Redacción
Hermosillo, Sonora.- Para visibilizar su caso, el cual considera una vulneración a sus derechos y garantías individuales, Gerardo N, de 68 años de edad, preso en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Hermosillo 1, inició el jueves 1 de octubre una huelga de hambre.
A través de una carta enviada a la redacción de Dossier Político, señala que enfrenta un juicio inequitativo, donde han prevalecido las mentiras de un sistema penal acusatorio corrupto y en el cual ha quedado en una completa indefensión ante el abandono de la defensora de oficio, la Abogada Claudia Rosas, que le fue adjudicada y aceptada ante la imposibilidad económica para contratar un abogado particular que lo representara.
“Mi protesta va en contra del sistema penal acusatorio representada en este caso por la AMIC, el sistema judicial y la defensoría pública, no así para el sistema estatal penitenciario, del cual en todo este tiempo, solo he recibido todo tipo de ayuda, apoyo y asistencia”, manifiesta en la misiva.
Gerardo fue detenido el pasado 8 de julio del presente año por agentes ministeriales y llevado ante la Juez del caso donde presentaron la acusación, la cual señala, está plagada de evidentes fallas, inexactitudes y falsedades, pruebas sin sustento que sin reparo la autoridad juzgadora le dio valor probatorio, así como la seguridad de que no va a encontrar durante el juicio defensa alguna, porque la defensoría pública adjudicada “desapareció desde el primer día de mi reclusión y no he vuelto a saber de ella”.
Qué fue lo que pasó?
En entrevista a su hijo, del mismo nombre, señaló que hace poco más de dos años, una amiga a la que conocen desde hace años él y su padre, le pidió ayuda a su papá para que cuidara a sus dos hijos, dos menores de edad, una niña y un niño.
Ante la amistad existente y la confianza que había entre ambos, su padre accedió a la petición, encargándose del cuidado de los menores en el domicilio de los infantes. Durante un largo tiempo hizo lo propio sin contratiempos y sin queja alguna.
Después de varios meses de haber terminado con esa petición del cuidado de los infantes, de manera sorpresiva, en el mes de julio del presente año, arribaron a la casa de su padre, agentes del Ministerio Público para cumplir con una orden de aprehensión sin darle los motivos de la detención.
“Ya en el juzgado le informaron que tenía una denuncia por supuestos tocamientos que había a la menor que en ese entonces tenía 9 años de edad. La denuncia no contiene pruebas porque no hay evidencias de que lo que se le acusa. Solo el testimonio de la menor que señala haber sido tocada por mi padre. Sin embargo, en el texto utilizado en la redacción de la supuesta declaración de la menor, está plagada de palabras que difícilmente una niña de 9 años supiera el significado de las mismas. Eso implica que se pusieron en la denuncia palabras que deducimos que nunca dijo la menor, sino que se pusieron a petición de una persona adulta, falseando la declaración. Además el niño, a quien también cuidaba negó haber visto a mi papá, a quienes ellos llaman abuelo, realizando esos actos”, abundó Gerardo hijo.
Agrega que en este proceso, que lleva casi tres meses, es raro o sospechoso que la defensora de oficio asignada para conseguir las pruebas de su representado haya desaparecido, sin presentarse a los juzgados ni una sola vez. Solo la vieron el día en que se les adjudicó como defensa de oficio. Se olvidó del caso sin atender los llamados a su celular por parte de los familiares del acusado.
Hace unos días, ante la proximidad de la audiencia condenatoria, programada para el 6 de octubre del presente año, se acudió a los Juzgados con un abogado para solicitar una copia del expediente para hacerse cargo de la defensa, sin embargo les fue negada la petición.
“Hay una clara intención de perjudicar a mi padre”.
Quién hizo la acusación
De acuerdo al hijo del acusado, la denuncia fue presentada por el padre de los menores. La mamá, quien solicitó a Gerardo le cuidara a sus hijos no aparece en la denuncia como parte acusadora y se ha mantenida sin intervenir en el caso.
Actualmente la pareja se encuentra separada teniendo la madre la custodia de los menores.
En este caso, señala que ella sería la esperanza para que se presentara en la audiencia en defensa de su amigo. Sin embargo, a la fecha no han podido platicar con ella para hacer el planteamiento.
