El Paquete Económico 2027 llega al Congreso el 8 de septiembre. Para entonces lo esencial ya estará decidido, y lo que Sonora se juega es quién manda sobre su dinero.
El 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda debe entregar al Congreso el Paquete Económico para 2027. Para esa fecha buena parte de las decisiones estará prácticamente encaminada, porque el trabajo técnico de asignación arranca meses antes de que el documento llegue a San Lázaro. De ahí que Sonora deba definir desde ahora qué propone y con qué proyecto de estado llega a esa negociación, en lugar de esperar a conocer las cifras para después opinar sobre ellas.
La discusión de fondo rebasa lo financiero y se vuelve estratégica: qué problemas queremos resolver, qué queremos transformar y qué lugar aspiramos a ocupar en la economía nacional durante los próximos años. Esa definición no admite improvisación ni prórroga, y en los años que trabajé la negociación presupuestal desde la Cámara de Diputados aprendí que quien llega tarde a esa mesa termina negociando sobre lo que otros ya repartieron.
Nos acostumbramos a medir el presupuesto por montos: cuánto aumenta, cuánto disminuye y cuántos millones corresponden a cada estado. Ese hábito produce titulares cómodos y explica muy poco.
Tomemos las dos últimas asignaciones para Sonora. En el presupuesto aprobado para 2025, el gasto federalizado del estado sumó 60,009 millones de pesos, de los cuales 34,777 millones llegaron como participaciones del Ramo 28 y 21,110 millones como aportaciones del Ramo 33. En el proyecto para 2026 el total sube a 62,371 millones, y ahí empieza lo interesante: las participaciones crecen a 37,444 millones, un aumento real de 4.0%, mientras las aportaciones bajan a 20,704 millones, una caída real de 5.2%.
La diferencia entre esos dos ramos es la que importa. Las participaciones son recursos de libre disposición que el estado ejerce con amplio margen. Las aportaciones llegan etiquetadas a educación, salud, infraestructura social y seguridad, y son las que financian la operación cotidiana de los servicios que la gente usa. Cuando la mezcla se mueve de un lado al otro, cambia la naturaleza del presupuesto sin que el total lo delate.
Hay además una explicación concreta detrás de la caída de las aportaciones, y conviene decirla antes de que alguien la use para descalificar el argumento. Una porción mayoritaria corresponde al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que pasa de 1,836 a 860 millones de pesos. La razón es administrativa: Sonora se incorporó en 2022 a la federalización de los servicios de salud a través del IMSS-Bienestar, junto con otras veintidós entidades, y desde entonces la Federación ejecuta directamente ese gasto. El dinero se sigue aplicando en territorio sonorense bajo administración federal.
Ahí está el punto que ninguna tabla de montos registra. Sonora conserva el recurso y cede la decisión sobre él. Un gobierno estatal que antes contrataba, compraba y programaba los servicios de salud de su población pasó a depender de criterios que se definen en la Ciudad de México, y esa pérdida de facultades no aparece en ninguna comparación de cifras. Quien mida el presupuesto solamente por su tamaño se pierde exactamente el cambio más profundo de los últimos años.
El fenómeno rebasa a Sonora. De acuerdo con el análisis de México Evalúa, el gasto federalizado representa 27.8% del gasto federal total en el proyecto para 2026, la proporción más baja de la que se tiene registro, frente a 33.8% en 2015. Medido por habitante, pasó de 23,200 pesos en 2015 a 20,912 pesos, una caída de 9.9% mientras la población creció 9.8%. Los estados del país financian alrededor de 85% de sus presupuestos con recursos federales, de manera que esa contracción se siente directamente en su capacidad de operar.
Conviene además distinguir entre los recursos federalizados que corresponden al estado y a los municipios y el gasto que las dependencias federales ejercen por su cuenta en territorio sonorense. Mezclar ambos conceptos produce cifras llamativas en un boletín e impide saber cuánto dinero queda bajo decisión local. La discusión de 2027 tiene que preguntarse cuánto de ese presupuesto se convierte en inversión, cuánto llega a los municipios, qué resultados produce y cuánto de todo eso lo decide Sonora.
Hay un punto de partida que difícilmente admite discusión: el agua. Sin seguridad hídrica no habrá ciudades competitivas, agricultura sostenible ni capacidad para atraer nuevas industrias. Sonora requiere una estrategia integral que combine nuevas fuentes de abastecimiento con modernización de redes urbanas, reducción de fugas, tecnificación del riego, tratamiento y reúso de aguas residuales, y esa política tiene que pensarse en décadas en lugar de administrarse por emergencias.
