Redacción
Un juzgado federal con sede en la Ciudad de México emitió una resolución en favor de las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y Defensa Ambiental del Noreste (DAN), mediante la cual reconoció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) cuentan con las facultades legales para instrumentar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
El fallo judicial dejó sin efecto las respuestas que la ASEA y la Presidencia de la República habían emitido con anterioridad ante peticiones ciudadanas para frenar la expansión de infraestructura de gas en el Golfo de California.
La jueza federal determinó que las contestaciones brindadas por las autoridades federales a la solicitud presentada por activistas, académicos y comunidades no cumplieron con los principios de congruencia y exhaustividad. Por ello, ordenó emitir nuevas resoluciones debidamente fundadas y motivadas respecto a la petición de una moratoria y un análisis de impacto ambiental para megaproyectos energéticos en la región, entre ellos Saguaro y Amigo GNL.
En el dictamen, el Poder Judicial de la Federación ratificó que las leyes vigentes otorgan atribuciones a la ASEA para aplicar la EAE sin necesidad de reformas legislativas previas. Asimismo, confirmó que la autoridad reguladora del sector hidrocarburos posee la figura jurídica para suspender o revocar autorizaciones a proyectos de gas natural licuado cuando estos representen riesgos acumulativos o irreversibles.
El pronunciamiento coincide además con la propuesta presentada por el Gobierno de México el 26 de agosto de 2025 para modificar la legislación ambiental nacional e incorporar la EAE como eje de planeación.
Tras la notificación de la sentencia, las dependencias del sector medioambiental deberán emitir una nueva respuesta técnica a los peticionarios, considerando el marco de protección preventiva en las costas y zonas terrestres del Golfo de California.