Actualmente Gerardo, preso desde hace casi tres meses, tiene graves problemas hepáticos y renales padeciendo agudos dolores por el estrés que paralizan la parte inferior de su cuerpo y que lo mantienen en una silla de ruedas.
“Según la Defensoría Pública del Estado de Sonora su misión es otorgar asesoría, representación, patrocinio y defensa legal de calidad de manera integral, ininterrumpida, profesional, técnica y eficiente y yo no he tenido ninguna de estas prerrogativas. Un abogado profesional, serio y comprometido, tan solo con los errores garrafales que contiene la acusación, no tendría problemas en revertir el proceso, pero vuelvo a insistir, carezco en los hechos de defensa alguna. Prefiero darle fin a esta situación en unos cuantos días defendiendo con dignidad, mi verdad y mi inocencia, que afrontar una condena de seis a ocho años basada en una sucia y perversa acusación creada en la agencia ministerial de investigación criminal (AMIC)”, señaló el imputado.
Texto íntegro de la carta entregada a Dossier Político
1 de Octubre de 2026
Por considerar que mis derechos y garantías han sido vulneradas en un juicio inequitativo, donde han prevalecido las mentiras de un sistema penal acusatorio corrupto y en el cual he quedado en una completa indefensión ante el abandono del que he sido objeto por parte de la defensoría de oficio. He iniciado a partir de hoy un ayuno total de alimentos y líquidos que no suspenderé hasta que las autoridades correspondientes intervengan para dar certidumbre al proceso que se me sigue.
A mis 68 años con serios problemas hepáticos y renales padeciendo agudos dolores por el estrés que paralizan la parte inferior de mi cuerpo y que me han mantenido en silla de ruedas todo este tiempo, aunado a la serie de inconsistencias me han llevado a tomar esta drástica decisión en virtud de que prefiero darle fin a esta situación en unos cuantos días defendiendo con dignidad mi verdad y mi inocencia que afrontar una condena de seis a ocho años basada en una sucia y perversa acusación creada en la agencia ministerial de investigación criminal (AMIC), solo para vincularme al proceso, cuyo juicio oral está programado para el próximo 06 de Octubre y en el cual no habré de participar a fin de no validar las irregularidades que aquí denuncio.
Las evidentes fallas, inexactitudes y falsedades del ministerio público en la acusación adscrita a la AMIC, se dan en el marco de una impunidad total que le garantiza la aceptación de pruebas sin sustento que sin reparo la autoridad juzgadora le da valor probatorio, así como la seguridad de que no va a encontrar durante el juicio defensa alguna, porque la defensoría pública en mi caso, desapareció desde el primer día de mi reclusión y no he vuelto a saber de ella.
Un abogado profesional, serio y comprometido, tan solo con los errores garrafales que contiene la acusación, no tendría problemas en revertir el proceso, pero vuelvo a insistir, carezco en los hechos de defensa alguna.
Según la Defensoría Pública del Estado de Sonora su misión es otorgar asesoría, representación, patrocinio y defensa legal de calidad de manera integral, ininterrumpida, profesional, técnica y eficiente y yo no he tenido ninguna de estas prerrogativas.
Desde mi detención y presentación a la juez el día 8 de Julio de 2026 acepte la representación de la abogada Claudia Rosas por carecer de recursos económicos que me permitieran la contratación de un abogado particular, sin embargo, desde ese primer día , quien supuestamente se haría cargo de mi defensa integral le dejó claro a mi hijo que si no existía evidencia basada en horas de video casero, nada se podía hacer, que mejor se veían el día del juicio y desapareció literalmente, pues mis hijos y amigos que me están apoyando no la han podido encontrar ni contactar en los últimos 3 meses que es el periodo otorgado para la presentación de pruebas ni en las oficinas del centro penitenciario donde no la conocen ni en el número de teléfono que proporcionó pues no contesta, cualquier estrategia de defensa que tenia, quedo en nada.
Para finalizar, hago hincapié en que mi protesta va en contra del sistema penal acusatorio representada en este caso por la AMIC, el sistema judicial y la defensoría pública, no así para el sistema estatal penitenciario, del cual en todo este tiempo, solo he recibido todo tipo de ayuda, apoyo y asistencia.
Gerardo Godoy Fernandez
