El periodista sostuvo que Mérida Sánchez entregó información a autoridades estadounidenses y participa en la construcción del caso contra el gobernador con licencia de Sinaloa.
Redacción AN / MDS
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, “ya entregó toda la información que tenía” sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y por ello dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, aunque permanece bajo custodia de los US Marshals, aseguró el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga en Aristegui en Vivo.
Explicó que Mérida Sánchez no está en libertad, pese a que el pasado 11 de agosto salió del penal federal de Brooklyn, donde permanecía desde mayo. El general continúa bajo supervisión del Servicio de Alguaciles de EE.UU. mientras sigue su proceso judicial.
Señaló que en el sistema judicial estadounidense existen casos de personas que permanecen bajo custodia de los US Marshals sin estar recluidas en un centro penitenciario, por lo que pueden encontrarse en un hotel, una casa de seguridad u otro sitio bajo supervisión mientras continúa su proceso.
El periodista detalló que revisó documentos públicos del tribunal estadounidense que permiten reconstruir los primeros momentos del proceso contra el general. Según esos registros, Mérida Sánchez se entregó voluntariamente el 11 de mayo en Tucson, Arizona, después de cruzar desde Nogales, y posteriormente fue presentado ante el juez.
Entre los documentos se encuentran la orden de arresto del 11 de mayo, el acta de la comparecencia inicial del 12 de mayo y los procedimientos para trasladarlo al distrito que había solicitado su aprehensión, el Distrito Sur de Nueva York.
Arteaga destacó que Mérida Sánchez se identificó personalmente ante las autoridades y renunció a una audiencia destinada a establecer su identidad. “Literalmente se entregó solo, sin abogados”, afirmó.
Según Arteaga, el cambio en la situación de Mérida Sánchez puede estar relacionado con la información que habría proporcionado a las autoridades estadounidenses. Señaló que, en este tipo de procesos, una persona puede pasar de prisión a una condición de supervisión cuando ha entregado información que las autoridades consideran útil y que ha sido verificada.
“Cuando ha dado toda la información que puede. Pero además, cuando esa información ha sido verificada, ha sido cruzada, y demuestra que es verídica y que puede llevar para el objetivo final de la causa, que es el juicio contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, explicó.
El periodista afirmó que Mérida Sánchez entregó una memoria USB a los US Marshals en los primeros momentos de su proceso y que ha participado activamente en la construcción del caso contra Rocha Moya. También señaló que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, habría entregado documentos a las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con los documentos judiciales que revisó Arteaga, el 3 de agosto la jueza Catherine Polk solicitó la presencia de la abogada del exfuncionario para discutir asuntos relacionados con el caso. Después de esa reunión, se informó que la audiencia prevista para el día siguiente no se llevaría a cabo. Posteriormente, la audiencia quedó pospuesta indefinidamente y el general dejó de aparecer dentro del sistema penitenciario federal de EE.UU.
Víctor Hugo Arteaga relacionó estos movimientos con las distintas señales provenientes de autoridades estadounidenses y con el avance de las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Recordó las recientes declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, quien dijo que se encontraba en comunicación permanente con Omar García Harfuch y que ambos habían colaborado y coordinado acciones “para lo que ha pasado. Y para lo que vendrá”.
También se refirió a las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre la posibilidad de revocar visas y al reciente mensaje del subsecretario de Estado y exembajador, Christopher Landau, en medio de la controversia por el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.
Para Arteaga, estas declaraciones forman parte de una manera de comunicar mensajes por parte de las autoridades estadounidenses, mientras avanzan las investigaciones.
El periodista consideró relevante la trayectoria de Mérida Sánchez dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, particularmente porque fue director de inteligencia del Ejército. A partir de ello, planteó como hipótesis que el general pudo haber tomado de manera autónoma la decisión de entregarse, pero que también pudo haber informado a sus superiores.
“Estados Unidos no nos ha dicho que el caso contra Rubén Rocha Moya está cerrado. Al contrario, han dicho abiertamente las autoridades de Estados Unidos que están engrosando las pruebas contra el gobernador de Sinaloa”, afirmó.
Los testigos
Como parte de su investigación sobre el caso, Arteaga afirmó haber identificado a tres personas que aparecen en documentación relacionada con la causa contra Rocha Moya y otros nueve acusados por el Departamento de Justicia de EE.UU.
El primero es Carlos Omar Félix Gutiérrez, a quien identificó como uno de los principales operadores de laboratorios clandestinos de metanfetaminas y como un enlace de proveedores de precursores químicos provenientes de China.
El segundo es Silvano Francisco Mariano, señalado por el periodista como operador de laboratorios y enlace para operaciones de lavado de dinero. Según explicó, también aparece relacionado con un individuo identificado como “El Rayo” y con una conexión entre Colombia y el Cártel de Sinaloa.
El tercero es Sergio Duarte Frías, a quien describió como uno de los principales operadores financieros del Cártel de Sinaloa, dentro de la facción de ‘Los Chapitos’. “Y estos tres personajes están en la lista de testigos de las autoridades de Estados Unidos […] Del caso Rocha Moya”, afirmó.
Arteaga explicó que Félix Gutiérrez y Mariano fueron detenidos en Colombia en 2023 y posteriormente enviados a EE.UU. En el caso de Duarte Frías, señaló que fue detenido en Colombia en 2020, trasladado a México en 2022 y enviado a EE.UU. en 2025.
De acuerdo con el periodista, la eventual cooperación de Mérida con las autoridades puede tener consecuencias sobre la pena que enfrente al final del proceso. “Va a desarrollar su proceso y vendrá una reducción de pena significativa que lo veremos porque este juicio continúa. Va a llegar un momento en que haya una sentencia y sabremos en la sentencia cuál es el verdadero resultado de la negociación del general Mérida Sánchez”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el caso de uno de los testigos que tenía una sentencia de 40 años de prisión y posteriormente obtuvo una reducción a 80 meses debido a su participación en el proceso contra Rocha Moya.
El periodista cuestionó la decisión del gobierno mexicano de no detener a Rocha Moya a partir de la solicitud formulada por autoridades estadounidenses. Sostuvo que México está incumpliendo el tratado de extradición con EE.UU. y señaló que, una vez que una persona es detenida con fines de extradición, comienza un plazo para que las autoridades estadounidenses presenten la documentación y las pruebas correspondientes.
Por lo tanto, aún no empieza a correr el plazo de 60 días para que Estados Unidos presente las pruebas que serían valoradas por la Fiscalía General de la República y la Cancillería para determinar si procede la extradición.
Advirtió que las investigaciones estadounidenses continuarán, independientemente de la decisión del gobierno mexicano respecto de Rocha Moya y se refirió a la existencia de una fuerza de tarea conjunta integrada por entre 10 y 12 agencias estadounidenses que trabajan para reunir información relacionada con el caso, con el fin de detener al gobernador con licencia.
En ese sentido, consideró significativo que el presidente estadounidense Donald Trump aún no haya hablado públicamente de Rocha Moya, a diferencia de lo ocurrido con otros gobiernos y funcionarios sobre los que ha expresado posiciones de manera reiterada.
Reiteró el planteamiento realizado en otros momentos, sobre que Estados Unidos podría eventualmente realizar una acción directa contra Rocha Moya, aunque reconoció las consecuencias que ello tendría para México. “Nos guste o no nos guste, puede haber una extracción”, concluyó.
