La vaquita marina enfrenta su etapa más crítica con menos de 10 ejemplares, en un escenario donde la pesca ilegal continúa operando pese a años de prohibiciones y operativos fallidos
Carlos Puelma / TRIBUNA DE MEXICO
La vaquita marina se reduce a menos de 10 ejemplares en el Alto Golfo de California, una cifra respaldada por monitoreos recientes y especialistas como Lorenzo Rojas Bracho, que exhibe el colapso de una de las especies más protegidas en papel pero más desatendidas en la práctica. La caída del 98% en su población en tres décadas marca uno de los fracasos ambientales más graves del país.
La pesca ilegal con redes agalleras continúa operando pese a su prohibición total desde 2017. Estas artes, utilizadas para capturar totoaba, siguen activas en la zona núcleo de la vaquita, lo que evidencia que los operativos de vigilancia no han logrado contener una actividad conocida, recurrente y documentada por años.
El motor del problema es económico y criminal. La vejiga natatoria de la totoaba se comercializa en mercados asiáticos por hasta 10 mil dólares, lo que ha convertido al Alto Golfo en un punto estratégico para redes de tráfico ilegal que operan con altos márgenes de ganancia y bajo riesgo efectivo de sanción.
Las acciones del gobierno han sido reactivas y limitadas. Aunque se han decomisado redes y se han implementado zonas restringidas, los resultados no han cambiado la tendencia estructural. La persistencia de redes ilegales en el hábitat de la vaquita confirma que la aplicación de la ley sigue siendo insuficiente.
Los diagnósticos científicos han sido claros durante años. El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita ha insistido en que la única solución viable es eliminar completamente las redes agalleras, una meta que no se ha alcanzado por falta de incentivos económicos y acuerdos efectivos con las comunidades pesqueras.
Las alternativas existen pero no se sostienen en campo. Equipos de pesca seguros para la vaquita han sido desarrollados, sin embargo, su adopción es mínima debido a su costo y menor rentabilidad, lo que mantiene a los pescadores dentro del circuito ilegal o en prácticas de alto riesgo ambiental.
Las medidas de contención muestran límites evidentes. El área de tolerancia cero y la instalación de obstáculos marinos han reducido parcialmente la pesca ilegal, pero no cubren todo el rango de la especie, que se desplaza fuera de esos perímetros y queda expuesta a redes en zonas menos vigiladas.
La presión internacional ha escalado ante la falta de resultados. Evaluaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sanciones en el marco de acuerdos globales han colocado a México bajo observación, obligándolo a justificar sus acciones frente a una posible extinción inminente.
El margen de maniobra es cada vez más estrecho. Aunque se han detectado crías y juveniles en monitoreos recientes, lo que indica que la especie aún se reproduce, los especialistas advierten que sin erradicar de forma total las redes agalleras, la recuperación es inviable y la extinción funcional podría concretarse en cualquier momento.
Exceso de dependencias que no dan resultados
La ejecución no recae en una sola autoridad, sino en un esquema fragmentado donde varias dependencias comparten responsabilidades, lo que en la práctica ha diluido la eficacia.
La Secretaría de Marina (Semar) es la principal encargada de la vigilancia en el Alto Golfo de California. Despliega patrullas marítimas, embarcaciones y personal para detectar y retirar redes ilegales, además de coordinar operativos en zonas críticas como el área de tolerancia cero.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interviene en la parte legal y administrativa, asegurando artes de pesca ilegales y levantando sanciones. Sin embargo, su actuación suele ser posterior al decomiso, no preventiva en campo de manera constante.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es responsable de regular la actividad pesquera, otorgar permisos y supervisar el cumplimiento de las normas. Su papel es más administrativo que operativo, lo que limita su capacidad directa para frenar la pesca ilegal en tiempo real.
También participa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que gestiona la reserva donde habita la vaquita, pero su función es de conservación y monitoreo, no de seguridad o persecución del delito.
En la práctica, sí hay presencia de la Marina y operativos activos, pero no existe una cobertura permanente ni suficiente para blindar toda la zona. Esto provoca que muchas redes se coloquen de noche o en puntos donde la vigilancia es intermitente, lo que explica por qué el problema persiste pese a las prohibiciones.
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