La propuesta reforma las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Agricultura Orgánica.
Alerta sobre la caída histórica: la superficie de trigo pasó de 250 mil hectáreas en 2024 a solo 59 mil hectáreas estimadas para 2025, y la producción de 1.5 millones a 414 mil toneladas.
Hermosillo, Sonora; 20 de septiembre de 2026.- La legisladora Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) expuso durante la sesión ordinaria de este viernes, que el campo sonorense atraviesa una de sus peores crisis por la sequía prolongada, la falta de agua, el aumento de costos de producción y la caída de precios, lo que se refleja en una drástica reducción de superficie sembrada.
En ese sentido, presentó una propuesta busca que los instrumentos de apoyo existentes puedan orientarse de manera más clara a la adquisición y modernización de maquinaria, infraestructura productiva, tecnificación y modernización de sistemas de riego, uso eficiente del agua y adopción de energías renovables.
Indicó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, recopilados por la Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera, en 2020 se sembraron 434 mil hectáreas de cultivos cíclicos, mientras que para 2025 se estima una superficie de 233 mil hectáreas.
En el caso del trigo, uno de los principales cultivos de Sonora, la superficie sembrada pasó de 250 mil 069 hectáreas en 2024 a 59 mil 163 hectáreas estimadas para 2025. Asimismo, la producción proyectada disminuyó de aproximadamente 1.5 millones de toneladas a 414 mil toneladas.
“Cada hectárea que se deja de sembrar es menos empleo, menos jornales y menos movimiento económico en comunidades enteras del Yaqui, Mayo, Costa de Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. No podemos ver esto como un problema de un solo ciclo; necesitamos instrumentos legales permanentes”, señaló Tapia Fonllem.
La iniciativa propone lo siguiente: capitalización de las y los productores: establecer expresamente que los apoyos existentes puedan destinarse a la adquisición y modernización de maquinaria, construcción y rehabilitación de infraestructura, tecnificación y modernización de sistemas de riego, uso eficiente del agua y adopción de energías renovables.
La concurrencia de recursos: incorporar mecanismos para que los recursos estatales puedan complementarse con aportaciones federales, municipales, de productores, banca de desarrollo y organismos privados, con el propósito de ampliar el alcance de los apoyos al sector.
Reconversión productiva voluntaria: actualizar el marco legal para que, cuando las condiciones de agua, clima o mercado hagan inviable un cultivo, las y los productores puedan contar con acompañamiento mediante asistencia técnica, capacitación, semillas, equipo y acceso a programas. La decisión sobre qué producir permanecerá en manos del productor.
La recuperación ante contingencias: incluir de manera expresa apoyos para recuperar la capacidad productiva ante contingencias como sequías, heladas, inundaciones, plagas y enfermedades.
Finalmente, un diagnóstico integral del campo: considerar aspectos como la disponibilidad de agua, costos de producción, comportamiento de los mercados y necesidades de tecnificación, con el propósito de orientar de mejor manera los programas y apoyos.
La diputada Tapia Fonllem explicó que, la propuesta establece que estas modificaciones buscan fortalecer los instrumentos que ya contempla la legislación, sin crear nueva burocracia ni implicar, por sí mismas, un gasto adicional automático, con especial atención a las necesidades de los pequeños productores rurales.
“Esta reforma busca que el apoyo no se vaya solamente en un ciclo, sino que permanezca en el campo en forma de maquinaria, riego tecnificado e infraestructura que siga produciendo. Quienes han trabajado la tierra toda su vida merecen condiciones para seguir haciéndolo”, afirmó la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem.
