HERMOSILLO, Sonora — La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Sonora aprobó las propuestas de tablas y planos de valores unitarios de suelo y construcción de diversos ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2027, así como una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para exigir informes anuales a regidores.
La presidenta de la comisión, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, sometió a votación las iniciativas remitidas por 53 municipios. Las tablas de valores aprobadas determinan el valor catastral de los bienes inmuebles y sirven de base para el cobro del impuesto predial.
En la dictaminación, los municipios de Naco, Navojoa y San Pedro de la Cueva mantuvieron sus valores sin cambios. Aconchi propuso un incremento del 1%, mientras que 13 municipios aplicaron un aumento del 3.94%, en alineación con el rango recomendado por el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson).
Otros municipios plantearon ajustes superiores: Bácum solicitó un 3.95%; Cumpas, Divisaderos, Magdalena de Kino, Ónavas, Santa Cruz y Villa Hidalgo fijaron sus aumentos en 4%; y Bacanora, Banámichi, Nacozari de García, Sahuaripa, San Miguel de Horcasitas y Tubutama establecieron rangos de entre 4.32% y 5%.
Las mayores alzas corresponden a La Colorada (6%), Opodepe (7%) y Ures, que planteó un incremento del 25%. Los ayuntamientos de Cajeme, Huatabampo, San Luis Río Colorado y Ures presentaron propuestas con variaciones diversas.
Representantes de nueve municipios comparecieron ante los legisladores para fundamentar los incrementos solicitados, mientras que el municipio de La Colorada envió su documentación por vía electrónica.
Por su parte, 19 municipios no presentaron propuestas para el próximo periodo, entre ellos Hermosillo, Nogales, Guaymas, Agua Prieta y Puerto Peñasco. Estas demarcaciones mantendrán vigentes los valores unitarios autorizados para el ejercicio fiscal 2026.
En la misma jornada, la comisión aprobó una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, propuesta por el diputado Norberto Barraza Almazán. La modificación establece la obligación de que los regidores de los 72 ayuntamientos de la entidad rincan un informe anual de actividades y gestión ante sus cabildos y lo difundan en canales oficiales.
Los dictámenes aprobados fueron turnados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) para su programación e inclusión en el orden del día del Pleno del Congreso estatal.
