Si bien México reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, advirtió que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.
Redacción AN / JSC
El Gobierno de México rechazó y calificó como “tendencioso” el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que lleva el caso del país ante la Asamblea General.
Asimismo, el gobierno señaló a través de un comunicado que se omiten avances institucionales recientes en el combate a este delito.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación sostuvieron que las conclusiones del organismo internacional “no coinciden ni con la desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados” en los últimos años.
El gobierno federal argumentó que el mecanismo activado por el Comité está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de forma generalizada por el Estado, asegurando que no coincide con la realidad del México actual.
El informe, añadió, se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en casos localizados en algunas entidades, por lo que considera que su alcance es parcial.
En el documento, el gobierno cuestiona la metodología del Comité, al señalar una falta de “rigor jurídico” en su argumentación y criticar la interpretación sobre posibles vínculos con crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas
Aunado a esto, el Ejecutivo Federal junto con la Cancillería defienden que en los últimos años se ha impulsado una transformación institucional en la materia de desapariciones.
Herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente
El comunicado enumera reformas aprobadas en 2025, como la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, entre otras.
Asimismo, subraya la implementación de mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales, así como nuevas plataformas para registro e identificación.
Si bien México reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, advirtió que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.
México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
