Negar que hay una crisis de seguridad en México es simplemente una canallada, y el pronunciamiento de la ONU, de entrada, es necesario, pero habría que darle un seguimiento con todas las precauciones debidas; si el Estado mexicano se queda sin iniciativa ante las desapariciones y trata de culpar solo al pasado, además de que no es cierto, es un error porque no solo hay desapariciones a causa del crimen organizado, sino también por razones políticas, y criminalización social.
Así que veamos con detenimiento.
Los acontecimientos internacionales de la administración de Donald Trump, a los ojos del mundo, han abusado de una narrativa para que gobiernos adversos sean estigmatizados con epítetos, como narcos, dictadores, antidemocráticos, corruptos, etc.
Así pasó con Venezuela, Irán o Cuba, para nombrar los más notables en estos tiempos, y también hemos visto como una cosa lleva a otra.
Sin embargo, el hecho de tomar verdades medias con algunos países como México y callar ante, no solo desapariciones, sino genocidios como el de Israel en Gaza, no pone a la ONU en el mejor de su momento.
Aun así, el hecho de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU haya solicitado a la Asamblea General examinar la crisis de desapariciones en México es un logro de las organizaciones y activistas a favor de los derechos humanos; y el Estado mexicano comete un grave error al darle una salida fácil, acusando a los regímenes adversos de la descomposición social y alegando que no se reconocen sus esfuerzos.
AMLO Abrazos y no balazos, activistas en la mira
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los asesinatos políticos fueron escalofriante y la información está en cualquier buscador, si bien la absoluta mayoría de los crímenes políticos no fue, o por lo menos no parece, que fue deliberadamente propiciado por el estado mexicano, tampoco se puede excluir de responsabilidades, cuando el propio presidente presumía en sus mañaneras su política de seguridad, etiquetada o bautizada como Abrazos y no balazos, que por cierto detonó la inseguridad en el país, como nunca antes.
El discurso presidencial estigmatizó por medio de streamer al zapatismo señalándolo de Prianista, a periodistas, defensores de derechos humanos, colectivos feministas y ambientalistas, exclusión de organizaciones sociales y casos escandalosos, como el de Samir Flores y Homero Gómez González y cientos de activistas en el país, que reflejan un alto grado de impunidad.
En el sexenio de AMLO fue cuando más se reprimió a los activistas ambientalistas entre otros.
Ley de amnistía, 1978, 1994, 2020
En las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado un fuerte movimiento popular, perfectamente definidos ideológica y políticamente, incluidos los sectores más radicalizados de la izquierda, sobre todo marxista, optaron por crear organizaciones políticas-militares, lo que ocasionó una fuerte represión del Estado mexicano que después se conoció como la Guerra Fría, este ciclo de alguna manera concluyo, en un complicadísimo proceso, entre otras cosas, con una ley de amnistía cuyo propósito fue liberar cientos de presos políticos, el regreso de exiliados y la presentación de un puñado de desaparecidos; sin embargo, esa herida todavía sigue viva.
Aun así, declaraba el “Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.
Después como continuidad a proyectos históricos, irrumpe en el país el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuya relevancia histórica tuvo un fuerte impacto nacional e internacional de tal suerte que inmediatamente después de La declaración de guerra, el estado mexicano se vio obligado a impulsar una nueva Ley de Amnistía, donde, otra vez, en su artículo primero, contextualizaba “ Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas.
Como vemos, la periodización de estas leyes de amnistía corresponde a etapas históricas donde los movimientos populares, en una posición franca y contestaría, se insurreccionan contra el mal gobierno y, en consecuencia, se ven obligados a declarar y decretar tales leyes.
La ley de amnistía de AMLO (2020)
Como siempre, el Artículo primero da la introducción de la ley y en este caso dice: Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes
Y entre los supuestos, en el apartado III. Inciso a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; …
Hasta ahí va bien; sin embargo, en franca contradicción, el Artículo VI. Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.
No es posible o no debería ser una ley tan contradictoria, ya que “así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito;” …
Y posteriormente señala que “siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.”
Entonces, ¿cómo pueden beneficiarse jóvenes o campesinos, o cualquier persona que haya sido obligada por el crimen organizado a delinquir, si estos grupos son armados? ¿O será que hay grupos criminales que delinquen a verbo y a manos limpias?
Reconocimiento, aportar verdad y reconciliación
El posible desplome de Estados Unidos lo está llevando a querer reconfigurar un nuevo orden mundial, pero a estas alturas se ve muy complicad, es muy difícil que Europa vaya a regresar al dólar y contrario el Euro se fortalece, la guerra contra Irán exhibió la poca capacidad de sostener sus aliados, de hecho lo dejaron solo, incluso Inglaterra, Corea del Sur y Japón, lo que muestra su incapacidad de convocatoria, además los conflictos internos, el agotamiento en deudas, reducción de la capacidad productiva, es un todo donde la fragilidad se ve por donde quiera que la mire. En ese contexto se da la agresión a Venezuela e Irán y se pretende debilitar gobierno como de Brasil, pero en especial a Colombia, México y qué decir de Cuba.
Por eso, la declaración del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU debe tomarse con ciertas reservas, pero el Estado mexicano debe ofrecer puentes con agraviados y alternativas al desorden social. El viejo truco de echar culpas no va a dar resultado, tan así que están convocando a una reunión que se llevará a cabo el 24 de abril de 2026, a las 09:00 horas, en la sede de la Secretaría de Gobernación, para atender a las víctimas del periodo de 1965-1990.
Claro que esto es limitado, y muy limitado, porque hasta nuestros días, la persecución, las desapariciones y la criminalización social son cuestiones claves que no se pueden negar.
La complejidad del tema implica un análisis sobre una nueva Ley de amnistía y el Estado debe aportar verdad y crítica en temas de las desapariciones forzadas, la criminalización social y la exclusión; no abordar el tema implicaría que las denuncias se vayan multiplicando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
