Las condenas de 2 años y 10 meses de internamiento y 11 meses de libertad asistida reavivaron la indignación por el crimen de la joven de 15 años
INFOBAE
El asesinato de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años en Sonoyta, Sonora, volvió a generar indignación en México tras conocerse las sentencias contra sus agresoras: dos menores de edad, supuestamente sus amigas, quienes la engañaron, la asesinaron y grabaron el crimen en video, pero que sólo recibieron penas de apenas 2 años y 10 meses de internamiento.
Además, la justicia para adolescentes dictó también una reparación económica de poco más de 5.000 pesos mexicanos, cifra que ni siquiera cubre la mitad de los gastos funerarios de la joven.
Un crimen planificado, registrado en video y precedido por acoso
Leyla Monserrat fue citada el 25 de septiembre de 2025 por dos amigas, Britany Michel (15 años) y Monserrat (13 años), quienes la llevaron bajo engaños a una vivienda del ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.
Las menores habían dejado de hablarse con Leyla tras una discusión días antes. La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, relató que su hija recibió burlas y acoso sobre su color de piel, además de mensajes de bullying de parte de las agresoras.
La noche del crimen, Leyla fue atada a una silla, vendada y estrangulada, mientras una de las menores grababa toda la escena con un teléfono móvil. El video, que después circuló en redes sociales, fue recibido por la madre de la víctima de forma anónima y se convirtió en una de las pruebas clave.
“Las pruebas que se mostraron es un video contundente en el que ellas le están arrebatando la vida a mi hija, o sea, hasta grabaron todo, descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”, manifestó la madre a medios de comunicación.
Las responsables, tras cometer el asesinato, intentaron ocultar el crimen, enterrando el cuerpo de Layla Monserrat en el patio de la casa de una de las menores. El hallazgo del cuerpo ocurrió una semana después, en condiciones que obligaron a sellar el ataúd, lo que impidió a la madre despedirse de su hija. La causa de muerte fue asfixia mecánica.
“Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron, no me pude despedir de ella, el cajón me lo dieron sellado, la verdad las chamacas se ensañaron con ella”, expresó Carmen Angélica Becerra en declaraciones a distintos medios de comunicación. En esas mismas entrevistas, la madre sostuvo: “Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”.
El caso incluyó inicialmente una línea de investigación sobre un adulto apodado “El Kalusha” o “Minimi” (Martín “N”), quien apareció muerto días después. Sin embargo, la evidencia recabada apuntó exclusivamente a Britany Michel y Monserrat como autoras materiales del feminicidio.
Sentencias mínimas, reparación insuficiente y reclamo social
La indignación creció estos días luego de que se conoció la sentencia dictada por el juzgado del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Britany Michel recibió 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que Monserrat obtuvo 11 meses de libertad asistida. Además, el tribunal fijó una reparación del daño moral de 5.677 pesos mexicanos, una cantidad que la familia calificó como ofensiva al considerar que los gastos funerarios superaron los 30.000 pesos.
El sistema penal mexicano para adolescentes establece un máximo de cinco años de internamiento incluso en casos graves como feminicidio, por lo que las sentencias impuestas a las responsables están dentro de los límites legales. La madre de Leyla subrayó que si ella no firmaba las sentencias, las jóvenes podrían haber quedado libres. “No es justo que las responsables no hayan tenido el castigo por el delito que hicieron”, declaró.
La difusión del video del crimen en redes sociales amplificó el sentimiento de indignación, con usuarios y colectivos señalando la brecha entre la gravedad de los hechos y la sanción legal impuesta.
“¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”, reclamó Carmen Angélica Becerra, quien anticipó que sus abogados buscarán apelar la sentencia para solicitar la pena máxima permitida.
