La organización señaló que las exigencias hacia las organizaciones contrastan con la falta de información pública sobre el uso de recursos por parte de diversas instituciones.
Redacción AN / MDS
La organización Amnistía Internacional advirtió que la cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles en México representa “un golpe directo” a su capacidad operativa, en un contexto que, señaló, forma parte de una tendencia regional de restricciones a la sociedad civil.
A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, señaló que la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aplicada a 113 organizaciones, no constituye “un trámite menor”, sino una medida con efectos concretos en áreas clave como la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a la violencia de género y la protección de territorios indígenas.
“Menos recursos para: defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género, protección de territorios indígenas”, señaló Amnistía Internacional México.
El organismo enmarcó la decisión dentro de un fenómeno más amplio en América, donde advirtió, crece la adopción de “leyes anti-ONG”. Según AI México, se trata de políticas que, bajo el argumento de promover la transparencia, terminan por “controlar y debilitar a la sociedad civil”.
En el caso mexicano, la organización sostuvo que las asociaciones ya enfrentan una carga administrativa “excesiva”, con “informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos”, lo que deriva en que dediquen “menos tiempo ayudando, más tiempo en burocracia”.
Asimismo, cuestionó lo que calificó como un “doble estándar” en materia de rendición de cuentas: “A las organizaciones se les exige todo. Pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos”.
Amnistía Internacional subrayó el papel de la sociedad civil en la vida pública, al señalar que “documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes”, por lo que, advirtió, “debilitarla es debilitar a toda la sociedad”.
La organización planteó que el debate de fondo no debe centrarse en una dicotomía entre control y libertad, sino en las implicaciones para la vigilancia del poder público. “¿Queremos un país donde nadie vigile al poder?”, cuestionó, al advertir que cuando las organizaciones no gubernamentales se debilitan, “la corrupción y los abusos crecen”.
En este sentido, hizo un llamado a establecer “reglas claras y justas” que garanticen la transparencia sin afectar la operación de las organizaciones. “Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”, concluyó.
Organizaciones buscan revertir revocaciones
Diversas organizaciones informaron que iniciaron procesos para recuperar su estatus como donatarias autorizadas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que continúa realizando gestiones tras la revocación de su autorización por parte del SAT, derivada de que la autoridad fiscal desconoció la validez de una acreditación emitida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
De acuerdo con el organismo, aunque tramitó dicha acreditación en tiempo y forma, el SAT determinó posteriormente que la instancia que la emitió “no contaba con las atribuciones necesarias”, por lo que revocó su estatus.
El IMCO detalló que presentó nuevas solicitudes para cumplir con los requisitos, incluida una acreditación por actividades de desarrollo social presentada el 18 de noviembre de 2025, la cual permanece pendiente de resolución.
Pese a ello, afirmó que mantiene sus operaciones sin cambios. “El IMCO continúa siendo una asociación civil sin fines de lucro que opera con normalidad y mantiene sus actividades de investigación, análisis y propuestas de política pública, en estricto apego a la ley”, indicó.
Otras organizaciones, como Mexicanos Primero y México Evalúa, también se encuentran a la espera de una resolución tras haber solicitado la renovación de su estatus desde diciembre de 2025.
De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero, más de 100 organizaciones han sido afectadas por este proceso. La revocación implica que, si bien pueden seguir recibiendo donativos, estos ya no son deducibles de impuestos para quienes los otorgan.
Hasta ahora, el SAT no ha emitido información adicional sobre el estado de las solicitudes ni sobre los criterios específicos aplicados en cada caso.
