El proyecto Amigo de Gas Natural Licuado en Sonora obtuvo la autorización ambiental pese a amparos por la falta de información e irregularidades en la consulta pública y a los potenciales riesgos para el ecosistema y para la conservación.
Ángel Adrian Huerta García / CAUSA NATURA
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) autorizó el pasado 13 de abril la construcción y operación de la Terminal de Licuefacción y Almacenamiento LNG Amigo en Guaymas, Sonora, a pesar de las recomendaciones de universidades e instancias de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de los amparos en contra del proyecto que pretende transportar gas metano en enormes buques por el Golfo de California rumbo a Asia.
En junio pasado, un juzgado federal le ordenó a la ASEA abstenerse de emitir cualquier autorización de impacto ambiental para el proyecto mientras se resuelve un juicio de amparo promovido por las organizaciones Nuestro Futuro y Artículo 19 debido a la falta de información del proyecto e irregularidades en el proceso de consulta pública. Las organizaciones señalan que la ASEA informó el 20 de mayo ante un juez federal que no habían otorgado ningún permiso.
Sin embargo, la agencia reguladora ya había dado la autorización. Así lo confirma la resolución, oficio ASEA/UGI/DGGPI/0996/2026, firmado por la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales (DGGPI), con fecha del 13 de abril de 2026.
Con este documento se autoriza a Amigo LNG la instalación de infraestructura en Guaymas para recibir, procesar y licuar gas natural. Además de cargar el producto hacia buques metaneros, que atravesarán el Golfo de California, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, con una producción nominal de 5.1 millones de toneladas de GNL al año, equivalente a un procesamiento de alrededor de 700 millones de pies cúbicos de gas diarios.
El polígono autorizado ocupa 41.78 hectáreas entre el Parque Industrial Sánchez Taboada y Bahía Catalina, en el municipio de Guaymas: 9.28 hectáreas de tierra y 32.49 hectáreas de mar.
La autorización establece una vigencia de seis meses para preparar el sitio, dos años 11 meses para construirlo, 40 años para operarlo y seis meses para desmantelarlo cuando llegue el final de su vida útil, con posibilidad de prórroga si la empresa acredita haber cumplido cabalmente los términos y condicionantes.
Lo anterior tras asegurar que “no se presentarán impactos ambientales significativos por la construcción del proyecto”. Aunque la ASEA reconoció que el proyecto implica la “probabilidad de presentarse un evento no deseado en materia de riesgo ambiental”, dice que el regulado señaló que “es poco probable que dichos eventos se presenten”.
Esta autorización permaneció fuera del conocimiento público durante meses. A mediados de septiembre, Amigo LNG prendió las alertas de las organizaciones de la sociedad civil en México cuando se detectó una carta en la que informó al Departamento de Energía de Estados Unidos que la MIA fue aprobada el 13 de abril de este año. Finalmente la autorización se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En una carta enviada al Departamento de Energía de EU, la empresa Epcilon LNG LLC, matriz estadounidense de Amigo LNG, con sede en Texas y controlada por el grupo singapurense LNG Alliance, solicitó una extensión regulatoria al 8 de diciembre de 2029 para iniciar exportaciones de GNL y respaldar la firma de contratos de compraventa a largo plazo, de 15 a 20 años, con comercializadoras globales como OQ Trading, Sahara Energy, Gunvor, Macquarie Energy e IRH Global Trading.
Para ello, afirmó tener todos los permisos aprobados, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ASEA, Secretaría de Energía (SENER) y Comisión Nacional de Energía (CNE) en México.
Esto pese a que en agosto pasado, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, señaló que los proyectos de Gas Natural Licuado ubicados en Sonora, con salida hacia el Golfo de California, permanecían bajo evaluación.
¿Qué dice la autorización de la ASEA?
El expediente, identificado con la clave de proyecto 26SO2025G0143, arrancó el 26 de noviembre de 2025, cuando Amigo LNG presentó ante la ASEA su Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R) y su Estudio de Riesgo. Después de cinco meses, la DGGPI concluyó que el proyecto es “ambientalmente viable” y resolvió, textualmente, “autorizarlo de manera condicionada“.
La ASEA señala que la resolución se limita “única y exclusivamente a los aspectos ambientales” y Amigo LNG deberá tramitar por separado el cambio de uso de suelo en los terrenos forestales que ocupará el proyecto, trámite que, a la fecha de la resolución, seguía pendiente.
Las condiciones que el regulador estableció para la empresa la obligan a cumplir con las medidas de mitigación y compensación que ella misma propuso en su MIA-R, además de 16 bloques de obligaciones adicionales que la DGGPI le sumó. No obstante, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) emitió una opinión sobre las medidas propuestas por la empresa en la MIA-R y las consideró insuficientes y parciales.
Para la ASEA, de acuerdo con el documento, Amigo LNG debe acreditar, 15 días antes de comenzar la preparación del sitio, que la Comisión Estatal del Agua le garantizó el suministro de 50 metros cúbicos diarios de agua potable, 44 para el proceso industrial y seis para consumo humano.
Además, debe presentar y ejecutar un programa de protección de suelos, un programa de restauración ecológica activa y un programa específico de rescate y reubicación de fauna que atienda, en particular, a la Callisaurus draconoides, una lagartija conocida como “cachora arenera”, antes de cualquier desmonte.
