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Las contradicciones entre las fechas, documentos y declaraciones oficiales relacionadas con la autorización ambiental del proyecto de gas natural licuado de AMIGO GNL, proyectado en Guaymas, Sonora, abren una pregunta que no puede ignorarse: ¿alguien está ocultando, alterando o presentando información inconsistente para hacer avanzar el proyecto pese a los procesos judiciales en curso?
En marzo de 2026, la organización Nuestro Futuro A.C. presentó un juicio de amparo relacionado con el procedimiento de manifestación ambiental de AMIGO GNL, ante la falta de información suficiente para conocer integralmente los riesgos que el proyecto representa para las ballenas y demás formas de vida del Golfo de California. Además, durante el proceso de consulta pública de la manifestación de impacto ambiental se presentaron más de 4,800 observaciones al proyecto.
El 20 de mayo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó ante el juez, bajo protesta de decir verdad, que hasta ese momento no había otorgado ningún permiso ambiental a AMIGO GNL. Una semana después, el 27 de mayo, un juez federal concedió una suspensión definitiva que impide la emisión de aprobaciones ambientales mientras se resuelve el juicio de amparo presentado por Nuestro Futuro A.C.
Sin embargo, a finales de agosto, la coalición ¿Ballenas o Gas? identificó que, como parte de una solicitud presentada ante el Departamento de Energía de Estados Unidos para ampliar los plazos de exportación de gas, AMIGO GNL afirmó contar con una autorización ambiental emitida por la ASEA el 13 de abril de 2026.
La secuencia deja preguntas fundamentales sin respuesta: ¿existe realmente una autorización desde el 13 de abril? ¿Por qué, entonces, la ASEA informó al juez el 20 de mayo que no había otorgado ningún permiso? ¿Por qué esa autorización no aparece dentro del proceso judicial? ¿Cuándo fue emitido realmente el documento? ¿Quién conocía de su existencia? ¿La fecha que aparece corresponde al momento real de su emisión?
Para Nuestro Futuro, estas contradicciones no pueden reducirse a una diferencia administrativa. Lo que está en juego ya no es solamente si existe o no una autorización ambiental, sino si la información sobre su existencia, fecha y estatus jurídico ha sido ocultada, modificada o presentada de manera contradictoria para sostener el avance del proyecto.
Si la autorización fue efectivamente emitida el 13 de abril, debe determinarse cómo se concilia ese hecho con la declaración posterior de la ASEA ante el juez. Si el documento fue emitido después, corresponde establecer por qué aparece fechado con anterioridad y cuál era su situación frente a las resoluciones judiciales posteriores. En cualquiera de los escenarios existe una contradicción documental que amerita escrutinio y que no puede simplemente darse por resuelta.
Nuestro Futuro considera que no corresponde adelantar una conclusión sobre posibles responsabilidades antes de conocer y contrastar la documentación completa. Sin embargo, las inconsistencias son suficientemente relevantes para plantear la posibilidad de que exista ocultamiento, alteración o manejo irregular de información. Si hubo un error, deberá quedar acreditado documentalmente y esto tendría serias responsabilidades administrativas y hasta penales; si la autorización existía, tendrá que verificarse cuándo y cómo fue emitida; y si la revisión judicial determina que hubo alguna irregularidad en su fecha, emisión o manejo, deberán establecerse las responsabilidades correspondientes.
La situación resulta especialmente delicada por la magnitud de AMIGO GNL y sus posibles impactos sobre el Golfo de California. El proyecto contempla infraestructura terrestre y marítima frente a Guaymas, Sonora, para recibir gas proveniente de Estados Unidos, licuarlo y exportarlo principalmente hacia mercados asiáticos. De acuerdo con la información disponible, prevé exportar más de 5.1 millones de toneladas de gas licuado para exportación al año, lo que requeriría la entrada de hasta 175 buques metaneros anuales al Golfo de California.
Nuestro Futuro ha advertido que esos impactos no pueden evaluarse únicamente dentro de la terminal. El tránsito permanente de buques de más de 300 metros generará ruido submarino, riesgo de colisiones con cetáceos, desplazamiento de fauna e introducción de especies invasoras mediante aguas de lastre y bioincrustación, además de efectos asociados a dragados, sedimentos, calidad del agua y emisiones de gases de efecto invernadero.
El Golfo de California alberga alrededor de 39% de los mamíferos marinos del mundo y 80% de los presentes en México, además de cinco de las siete especies de tortugas marinas y miles de especies que dependen de sus ecosistemas para alimentarse, reproducirse y desplazarse. Especialistas han señalado que terminales, gasoductos y tráfico marítimo deben analizarse conjuntamente por sus impactos acumulativos, y no como componentes aislados.
Las ballenas y el Golfo de California no pueden quedar atrapados en un procedimiento marcado por documentos, fechas y versiones que se contradicen. Antes de que AMIGO GNL pueda seguir avanzando, debe determinarse qué ocurrió realmente y si existió ocultamiento, alteración o manejo irregular de información para sostener el proyecto frente a los procesos judiciales en curso.
