Organizaciones y activistas repudian la decisión del gobierno federal de impulsar la fracturación hidráulica para la extracción de gas en tres entidades tras el aval que le dio el comité técnico
Gloria Leticia Díaz
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una treintena de organizaciones encabezadas por Alianza Mexicana contra el Fracking rechazó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar la fracturación hidráulica para la extracción de gas en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas, y recordó su compromiso de campaña de no recurrir al fracking.
Luego de que el Comité Científico, coordinado por la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), encabezada por Rosaura Ruiz Guitérrez, diera luz verde para iniciar el proceso de exploración de extracción de gas shale en el noreste del país, blindando la región de la huasteca potosina, las organizaciones cuestionaron la determinación “en medio de las crisis de salud y ambiental provocadas por la explosión del pozo de gas Krem-1”, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, que estuvo ardiendo durante cinco meses.
Al señalar que con el anuncio, Sheinbaum Pardo falta “a sus propios compromisos”, 31 organizaciones ambientalistas y de defensa del territorio, acusaron a la presidenta de propinar “uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del país, una región donde la escasez del agua ya provoca conflictividad social”.
En un pronunciamiento, las organizaciones consideraron que la presentación de 17 científicos que integraron el Comité Científico el 15 de abril, para analizar la “posible explotación sustentable” del gas no convencional, revelaba un sesgo: “no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa”, pues por definición “es imposible hacer de manera ‘sustentable’ la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles”.
Cuestionaron: “¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serán directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas?”.
Para la red de organizaciones antifracking fue intencional, porque la fracturación hidráulica “no es un asunto puramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos”, por lo que darle un tratamiento como un tema de “ingeniería es ya una forma de manipular el debate”.
Sin evidencia de efectividad
Cuestionaron la efectividad de nuevas tecnologías en la reducción del impacto ambiental de la alternativa tecnológica presentadas en la conferencia matutina, como lo son el “uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras”. Sin embargo, señalan que éstas corresponden a “experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo”.
“No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking”, alertaron las organizaciones, al recordar que científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones”.
Al puntualizar que la extracción hidráulica de gas genera “emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta”, además de intoxicar el aire y dañar la salud de las personas, los firmantes recordaron que de acuerdo a una investigación de CartoCrítica “para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirán 25 mil pozos y mil 923 millones de metros de metros cúbicos de agua dulce”. Asimismo, resaltaron que, en la presentación del informe, los integrantes del Comité Científico no explicaron qué se hará con los residuos tóxicos, tomando en cuenta que estas aguas por lo general no se tratan por el elevado costo que implica, ni se explicó cómo garantizar que no se produzcan fugas ni sismicidad inducida.
Consideraron contradictorio hablar de “soberanía energética”, cuando para solventar el alto costo económico que significa el fracking se esté proponiendo la creación de un fideicomiso con capitales privados nacionales e internacionales, o bien otorgar contratos mixtos con la industria petrolera.
Aunado a ello, “el costo social sería enorme”, toda vez que en la zona de impacto viven más de 6 millones de personas que “estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud”.
Recordaron que el noreste de México “atraviesa por una profunda crisis hídrica”, de manera particular en alrededor del “40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales” donde prevalece una situación crítica que, de acuerdo a proyecciones científicas, se agravará en 2050.
“Se calcula que 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave”, puntualizaron.
Tras recordar que más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas agrupadas en Noreste Sin Fracking, al igual que cientos de comunidades tenek y nahuas de la Huasteca Potosina, han puesto de manifiesto su negativa a la fracturación hidráulica, ante su rechazo a ser “territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país”, los activistas resaltaron que no hay compensación posible para el daño que causaría la extracción no convencional de gas.
“Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesas de inversión y supuesto desarrollo justicia sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios.
“Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer por encima de cualquier agenda económica o política que los afecte”, sentenciaron.
Exigen reforma constitucional
Ante la decisión anunciada este jueves, las organizaciones firmantes exigieron una reforma constitucional para prohibir el fracking en todo el territorio nacional, “como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente”; incluir a las comunidades potencialmente afectadas por esta técnica “en cualquier discusión” al respecto.
Al demandar transparencia y rendición de cuentas del Comité Científico, los activistas llamaron al gobierno de Claudia Sheinbuam a acatar las obligaciones constitucionales de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional”, así como a respetar y garantizar “la autonomía y el derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios”.
Además de la Alianza Mexicana contra el Fracking firmaron el pronunciamiento Acción Colectiva Socioambiental, Articulación Yucatán, CartoCrítica, Coahuila Sin Fracking, Conexiones Climáticas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), CORASON Defensa del Territorio, No Fracking Tamaulipas, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Organización Familia Pasta de Conchos, Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León, entre otras.
