Ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico o del porcentaje de votos obtenido en las urnas, debe ostentar la facultad de decidir qué medio vive y cuál muere según el tono de sus portadas
Octavio Islas
Ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico o del porcentaje de votos obtenido en las urnas, debe ostentar la facultad de decidir qué medio vive y cuál muere según el tono de sus portadas
En cualquier democracia sana la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, no una dádiva del poder. Parte de esta información fluye mediante la comunicación gubernamental financiada enteramente con recursos públicos. Sin embargo, en México la asignación del presupuesto de publicidad oficial ha sido históricamente –y continúa siendo– una de las herramientas más perversas, eficaces y opacas de control editorial, cooptación mediática y censura indirecta.
Bajo la bandera del “cuidado de las audiencias”, la protección de los sectores vulnerables y el combate a la desinformación, el gobierno pretende articular un marco normativo que, en los hechos, funciona como una ley de censura. Lo que la narrativa oficial vende como una tutela responsable hacia la sociedad es, en realidad, el refinamiento del control gubernamental sobre el debate público.
La combinación de una distribución discrecional del gasto público con un aparato regulador dotado de facultades para sancionar los contenidos crea un entorno asfixiante para el periodismo libre.
Las campañas institucionales tienen un propósito legítimo: difundir mensajes de interés social, como campañas de vacunación, prevención de desastres naturales, ofertas culturales o la explicación de procedimientos para el trámite de servicios públicos. Su fin último es garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
La discrecionalidad como diseño de control
La entrega discrecional de recursos públicos a los medios de comunicación no responde a una falla técnica ni a una simple deficiencia administrativa. Por el contrario, opera como un diseño deliberado de control: permite premiar a quienes acompañan la narrativa oficial y castigar a quienes ejercen una labor crítica.
A principios de la década de 1980, el presidente José López Portillo retiró la publicidad oficial de Proceso y sintetizó esa lógica con una frase memorable: “No pago para que me peguen”.
El referido principio de exclusión –la pauta pública se condiciona al tono editorial de los medios– también opera en tiempos de la 4T.
El reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de no otorgar pauta publicitaria a medios como El Universal, Reforma o TV Azteca por sus críticas al gobierno confirma la persistencia de una práctica incompatible con el pluralismo democrático: usar recursos públicos para premiar adhesiones y castigar disensos.
Tal proceder representa la rotunda negación de los “Lineamientos generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social”, publicados el 4 de enero de 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En la práctica, la asignación de contratos millonarios responde a las razones y caprichos del pragmatismo ideológico, al margen de criterios objetivos de audiencia, alcance o costo-beneficio.
Esta semana, la periodista Delia Estévez informó que la firma Agritrop, Iglesias & Armendáriz, vinculada con Pablo Iglesias –exvicepresidente segundo del gobierno español y fundador de Podemos–, recibió cuatro millones 400 mil pesos en 2025 del gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo. Iglesias es uno de los propagandistas favoritos del gobierno.
Asignación de premios y castigos
La política es clara: utilizar recursos públicos para fortalecer a medios y figuras afines a la línea gubernamental, mientras se debilita financieramente a quienes resultan críticos o incómodos para el poder.
La práctica no sólo es opaca: también es intrínsecamente corruptora. Rompe las reglas del libre mercado, altera la neutralidad competitiva del sector mediático y convierte la supervivencia económica de las empresas de comunicación en una cuestión de voluntad política, no de confianza ciudadana.
Cuando la línea periodística deja de responder al interés público y se somete al mandato gubernamental, el erario se convierte en una caja de presión: sirve para comprar conciencias, sofocar la disidencia y empobrecer el debate democrático.
Los resultados responden a la voluntad de control: se premia la afinidad política por encima de criterios técnicos, se castiga el disenso mediante presión económica y se distorsiona el ecosistema informativo al sustituir la competencia por dependencia gubernamental.
La publicidad oficial no debería premiar simpatías
La selección de los medios que reciben recursos públicos no debería depender de afinidades partidistas o simpatías ideológicas. Excluir a la prensa crítica del reparto de la publicidad oficial equivale a utilizar los impuestos de toda la ciudadanía –incluidos los de quienes leen, respaldan o dependen de medios independientes– para financiar un discurso oficialista único.
La jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y libertad de expresión, respaldada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido categórica: el uso arbitrario de fondos estatales para premiar o castigar a comunicadores constituye una forma de censura indirecta.
La libertad de prensa no se vulnera únicamente cuando se clausura un periódico o se encarcela a un redactor. También se afecta gravemente cuando el Estado utiliza el monopolio del presupuesto público para crear ventajas competitivas artificiales en favor de los medios complacientes.
La retórica del “cuidado de las audiencias”
La historia enseña que los regímenes autocráticos rara vez admiten que censuran. Casi siempre afirman que protegen al pueblo: de la subversión, de las influencias externas o de la desinformación.
Ante el desgaste de las formas tradicionales de coerción, el poder público ha sofisticado su discurso. Ya no habla abiertamente de supervisar periódicos ni de censurar transmisiones; ahora recurre a un lenguaje benevolente y paternalista para presentar medidas restrictivas como si fueran actos de protección.
Bajo la premisa del “cuidado de las audiencias”, la autoridad sostiene que la ciudadanía debe ser blindada frente a supuestos riesgos comunicativos, entre ellos: “Mensajes nocivos”; “noticias falsas”; contenidos que presuntamente vulneran la moral pública; coberturas consideradas contrarias a la cohesión social.
Las preguntas centrales son inevitables: ¿quién define qué es veraz y qué es manipulación?, ¿quién determina cuándo una cobertura informativa beneficia o perjudica a la audiencia?
Si la respuesta recae en instituciones gubernamentales o en entes reguladores sometidos a su control, la regulación deja de ser garantía y se convierte en censura previa, sanción posterior y administración política de la verdad.
Entregar al Estado la facultad de actuar como árbitro moral de la verdad informativa es un paso destructivo para el debate público abierto. Las audiencias no son menores de edad que requieran tutela censora: son ciudadanas y ciudadanos con capacidad de discernimiento crítico, y deben ser respetadas como tales.
Consecuencias
El impacto combinado de la asfixia económica a medios críticos y la imposición de leyes de contenido autoritarias representa un deterioro profundo del tejido democrático en México.
Para desmantelar la tentación autoritaria, México no requiere nuevas leyes que vigilen o castiguen los contenidos periodísticos; requiere, en cambio, una reforma estructural y vinculante sobre el uso del gasto público en comunicación social.
La transparencia en la asignación presupuestal no debe ser una promesa de campaña ni una posición de buena voluntad, sino un mandato legal estricto. Es urgente establecer criterios objetivos, claros y medibles para la distribución de los fondos de comunicación oficial.
Variables como el perfil de la audiencia, la cobertura geográfica, las tarifas de mercado comprobables y el impacto social deben ser los únicos factores que guíen la contratación gubernamental, eliminando de forma tajante cualquier consideración sobre la línea editorial del medio de comunicación.
De igual manera, la supervisión de estos presupuestos debe quedar en manos de organismos verdaderamente autónomos y ciudadanos, libres de las cuotas partidistas y del control directo del Poder Ejecutivo.
Ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico o del porcentaje de votos obtenido en las urnas, debe ostentar la facultad de decidir qué medio vive y cuál muere según el tono de sus portadas.
