Fiscalía General del Estado presenta veintena de tomos con elementos de prueba, entre ellos invadir competencia federal, y ausencia de licitación y viabilidad financiera; citan para continuar la audiencia para el próximo lunes
EDUARDO RUBIO / LA SILLA ROTA
BAJA CALIFORNIA.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue acusado formalmente por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades debido a la fallida planta fotovoltaica que promovió su gobierno.
La imputación ocurrió cerca de la medianoche de este miércoles en la ciudad de Mexicali luego de varias horas de receso y de un cambio de sede a las oficinas del Poder Judicial por fallas en la energía eléctrica en el Centro de Justicia, lo que extendió la cita durante más de 12 horas.
Previo a lo que fue la audiencia inicial de un proceso que inició hace cuatro años, el ahora comisionado político del Partido del Trabajo (PT) aseguró que su gobierno (2019-2021) nunca habló de que construiría una planta fotovoltaica.
“Se dijo que el estado no tenía los permisos. Nosotros no teníamos que conseguir los permisos, esa era la empresa”, dijo el exmandatario estatal a la prensa.
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó casi una veintena de tomos con elementos de prueba, entre ellos haber invadido competencia federal, y la falta tanto de una licitación como de viabilidad financiera.
Ahora, Jaime “N” deberá presentarse el próximo lunes a las 9:00 horas para la audiencia de vinculación a proceso.
La audiencia inicial pudo llevarse a cabo luego de 13 ocasiones en las que el exgobernador logró posponerla por distintas razones, hasta que el pasado 9 de marzo finalmente se presentó con sus abogados, quienes pidieron tiempo para revisar el expediente.
Uno de esos abogados es Hiram Sánchez, fiscal central de Baja California durante la administración del mismo exgobernador.
A la fecha hay seis exfuncionarios, dos particulares y dos delegados fiduciarios de Banca Afirme vinculados a proceso, mientras que Amador Rodríguez Lozano, exsecretario General de Gobierno, libró las acusaciones en su contra desde el inicio.
La planta fallida
La planta fotovoltaica fue promovida durante el bienio de Bonilla Valdez como la solución al consumo de energía eléctrica del acueducto que lleva el agua del Río Colorado desde Mexicali hasta Tijuana atravesando La Rumorosa, y como fuente para alimentar las oficinas de gobierno.
Como parte de ese proyecto, el Congreso de Baja California aprobó en julio de 2020 el decreto 88 para autorizar al entonces gobernador la firma de un contrato hasta por 30 años.
Once meses después el entonces mandatario, la empresa Next Energy y la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces candidata de Morena a la gubernatura, acudieron al acto simbólico de la primera piedra de la obra.
Hoy, en ese terreno en inmediaciones de la carretera Mexicali-San Felipe no hay construcción porque el gobierno federal, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, nunca otorgó los permisos.
Ya en la administración de Ávila Olmeda la Secretaría de Hacienda anunció las denuncias penales y administrativas por considerar que el acuerdo era leonino en perjuicio del estado, porque comprometía anualmente mil 700 millones de pesos en participaciones federales como fuente de pago.
El reclamo incluyó otro pleito legal para recuperar 123 millones de pesos más rendimientos, dinero que tomó el fideicomiso como primer pago de la obra y se negaba a regresar al gobierno de Baja California.