También debe reforestar una proporción de al menos tres hectáreas restauradas por cada una afectada, usando especies nativas del sistema ambiental regional como Bursera microphylla, Cercidium praecox, Parkinsonia aculeata o Mammillaria grahamii.
Entre las condiciones está también la prohibición de realizar obras de construcción marina entre diciembre y abril, periodo en el que, según la propia información que la empresa aportó, los mamíferos marinos tienen mayor presencia reproductiva y de crianza en el Golfo de California.
Durante los primeros 18 meses de operación debe presentar un programa de monitoreo de vulnerabilidad al cambio climático que identifique instalaciones expuestas a huracanes, erosión costera o incremento del nivel del mar.
Así como implementar medidas contra especies exóticas invasoras antes de que lleguen las embarcaciones de construcción, dada la cercanía con la Isla San Vicente (554 metros) y la Isla Pájaros (2.85 kilómetros). Y debe monitorear el plancton de forma continua, para demostrar que la productividad primaria de la zona no se modifica por la presencia del proyecto.
Elegir el tipo de iluminación que menos altere la conducta de las aves residentes y migratorias, evitar que los reflectores apunten hacia las islas, y monitorear a las aves para verificar que las luminarias elegidas no tengan efectos adversos, son parte de las condiciones. Además de programas de monitoreo específicos para tortugas marinas, para pinnípedos y delfines, y para elasmobranquios (tiburones y rayas).
Durante toda la vida útil del proyecto, señala la ASEA, es necesario un Estudio de Monitoreo Acústico Pasivo con hidrófonos a bordo de los buques, para detectar y ubicar a los mamíferos marinos a lo largo de la ruta de navegación en el Golfo de California, e integrarse a un Comité de Vigilancia Ambiental con autoridades locales, estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación con experiencia en la zona.
La resolución fija un límite para no más de 60 arribos anuales de buques metaneros, ninguno con capacidad mayor a 266,000 metros cúbicos. Mientras que ante los posibles riesgos, debe presentar un resumen ejecutivo del Estudio de Riesgo ante el municipio de Guaymas, con los radios de afectación potencial, para que el ayuntamiento los incorpore a su regulación de uso de suelo.
Autoriza pese a opiniones técnicas
La ASEA pidió opinión técnica, en diciembre de 2025, a 10 instancias gubernamentales y académicas: la Dirección General de Conservación y Gestión de Mares y Costas (DGCGMC), la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), el IMIPAS, la CONABIO, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, el CICESE, la CONANP, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, el gobierno de Sonora, la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, CONAPESCA y el ayuntamiento de Guaymas.
La Universidad de Colima señaló que el proyecto tenía serias deficiencias metodológicas. “Es muy escueta, no hay profundidad de análisis, no hay demostración de estudios técnicos-científicos, no hay bibliografías que avalen la información” y “hay información de dudosa procedencia”, apuntó. “Para que el proyecto sea viable debe haber una MIA bien estructurada”, agregó.
Pero la ASEA no tomó en cuenta su análisis técnico argumentando que no respondió dentro del plazo. Lo interpretó “como ausencia de objeción”.
La agencia reguladora también afirmó que estaban fuera del plazo las observaciones técnicas del IMIPAS, el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM y la Comisión de Ecología de Sonora.
De las que asegura que “tomó en cuenta”, la más contundente fue la opinión de la Dirección General de Conservación y Gestión de Mares y Costas, unidad administrativa de la Semarnat, que advirtió sobre el riesgo de colisión de los buques con “hábitats críticos y corredores migratorios de especies clave, como la ballena azul, la ballena jorobada, diversas orcas, cachalotes y varias especies de delfines”.
Además, documentó carencias en el análisis de riesgo sísmico de la zona. “La ausencia de un análisis superficial del contexto tectónico-sísmico e hidrometeorológico de una región con vulnerabilidad alta y actividad sísmica comprobada, impide una prevención y mitigación adecuada de los impactos y riesgos ambientales”, señaló.
La Dirección General de Vida Silvestre, también unidad de Semarnat, coincidió en el diagnóstico sobre fauna marina y añadió que el mayor impacto que la Terminal de Licuefacción y Almacenamiento ocasionará al ecosistema se debe a que los buques metaneros navegarán en el interior del Golfo de California, “con un enorme potencial de afectación mortal con mamíferos marinos y tortugas marinas”.
Mientras que CONAPESCA, a través de la Oficina de Representación de la Semarnat en Sonora, opinó que debía tomarse en cuenta a las comunidades indígenas de la región y evaluarse “con respeto necesario a los Derechos Humanos de las comunidades humanas impactadas por los proyectos, incluidos los pueblos indígenas originarios (yaquis)”.
Concluyó que la terminal “va en detrimento de los recursos biológicos” y “se contrapone a los principios de pesca responsable con enfoque ecosistémico que abandera y promueve” la propia Comisión.
La Unidad de gestión industrial de la ASEA desestimó esa conclusión por considerarla “insuficientemente documentada”.
Por su parte, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada apuntó que el proyecto “es controversial y peligroso desde el punto de vista de transición energética y cambio climático”.
A pesar de todo, la ASEA lo aprobó y la decisión permaneció oculta de la opinión pública durante meses.
Incluso en julio pasado, cuando el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) manifestó su preocupación por este y otros proyectos de Gas Natural Licuado en el Golfo de California, México aseguró que esos proyectos seguían suspendido por disputas legales y que, si en el futuro llegaban a avanzar, tendrían que pasar por evaluaciones de impacto ambiental antes de cualquier autorización.
