergio
- Sempe Minvielle Carlos
- Téllez Cruces Agustín
- Valadés Ríos Diego
Pero en la respuesta a la solicitud 330030523000800, de mayo de 2023, la Suprema Corte asegura que son nueve, ninguno de los cuales coincide con la lista anterior:
- Mariano Azuela Güitrón
- Juan Nepomuceno Silva Meza
- Margarita Beatriz Luna Ramos
- Genaro David Góngora Pimentel
- Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia
- José Ramón Cossío Díaz
- Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila
- José Fernando Franco González Salas
- Eduardo T. Medina Mora Icaza
De este documento, llama la atención el dato de Eduardo Medina Mora, quien renunció al cargo de ministro el 8 de octubre de 2019, fecha en que el Senado de la República aprobó su dimisión.
Entre 2000 y 2005, Medina Mora fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano de espionaje ya desaparecido. Fue secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox; con Felipe Calderón, fue procurador general de la República; y Enrique Peña lo propuso para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que empezó el 10 de marzo de 2015.
Y llama la atención que le paguen pensión vitalicia porque él renunció, en medio de un escándalo de presunta corrupción y presunto enriquecimiento ilícito, aunque aún su expediente no se judicializa.
Más beneficiarios de haberes de retiro
La lista de los beneficiarios de las pensiones vitalicias puede ser mucho mayor, pues otras dos respuestas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (a las solicitudes 0330000051521, de abril de 2021, y olio 0330000009016, de junio de 2016) refieren 23 nombres de ministras y ministros en retiro –algunos, adicionales a los anteriores–, de los cuales 13 ya estaban fallecidos, pero se les sigue o seguía pagando a las viudas:
- Agustín Téllez Cruces
- Arturo Serrano Robles
- Carlos de Silva y Nava
- Carlos García Vázquez
- Carlos Sempe Minvielle
- Clementina Gil Guillen
- Diego Valadés Ríos
- Fausta María del Corazón de J Moreno Flores
- Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez
- Irma Cue Sarquis
- J Jesús Duarte Cano
- José Antonio Llanos Duarte
- José M Villagordoa Lozano
- José Martínez Delgado
- Luis Felipe López Contreras
- Luis Fernández Doblado
- Luis Gutiérrez y Vidal
- Martha Chávez Padrón
- Miguel Montes García
- Noé Castañón León
- Sergio Hugo Chapital Gutiérrez
- Ulises Sergio Schmill Ordoñez
- Victoria Adato Green
Pensiones millonarias
Este último documento da cuenta de que, al menos hasta 2021, esas 23 pensiones costaban al erario nacional 63.7 millones de pesos anuales, pues además de los pagos mensuales individuales –por 286 mil 423 pesos–, les pagaban un mes adicional por aguinaldo.
Pero la cifra podría ser mayor, si se tienen en cuenta los nombres de ministras y ministros en retiro que figuran adicionalmente en las otras dos listas. Y tampoco los montos quedan claros, pues en la respuesta a la solicitud de información 0330000007519 –de enero de 2019– se refiere que en el caso de José Ramón Cossío, su haber de retiro en ese mes y en el resto de los meses de ese año, sería “del 100 por ciento del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo”.
Mientras que para el caso de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se informó –en respuesta a la solicitud 03300002156188, de diciembre de 2018– distintos montos pagados de acuerdo con el año en cuestión:
“Año 2015: $294,571.52.
“Año 2016: $277,694.52.
“Año 2017: de enero a noviembre: $278,085.54, diciembre: $226,697.22. Año “2018: $229,560.22.”
Esto es que los pagos continúan en la opacidad, a pesar de que la Ley General de Transparencia obliga a todos los entes públicos, incluida la Suprema Corte, a transparentar los sueldos, prestaciones, haberes de retiro y hasta las pensiones vitalicias, pues se pagan con dinero de la nación.
El caso de Diego Valadés
Uno de los casos de mayor injusticia en estas pensiones es el del jurista Diego Valadés, abierto opositor a la reforma judicial, pues sólo se desempeñó como ministro de la Corte por 4 meses, y lleva 30 años cobrando el haber de retiro.
Al respecto, el 29 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ese personaje fue procurador general de la República en el sexenio de Carlos Salinas, “cuando asesinaron al candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, y fue de los primeros en salir a declarar de que se trataba de un asesino solitario, cuando la fiscalía tiene la información, incluso está solicitando orden de aprehensión, que el Poder Judicial no otorga, no quieren los jueces, porque hay un segundo tirador”.
Recordó que ese lamentable asesinato fue el 23 de marzo de 1994. Y que, posterior a eso, “se complican las cosas, porque fue un crimen tremendo, impactante; desde luego, injusto. Y sale el procurador en mayo de 1994, y lo nombran, así, democráticamente, ¿no?, ministro de la Suprema Corte, en mayo. Viene la elección presidencial, gana Zedillo. Y entrando Zedillo, en diciembre de 1994, da a conocer un decreto para desaparecer la Suprema Corte, y liquida a todos los ministros”.
López Obrador añadió: “este ministro –que acaba de entrar, porque entró en mayo, para diciembre pues son seis, siete meses–, desde entonces, desde hace 30 años –todo esto, para los muchachos, que sepan de qué se trata, por qué es la reforma al Poder Judicial–, desde hace 30 años este ministro cobrando más de 200 mil pesos mensuales libres, como 250 mil pesos mensuales libres, como 70 millones de pesos, más lo que recibe como maestro emérito; si no lo es formalmente, sí por la fama de la UNAM. Por eso lamento lo que ha sucedido también en el periodo neoliberal, cómo destruyeron mi alma mater”.
Por ello, el presidente de la República reiteró que se necesita reformar a ese Poder Judicial, y que dicho cambio legislativo “significa limpiar esa corrupción, que nunca más vuelvan a darse estos abusos”.
