Andrés Manuel López Obrador es, sin duda, un personaje de claroscuros. Pero hay algo difícil de regatearle: después de un gobierno signado por los excesos, como el de Enrique Peña Nieto, consiguió instalar en la clase política una exigencia de austeridad que hasta entonces no existía. Lo escribí al comienzo de su sexenio. Parecía abrirse paso un nuevo código de conducta pública: “Quiero ver al siguiente gobernador que se atreva a tomar un helicóptero el fin de semana para ir a jugar golf, como solían hacerlo sin rubor”, apunté entonces. Me equivoqué. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo por la alianza encabezada por Morena, no recurrió a jets privados para jugar golf; pero sí lo hizo, según información publicada hace unos días, para esquiar en Vail y vacacionar en otros destinos.
El asunto no es menor. Importa por varias razones, incluida la más trivial y, acaso por eso mismo, la más reveladora: ¿en qué piensan los políticos de la 4T cuando se permiten excesos tan visibles, tan innecesarios y fáciles de documentar? Bolsas de Prada en Tokio, vacaciones europeas, relojes de cientos de miles de pesos, fiestas tumultuarias, autos de lujo, residencias muy por encima de los ingresos conocidos, vuelos privados y palcos en espectáculos deportivos cuyo costo resulta indefendible para cualquier servidor público.
No se trata sólo de una contradicción frente al discurso de Morena. Es también una ruptura con la disciplina y la sobriedad que han procurado encarnar López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Qué explica un comportamiento tan burdo y vulnerable al escrutinio público? ¿La incapacidad de resistir las gratificaciones del poder? ¿La soberbia de quien se supone a salvo de toda consecuencia?
Lo cierto es que Andy López Beltrán, Fernández Noroña, Adán Augusto López, Pedro Haces, Rocío Nahle y una larga lista de alcaldes y legisladores han aparecido en notas periodísticas asociadas a episodios de esta naturaleza. El costo político ha sido inmediato. En algunos casos se suman otros factores, más graves que la exhibición impúdica de riqueza, como ocurre con Adán Augusto. Pero aun cuando no derive de ello un procedimiento formal ante la autoridad o el partido, el daño suele producirse desde el primer escándalo: los bonos políticos se desploman. El caso de Andy es ilustrativo. Hubo un momento en que se le consideró con la estatura suficiente para fungir, desde la estructura partidista, como contrapeso al liderazgo de Claudia Sheinbaum. Aquello nunca fue una realidad, pero sí una percepción extendida en ciertos círculos de Morena. Basta recordar el morbo alrededor de las figuras que buscaron aparecer en la foto con el hijo del expresidente, a espaldas de la mandataria. Hoy, después de sus viajes y de la exhibición de un nivel de vida incompatible con el relato oficial, está condenado a empezar por ganarse una diputación en Tabasco.
El caso de Mara Lezama resulta especialmente llamativo. Habría evidencia, hasta ahora no desmentida, de decenas de vuelos en jets privados para viajes personales y familiares, incluidos trayectos largos: un gasto millonario que rebasa con mucho los ingresos formales de la funcionaria. Sorprende por dos razones. La primera es que la gobernadora no podía ignorar el precedente: Claudia Sheinbaum destituyó, el sexenio pasado, a la secretaria de Turismo del gobierno capitalino por aceptar un “aventón” a una boda en Guatemala en el avión privado del dueño de un periódico. Aquello ocurrió en tiempo libre y no constituyó necesariamente un delito; fue, sobre todo, un error político. Pero parece una peccata minuta frente a lo atribuido a la gobernadora, quien convirtió esa conducta en una práctica regular. El episodio se agrava porque la empresa que le facilitó los vuelos ha recibido contratos importantes del gobierno local. Si no hubo pago comprobado, podría configurarse un intercambio de favores sancionable; si lo hubo, tendría que explicarse el origen de los recursos.
La segunda razón es estrictamente política. Mara Lezama había sido vista como una revelación, en el mejor sentido del término. Pasó de conducir un exitoso programa de radio a gobernar Cancún y luego Quintana Roo, impulsada por el Niño Verde y el PVEM. Con todo, logró ganarse pronto la confianza de López Obrador y, más tarde, la de Sheinbaum. Lo hizo a pulso: con resultados, trabajo constante y liderazgo local. Incluso se especulaba que, al terminar su mandato, podría ocupar una responsabilidad de primer nivel en la Federación durante la segunda mitad del sexenio. En suma, figuraba entre los cuadros con mayor proyección dentro de la 4T. Aún no está claro cuál será el impacto práctico de este escándalo, pero sí parece una abolladura evidente en su trayectoria. Podrá alegarse que el periodicazo forma parte de la disputa por las precandidaturas al gobierno estatal y que su delfín resulta dañado, pero el punto central permanece: ella puso la materia prima. ¿Era necesario?
La otra factura llega a Palacio Nacional. Pocos pondrían en duda la honestidad personal o la congruencia de Claudia Sheinbaum. Pero el control de daños al que se ve obligada en cada episodio de este tipo se ha convertido en una fuente de desgaste. En más de una ocasión ha optado por minimizar las implicaciones de estos escándalos y subrayar el uso interesado que hace la oposición. El problema es que matizarlos o desestimarlos para proteger a Morena termina trasladando parte del costo a la propia Presidenta. Decir que los vuelos de la gobernadora fueron un asunto personal pagado con recursos propios es una defensa pobre, sobre todo cuando se contrasta con las condenas que ha pronunciado en casos menos graves. Más aún si se recuerda el despido fulminante de su secretaria de Turismo, cuando la austeridad y la probidad pesaron más que las conveniencias políticas. Puede entenderse la escasez de colaboradores confiables y eficaces para sacar adelante el segundo piso de la 4T; lo que resulta mucho más difícil de justificar es el uso de dos varas de medir. Y eso, para la imagen y la legitimidad de la Presidenta, puede ser más costoso que el escándalo mismo.
