La reforma impulsada por Sheinbaum modifica la medición del gasto corriente para excluir sueldos de maestros, médicos y policías, así como programas sociales. El analista Mario Di Costanzo advierte que el cambio busca ocultar el verdadero déficit fiscal y endeudamiento nacional.
Camila Ayala y Juan Carlos Cortés
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para redefinir cómo se mide el gasto del gobierno.
La iniciativa, con la cual propone expedir la nueva “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”, ya causó polémica porque hay quien advierte que con esos cambios se busca maquillar la situación financiera real del país.
Este 19 de marzo el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su propuesta para modificar la LFPRH, específicamente el artículo 2, fracción XXIV Bis, para modificar el concepto “gasto corriente estructural”.
El ajuste incorpora ese término a los programas sociales universales con respaldo constitucional, así como los servicios personales vinculados a funciones de educación, salud y seguridad pública; es decir, el pago de maestros, médicos y policías.
Esos gastos, que hasta ahora eran vistos como presión directa sobre el gasto operativo, pasan a ser absorbidos bajo una categoría con implicaciones distintas en la medición del balance público.
Sueldos de médicos, fuera del gasto corriente. Foto: Montserrat López
De acuerdo con el artículo 17 de la LFPRH, el “gasto corriente estructural” es uno de los componentes para determinar si el gasto público contribuye o no al equilibrio presupuestario.
Aunque el gobierno no elimina esos gastos del presupuesto, ni del cálculo del déficit medido vía los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), sí altera el “termómetro” con el que se mide la presión del gasto sobre las finanzas públicas porque este concepto ayuda a evaluar la disciplina fiscal de México, así como a mantener un balance con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.
“El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este párrafo, el gasto de las empresas públicas del Estado no se contabilizará dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de dicho límite máximo”, detalla el artículo.
Di Costanzo. La iniciativa de Sheinbaum “reduciría artificialmente el déficit”. Foto: X / @mario_dico50
Advierten opacidad
Para el analista económico Mario Di Costanzo, el cambio que pretende Sheinbaum Pardo en la fórmula busca esconder el déficit y el endeudamiento real del país en un momento en donde las finanzas de México están más presionadas que nunca.
“Llega a la Cámara de Diputados una reforma que busca excluir del gasto corriente los sueldos de policías, médicos y maestros, además propone que no se considere como gasto corriente a los programas sociales… Lo anterior, entre otras cosas, reduciría ‘artificialmente el déficit y los requerimientos financieros del sector público”, advirtió en redes sociales.