El agua forma parte de una visión más amplia de infraestructura y competitividad. Nuestra ubicación geográfica constituye una ventaja extraordinaria, con frontera hacia Estados Unidos, salida al Pacífico y una economía minera, agrícola, ganadera e industrial cada vez más integrada a América del Norte. Aprovecharla exige carreteras modernas y seguras, mejores cruces fronterizos, infraestructura ferroviaria y logística, conectividad digital, vialidades urbanas eficientes y una capacidad portuaria de Guaymas a la altura de esa vocación.
Ahí se conecta el futuro del campo sonorense. La agricultura y la ganadería seguirán siendo fundamentales, con la exigencia de producir con menos agua, mayor tecnología y más valor agregado. Modernizar los sistemas de riego, impulsar la agricultura de precisión, avanzar en reconversión productiva, sostener investigación e innovación y fortalecer la comercialización pertenecen a la misma transformación productiva que la política hídrica, y conviene tratarlos como un solo esfuerzo.
Nuestra condición de estado fronterizo abre una oportunidad que tampoco deberíamos desperdiciar. El T-MEC, la relocalización de cadenas productivas, la inteligencia artificial, los centros de datos y los semiconductores están modificando la economía mundial, y competir por esas inversiones exige preparar con anticipación infraestructura, energía, conectividad, capital humano y proveedores locales capaces de integrarse. La frontera puede convertirse en una plataforma de desarrollo en lugar de seguir operando como simple línea divisoria.
Ese crecimiento tiene que repartirse. Los 72 municipios de Sonora presentan realidades y vocaciones distintas, y la frontera, la sierra, la costa, el centro y el sur requieren proyectos específicos. Agua potable, drenaje, pavimentación, movilidad, conectividad y servicios públicos también son infraestructura para la competitividad, porque el desarrollo empieza en la colonia, en la comunidad y en el municipio donde vive cada sonorense.
Cualquier estrategia de futuro quedaría incompleta sin colocar a los jóvenes en el centro. Cada año egresan miles de estudiantes que necesitan empleos acordes con su preparación, mientras la automatización y la inteligencia artificial modifican las ocupaciones tradicionales. Vincular mejor educación, tecnología, inversión y empleo, y fortalecer la capacitación especializada, la investigación aplicada y la relación entre universidades y empresas, prepara a nuestros jóvenes para los trabajos que están llegando y ayuda a que esos trabajos lleguen a Sonora.
Todo ello descansa sobre una base indispensable de seguridad, salud y educación. Difícilmente puede hablarse en serio de desarrollo cuando una familia no se siente segura, cuando un paciente no encuentra atención ni medicamentos, o cuando una escuela no entrega a sus alumnos las herramientas para competir en la nueva economía. Seguridad, bienestar social y competitividad operan como condiciones de una misma estrategia, y conviene discutirlas juntas en la mesa presupuestal.
Ése debería ser el cambio de enfoque para el Presupuesto 2027: sustituir la presentación de necesidades aisladas por una visión integral de Sonora, donde agua, infraestructura, campo, frontera, municipios, tecnología, empleo, seguridad, salud y educación se refuercen entre sí.
El error consistiría en llegar a septiembre a reaccionar al Paquete Económico y preguntarnos entonces qué le tocó a Sonora, cuando lo esencial ya estará resuelto. La urgencia es clara: Sonora debe construir desde hoy su propia Agenda Presupuestal para 2027, entendida como un paquete serio de proyectos estratégicos, con prioridades definidas, costos estimados, impactos medibles y una ruta de financiamiento entre Federación, estado, municipios e inversión privada.
Esa agenda tiene que incluir un capítulo que casi nunca se escribe: qué facultades queremos recuperar y cuáles estamos dispuestos a compartir. Cada peso que se ejerce desde fuera del estado es una decisión que dejamos de tomar aquí, y ninguna negociación presupuestal seria puede ignorar ese componente.
Agua, infraestructura, campo, frontera y competitividad, municipios y regiones, jóvenes, tecnología y empleo, seguridad, salud y educación conforman una sola decisión de futuro, y esa decisión tiene que construirse con visión, con técnica y con fuerza política. Lo que no se define a tiempo termina perdiéndose en la negociación.
La pregunta interesante ya dejó de ser cuánto le toca a Sonora. La que vale la pena responder es cuánto de lo que le toca vamos a poder decidir nosotros, y esa conversación tiene su momento en las semanas que faltan para el 8 de septiembre. Después, lo único que quedará por hacer es leer las cifras que otros escribieron.
