Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como ‘halcón’.
Redacción AN/ SBH
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación presentaron cuatro nuevas líneas de investigación científica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permitieron detener al exgobernador de Guerrero y descubrir una red criminal vinculada a servicios funerarios.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán explicaron que la indagatoria reanalizó documentos y registros telefónicos acumulados durante 12 años mediante nuevas tecnologías.
El reanálisis telefónico de las comunicaciones ocurridas en septiembre de 2014 identificó a 17 nuevos objetivos que conectan a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos con policías locales y empresarios funerarios.
Las autoridades señalaron que el propietario de la Funeraria El Ángel utilizó el teléfono celular del estudiante Julio César Mondragón Fontes pocos días después de su desaparición.
Los cateos realizados en la funeraria y en el Servicio Médico Forense de Iguala revelaron la existencia de un horno crematorio clandestino, restos óseos en un colchón y certificados de defunción firmados en blanco.
Los peritajes establecieron que un resto óseo enterrado detrás del forense de Iguala coincidió genéticamente con fragmentos recuperados en 2021 en el municipio de Taxco.
Se informó que la fiscalía detuvo y obtuvo la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada tras las declaraciones de exservidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia sobre el ocultamiento de videos del Palacio de Justicia.
Los análisis telefónicos demostraron que exservidores públicos utilizaron los teléfonos de los estudiantes desaparecidos después de los hechos ocurridos en Iguala. La revisión del uso de los dispositivos reforzó la hipótesis de que un grupo de normalistas ingresó a la barandilla municipal de Iguala antes de su desaparición.
Las autoridades lograron identificar y detener a un testigo que se desempeñó como vigilante a los 14 años para la organización criminal, que presuntamente se desempeñaba como ‘halcón’.
Según el reporte oficial, las acciones judiciales emprendidas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 sumaron 168 personas procesadas, entre ellas 130 que permanecen en prisión preventiva.
Además, se reportó que el Gobierno de México acordó una nueva ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incorporar a expertos independientes en la investigación.
