“En Jalisco, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses”.
Seis años después del “halconazo” de Enrique Alfaro, quien ordenó a agentes vestidos de civil cometer detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de jóvenes que protestaban en Guadalajara por el asesinato a manos de policías del albañil Giovanni López por no usar cubrebocas, Pablo Lemus, también del partido político Movimiento Ciudadano, reprodujo este domingo 11 de octubre las mismas prácticas de brutalidad policiaca contra ciudadanos que por miles se movilizaron en la misma ciudad con la legítima demanda de recibir en sus hogares agua limpia y no la sustancia negra, fétida y con residuos que desde hace meses se distribuye en los municipios del Área Metropolitana, en una clara violación al derecho constitucional de recibir líquido salubre.
La coartada para justificar la represión de los cuerpos policiacos estatales de Jalisco con detenciones arbitrarias, toletazos, gases lacrimógenos y chorros de agua contra jóvenes, mujeres, adultos mayores y niños que participaron en la movilización es la misma: Alfaro afirmó sin pruebas que las protestas de junio de 2020 se organizaron “desde los sótanos del poder” en la Ciudad de México —lo que inspiró a Enrique Krauze a compararlo con Mariano Otero—, y ahora Lemus afirma que un “grupo de choque” de 400 personas provocó la violencia, una narrativa que, en ambos casos, ha sido retomada por sus medios de propaganda que criminalizan las protestas y culpan directamente al partido Morena.
Hay que recordarlo siempre: manifestarse es un derecho, reprimir es un delito. Pero esta conducta despótica e ilegal es ya un patrón de los gobiernos de Movimiento Ciudadano —que no es movimiento ni ciudadano, sino un partido político conservador— y parece inspirada en Fernando Gutiérrez Barrios, el asesino policía político de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del régimen priista que fue el mentor de Dante Delgado Rannauro, el cacique del PRIAN naranja que, al igual que la dirigencia, guarda silencio sobre el caso.
La fiereza de los cuerpos policiacos y decenas también vestidos de civil contra ciudadanos que se manifestaban en favor del derecho al agua limpia contrasta con la cobardía permanente ante el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como en los numerosos narcobloqueos que siguieron a la captura y muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, el 22 de febrero. Mientras eran asesinados 27 agentes de la Guardia Nacional, los estatales se resguardaron y mantuvieron la misma pasividad ante la crisis de desapariciones que sufre la entidad, que es primer lugar nacional.
Pablo Lemus, expresidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no sólo traicionó su palabra de respetar la manifestación pacífica del domingo, como se comprometió el jueves en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y que reiteró el sábado en un video, sino que reprodujo la práctica de Alfaro de habilitar a agentes vestidos de civil para agredir con palos y piedras a ciudadanos y detenerlos de manera arbitraria, pero además superó a su antecesor al habilitar la Casa Jalisco como cárcel: ahí fueron encerrados y golpeados quienes fueron detenidos de manera arbitraria. El mensaje es ominoso.
Si efectivamente hubo agresores de agentes policiacos en la manifestación del domingo, el mentado “bloque negro”, se supone que los agentes habían sido capacitados para aplicar la fuerza de manera proporcional después de la represión de junio de 2020, cuando el “halconazo” de Alfaro, que quedó impune. Ahora las fuerzas policiacas actuaron peor.
Un caso ilustra la brutalidad: la detención del joven Iván Becerra, quien fue detenido sin motivo cuando se manifestaba frente a la fila de policías antimotines que resguardaba la Casa Jalisco. “¡Ey, quieren atacar! —alertó Iván en medio de periodistas y señaló a un agente—: ¡No vas a atacar a nadie!”. Es lo último que dijo. El agente se abrió paso entre sus compañeros y lo alcanzó para luego someterlo y llevárselo cautivo.
Oficialmente fueron detenidas 39 personas que, por la noche del domingo, fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, parte de las cuales han sido liberadas sólo a condición de firmar un documento para no proceder legalmente contra los represores, lo que es otra ilegalidad del Gobierno de Lemus.
Este nuevo caso de represión en Jalisco evoca no sólo a Alfaro en 2020, sino al exgobernador panista Francisco Ramírez Acuña, actual Senador, quien den 2004 ordenó a policías estatales perseguir, detener, torturar y encarcelar a decenas de manifestantes contra la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizó en Guadalajara.
El antecedente no es fortuito: el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco es, en realidad, la refundación del PAN, cuyos dirigentes, militantes y base social se ha vestido de naranja, como en todo el país, y que actúan con la misma lógica represiva contra los movimientos sociales.
En Jalisco, tal como lo advierten en un pronunciamiento más de 280 profesores del ITESO y de la Universidad de Guadalajara, la crisis del agua forma parte de un conjunto de catástrofes sociales que precariza la vida de las y los jaliscienses, y la posibilidad de un futuro digno, sobre todo para las personas más jóvenes.
“Vivimos en un estado azotado por la desaparición forzada, la especulación inmobiliaria que hace inaccesible la vivienda digna, y en donde los monocultivos arrasan con los territorios. La protesta social es un derecho y no debe criminalizarse, mucho menos cuando lo que se defiende es el acceso al agua potable. Las autoridades tienen la obligación de atender el problema y escuchar a la ciudadanía. La represión jamás es la respuesta en un Estado democrático”.
Tal cual.
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