Las organizaciones civiles advirtieron que condicionar la desaparición al registro de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema
Merary Nuñez
Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles rechazaron las cifras presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sobre personas desaparecidas en México y acusaron una falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial.
El posicionamiento se dio tras la presentación del informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, difundido el viernes 27 de marzo, en el que se reconoció la existencia de más de 133 mil personas desaparecidas en el país.
No obstante, las autoridades señalaron que solo 43 mil 128 casos se mantienen bajo ese estatus, debido a registros con datos incompletos, personas localizadas o con actividad en instituciones públicas.
Ante ello, organizaciones como Centro Prodh, Cepad y el colectivo Luz de Esperanza, en Jalisco, calificaron la estrategia gubernamental como una decisión política que invisibiliza a las víctimas y reduce la crisis a una gestión administrativa de expedientes ministeriales.
Las agrupaciones advirtieron que, en un contexto donde el 93% de los delitos no se denuncian, condicionar el reconocimiento de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema y fomenta prácticas como la omisión, la corrupción y la ineficiencia en las fiscalías.
Asimismo, rechazaron el intento de reducir la cifra de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado —señalaron— de años de búsqueda impulsada por las propias familias.
Otro de los puntos que generó preocupación fue la falta de acciones anunciadas para los más de 46 mil registros catalogados como “datos insuficientes”, lo que, afirmaron, vuelve a dejar la responsabilidad de la búsqueda en manos de los familiares.
En su posicionamiento, firmado por al menos diez organizaciones, también cuestionaron la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al considerar que no existe claridad metodológica sobre cómo se obtuvieron esos datos.
Además, rechazaron el discurso gubernamental que sostiene que las desapariciones forzadas ya no existen y que el fenómeno se limita al crimen organizado, al advertir que esta postura elimina la responsabilidad del Estado, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, en un contexto de impunidad que —aseguran— alcanza el 99.9%.
En entrevista, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, expresó su desacuerdo con la forma en que las autoridades han abordado la crisis. “No estamos de acuerdo. La manera ideológica de abordar el tema demuestra un gran desconocimiento (…) se nos hace incorrecto”, afirmó.
El activista también subrayó que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema, ya que muchas desapariciones no cuentan con denuncia formal, aunque sí han sido reportadas ante comisiones de búsqueda. “Basan la crisis solo en cifras, en números, en carpetas, y se nos hace muy inapropiado y no demuestra la realidad del país”, concluyó.
