El Gobierno federal y el de Sonora se enredan en quién y cuándo aprobó el megaproyecto gasero y cuál es responsable de la cesión de territorio federal y estatal para su construcción
EL PAIS
El Golfo de California, una de las joyas ambientales del país, está en una encrucijada. El futuro del Mar de Cortés y su ecosistema depende de un megaproyecto gasero que una serie de empresas de Estados Unidos quiere desarrollar en sus costas. Las tres terminales de licuefacción planeadas se enfrentan a un grupo de organizaciones ambientales que no quieren que el “acuario del mundo” se convierta en un puente estratégico entre el gas natural de Texas y los mercados de Asia. Días después de que EL PAÍS revelara que el Gobierno federal había cedido 36 hectáreas de mar a uno de estos proyectos, Amigo LNG, otra investigación periodística, esta de N+ Focus, contó que en 2022 el Estado de Sonora les había dado otras 54 hectáreas tierra adentro en la costa de Guaymas. Un total de 90 hectáreas para una instalación que arrastra varias controversias sobre sus autorizaciones ambientales por parte de las autoridades mexicanas. Desde entonces, el Gobierno federal y el de Sonora se han enredado en quién y cuándo aprobó esta instalación y cuál de ellas es el responsable de estas cesiones para su construcción.https://d2218566cb95aa10911d132300087a9c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0
Justo el miércoles de esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó el tema durante su conferencia de prensa diaria, y aseguró que no es un proyecto de su Administración, sino que “se le otorga la Manifestación de Impacto Ambiental con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador”. Amigo LNG, junto con Saguaro Energía y Cosalá LNG, buscan convertir el Golfo de California en un nodo de exportación del gas para Asia, y recibirán los hidrocarburos desde la cuenca Pérmica en Texas a través de gasoductos transfronterizos. Esta zona marítima es un ecosistema muy sensible. Alberga hasta el 40% de los mamíferos marinos y un tercio de los cetáceos que existen, y desde la sociedad civil hay una preocupación legítima por las consecuencias ambientales si estas tres plantas se ponen en marcha.
Lo curioso es que los propios datos del proyecto Amigo LNG y el Gobierno de México matizan las palabras de la presidenta Sheinbaum. En el caso de la Manifestación de Impacto Ambiental, todo el trámite se realizó durante su Administración: fue ingresada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en noviembre de 2025, que la aprobó en abril de este año. Esta autorización está suspendida por un juez federal hasta que resuelva un juicio de amparo. La instalación operaría tanto en zona terrestre como en una planta flotante cerca del cinturón de islas. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, la planta emitirá 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
Lo cierto es que Amigo LNG y el resto de las plantas son proyectos que se llevan cociendo más de un lustro. La primera referencia documental a Amigo LNG fue en marzo de 2020, cuando Epcilon LNG, una de sus matrices, comenzó los trámites ante el Departamento de Energía de Estados Unidos para lograr un “Multicontrato de largo término para exportar gas natural”. Según este documento, Amigo LNG estaba en ese momento “negociando los derechos con la autoridad portuaria de Guaymas”. Este tipo de plantas no se pueden situar en la costa oeste de Estados Unidos ya que su regulación ambiental y energética hace casi imposible su construcción.
Del lado mexicano, el primer documento oficial es justo el comodato del Estado de Sonora de septiembre de 2022, ya cuando Alfonso Durazo llevaba un año de gobernador, a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Este documento, en el que le daban un terreno de 54 hectáreas en Guaymas para su operación, fue presumido por Epcilon LNG en Estados Unidos como un “Contrato de arrendamiento de terrenos y uso de suelo” y revelado por N+ Focus esta semana.
Tras la publicación, Durazo intentó patear el balón fuera de su cancha. En su conferencia de prensa semanal, se excusó diciendo que el terreno en realidad es de 144 hectáreas y que en diciembre de 2025 el Gobierno del Estado lo donó a la Secretaría de Marina. Preguntada al respecto, desde la institución dicen que, cuando les cedieron esos terrenos, el Gobierno de Sonora no les informó sobre ese primer convenio firmado con Amigo LNG. El contrato, una vez que la prensa comenzó a preguntar por él, fue reservado durante cinco años por las autoridades estatales.
El proyecto Amigo LNG, como el resto de las plantas para la zona, ha recibido apoyo y facilidades tanto desde el Gobierno federal como el estatal. En febrero de este año, Sheinbaum estuvo con Durazo en una gira de trabajo justo en el puerto de Guaymas. Ahí detallaron que la planta supondrá una inversión de 6.800 millones de dólares, sobre 130.000 millones de pesos. De acuerdo a documentación presentada en Estados Unidos, traerá 280 empleos directos en Guaymas y más de 700 en Estados Unidos. Tanto Sheinbaum como Durazo han anunciado varias veces que la planta ya tiene todos los permisos para comenzar su construcción, y se sigue avanzando en un ramal hasta Guaymas del gasoducto Naco-Hermosillo justo para abastecer al proyecto Amigo LNG.
