El mandatario sostiene que esos recursos no debieron emplearse y señala que menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos durante la movilización
Soledad Victoria
Luego de las detenciones ocurridas tras la manifestación frente a Casa Jalisco, se dio a conocer que todas las personas involucradas recuperaron su libertad, mientras el gobierno de Jalisco ordena una investigación interna sobre el operativo policial por sus deficiencias y presuntos excesos.
Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, reconoció públicamente los errores cometidos durante el operativo del domingo pasado y solicitó que la investigación sea acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el compromiso de garantizar la reparación del daño.
El mandatario afirmó que revisó personalmente decenas de videos de la movilización y concluyó que el despliegue tuvo graves deficiencias y se salió de control en su momento más crítico. Aunque señaló que algunos manifestantes incurrieron en actos violentos, admitió que la actuación policial también registró excesos.
“Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”, afirmó el mandatario, quien también reconoció: “Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados.
Lemus sostuvo que nunca debió utilizarse agua ni gas contra los asistentes, y reconoció que menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos a situaciones de violencia durante el operativo.
El gobernador aseguró que ya tienen identificados a elementos de la policía estatal que habrían cometido excesos, y pidió que la investigación defina las sanciones según el grado de responsabilidad de cada agente involucrado.
“Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”,dijo el mandatario estatal.
Ante los reclamos ciudadanos, Lemus descartó que el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara implique la privatización del agua potable, la contratación de deuda, un aumento de tarifas o la entrega del servicio a una empresa israelí.
La investigación interna deberá distinguir entre los actos atribuidos a manifestantes violentos y la conducta de los policías señalados, con el compromiso de que los abusos detectados no se repitan.
