El Congreso del Estado de Sonora puso sobre la mesa dos propuestas que apuntan al corazón de un gremio históricamente vulnerado: reformar la Constitución local para reconocer al periodismo como una profesión estratégica y modificar el Código Penal para tipificar el amedrentamiento como un delito específico. El primer foro “Periodistas Libres y Protegidos”, impulsado por el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, marca el inicio de una conversación legislativa necesaria, pero que arranca con el desafío de no quedarse en el terreno de las buenas intenciones.
Elevando la profesión a rango constitucional y castigando de forma explícita la intimidación se pretende enviar una señal de respaldo institucional. No obstante, en la práctica periodística, la efectividad de las leyes no se mide por la solemnidad con la que se redactan, sino por la firmeza con la que se ejecutan. Sonora no necesita más párrafos normativos que terminen archivados o instancias sin dientes; requiere garantías reales de procuración de justicia para evitar que cualquier agresión contra la libertad de expresión quede impune.
La inclusión de actores clave en estas mesas —desde la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría Anticorrupción hasta colegios de abogados y reporteros de diversas regiones— es un paso acertado en el método. Sin embargo, la verdadera valía de este proceso legislativo dependerá de la capacidad de los diputados para traducir las inquietudes de las redacciones en herramientas normativas útiles, operativas y libres de sesgos políticos.
Con la cita programada para el próximo foro en San Luis Río Colorado, la legislatura sonorense tiene la oportunidad de demostrar que estas iniciativas responden a un compromiso de fondo con la libertad de prensa y no a una simple agenda coyuntural. Proteger el libre ejercicio de la información no es una concesión al gremio: es una condición elemental para la vida democrática del estado.
