Como mencioné el lunes pasado, casi una tercera parte del territorio de Sonora está concesionada a negocios mineros; allí hace 10 años la minera Buenavista del Cobre, propiedad de la segunda fortuna del país, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. Afectaron la cuenca hidrográfica del río Sonora, sus afluentes y las aguas subterráneas.
Dañó severamente la salud, la economía y la calidad de vida de unos 22 mil habitantes de ocho municipios –Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural– y, por supuesto, al ambiente regional. La poderosa empresa no ha pagado por esos daños. La cobija la impunidad. Y el colmo: los últimos 30 años más que duplicó la cantidad de agua concesionada por las instancias oficiales.
De todo ello se detalla en el libro El desastre minero en el río Sonora: alcances de los estudios sociales, publicado por El Colegio de Sonora. Reúne los trabajos de 14 investigadores de tan prestigiosa institución. Pueden consultarse gratuitamente en https://acortar.link/JT5i71. Rolando Díaz Caravantes, uno de los coordinadores de la investigación, señala que hubo otro desastre: el institucional, por la limitada e ineficaz atención de las dependencias oficiales. Ninguna hizo lo adecuado ante el peor desastre de la minería en el país.
Por ejemplo, una inequitativa y conflictiva indemnización; casi nula atención a la salud de las numerosas familias afectadas; carencia informativa hacia las poblaciones y un menosprecio a sus justos reclamos; además, las instancias oficiales no cumplieron la promesa de establecer suficientes plantas potabilizadoras cuando las fuentes de abasto locales estaban, y están, contaminadas. Y, por supuesto, ninguna remediación ambiental.
Díaz Caravantes agrega, por ejemplo, ante un derrame de tóxicos de tal magnitud, no se integró un equipo de científicos para monitorear y analizar la evolución de la salud de los pobladores. Con excepción de los primeros estudios en 2014 y otro en 2022, no existe ninguno de tipo epidemiológico. Tampoco se han establecido los canales adecuados para atender eficazmente la salud de los miles de afectados. Y ello pese a que en el estudio de 2022 a mil 504 habitantes se halló que tenían en el cuerpo altas concentraciones de arsénico, cadmio y plomo, un peligro para la salud humana.
Hasta hoy, el Plan de Justicia de Cananea-Río Sonora, anunciado por el presidente López Obrador en noviembre de 2021, no se traduce en la atención oportuna y suficiente a los afectados. Tampoco al ambiente. Parece otra simulación, como lo fue el fideicomiso, para aparentar que se trabaja en resolver el problema. Así, se apuesta al olvido, el desgaste social y a mantener la situación previa al derrame.
Hay otra amenaza que revelan los investigadores: la nueva presa de jales, donde se concentran los desechos de los desechos de los procesos mineros. Entró en funcionamiento sin el estudio de impacto ambiental requerido y casi al mismo tiempo que ocurrió el desastre de 2014. Con imágenes satelitales, los investigadores calcularon que, de 2015 a 2023, llegó a tener una extensión de 700 hectáreas. El año pasado, esa presa de jales era el almacenamiento de agua de desecho más grande de la cuenca del río Sonora. Un peligro evidente.
Ante lo anterior, cabe destacar la respuesta eficaz de los comités ciudadanos de la cuenca del Sonora en busca de justicia económica y socioambiental. Ellos impulsan varios amparos ante un Poder Judicial nada eficaz. Destacan los relacionados con el manejo de residuos peligrosos; la consulta y participación pública sobre la construcción de la nueva presa de jales; y que se aplique la normativa mexicana para medir la calidad del agua.
En resumen: en el sexenio cuyo lema es “primero los pobres”, el gran ganador de la enorme tragedia en Sonora es el Grupo México. Continúa extrayendo minerales como si nada hubiera ocurrido. Lo que pudo ser ejemplo de gestión del desastre y justicia socioambiental es prueba evidente de menosprecios a la población. Una deuda y un problema más que hereda la práxima administración federal.
