Ciudad de México. Luego de que la ministra Lenia Batres Guadarrama acusara este jueves que sus pares aprobaron un anteproyecto de presupuesto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que contraviene la política de austeridad, la institución, encabezada por el ministro Hugo Aguilar, rechazó horas después el señalamiento y defendió que la propuesta es “responsable de los recursos públicos”, sustentada en criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia.
Con ello, el alto tribunal justificó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 6 mil 104.5 millones de pesos para 2027, 12.7% mayor, en términos reales, al aprobado para este año, y la contratación de un seguro de gastos médicos para los trabajadores. La propuesta ya fue remitida al Órgano de Administración Judicial (OAJ).
“Para la Suprema Corte, esta política debe ejercerse con equilibrio, lo que implica revisar, ajustar y contener el gasto, pero también garantizar que la institución cuente con las condiciones necesarias para operar con eficiencia y cumplir con su mandato
constitucional”, señaló en un comunicado.
La institución destacó que en 2025 y 2026 enfrentó “reducciones relevantes” de 12% y 11.2%, respectivamente, por lo que durante 2026 eliminó prestaciones y apoyos, redujo gastos y privilegios para los ministros y mandos superiores, canceló el ajuste salarial y reveló que canceló 83 plazas administrativas.
Para 2027, expuso, solicitaron un incremento real de 12.7%, pues justificó que 8 de cada 10 pesos adicionales se destinarían a sueldos y prestaciones conforme a la ley y las condiciones laborales vigentes; el resto permitirá fortalecer el mantenimiento de instalaciones, prevenir costos futuros y retomar proyectos de innovación, como la renovación del equipo tecnológico de Plural TV.
“Se cumple con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y se garantiza el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte”, afirmó.
Entre las prestaciones para 2027 la Corte reconoció que contratará un Seguro de Gastos Médicos Mayores para todo el personal, con excepción de ministras y ministros, aunque, aclaró, la medida estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y a su eventual aprobación por la Cámara de Diputados.
La prestación del seguro fue aprobada por seis de los nueve integrantes del Pleno. La ministra Lenia Batres la calificó de inconstitucional y solicitó que los 95 integrantes de su ponencia no reciban dicha prestación.
