La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros mantiene en alerta a la Nación indígena por el riesgo para cementerios y sitios ceremoniales
TRIBUNA DE SAN LUIS
La construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo entre Arizona y Sonora avanza en septiembre en medio de la oposición de la Nación Tohono O’odham, que advierte que las obras amenazan cementerios ancestrales, sitios ceremoniales y lugares considerados sagrados por este pueblo indígena.
El proyecto, denominado Tucson 5, contempla aproximadamente 100 kilómetros de infraestructura fronteriza a lo largo del límite sur de la reserva Tohono O’odham. La barrera proyectada es de doble capa de acero y concreto y alcanza aproximadamente 9.1 metros de altura.
El presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon Jose, confirmó recientemente que miembros de la comunidad vigilan diariamente las actividades de contratistas y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), mientras otros realizan ceremonias pacíficas durante la noche.
La preocupación se concentra particularmente en la posibilidad de que el movimiento de tierra alcance sitios donde descansan antepasados de la comunidad y otros espacios utilizados históricamente para ceremonias y peregrinaciones.
“Existe una gran frustración, pero también desilusión por la falta de respeto a nuestra cultura, es como si nuestras creencias y nuestros antepasados no tuvieran ningún valor”, declaró Jose a la agencia EFE.
Las obras también se aproximan a Quitobaquito Springs, un oasis conocido ancestralmente por los O’odham y considerado sitio sagrado. El 2 de septiembre fueron documentadas excavadoras trabajando en Organ Pipe Cactus National Monument, tanto al este como al oeste del manantial.
CBP sostiene que cuenta con facultades legales para ejecutar el proyecto y afirma que la nueva barrera permitirá cerrar un corredor utilizado durante años para tráfico de drogas, contrabando de personas y cruces irregulares. La dependencia señala además que el proyecto fue financiado por el Congreso y autorizado para continuar después de que un tribunal federal rechazara la solicitud de la Nación para detener cautelarmente las obras.
