El asunto llegará a la Cámara de Diputados en las siguientes horas.
Redacción AN/ SBH
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los funcionarios públicos de organismos descentralizados y de empresas públicas del Estado no podrán recibir una pensión que exceda la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
La asamblea avaló este proyecto en lo general por unanimidad, con 116 votos a favor. En lo particular, el proyecto recibió 109 votos a favor y seis abstenciones, por lo que la Mesa Directiva instruyó su turno a la Cámara de Diputados.
La reforma también dispone el límite en las pensiones para funcionarios de las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.
La medida se aplica además a funcionarios públicos de organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, empresas públicas y fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios.
Se precisa que las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen las relaciones laborales no podrán establecer condiciones que superen ese límite establecido para las pensiones.
Quedan excluidas de ese límite las pensiones de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva.
La disposición transitoria de la reforma estipula que todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.
Indica que los entes públicos referidos deberán revisar y, en su caso, adecuar los contratos, las disposiciones y condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones para que se ajusten a lo previsto en la reforma.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que esta modificación pone en orden el sistema de jubilaciones y pensiones financiadas con el erario y evita que sean desproporcionadas, pues esto genera cargas presupuestarias que no pueden soportar las finanzas públicas y que atentan contra la eficiencia en el manejo de los recursos.
Aseguró que la reforma no elimina pensiones, pues, contrario a lo que se ha asegurado, no se afecta la retroactividad que establece el artículo 14 constitucional, ya que el dinero que han cobrado quienes tienen cuantiosas pensiones “no les será pedido que lo devuelvan” porque, precisó, “eso sería afectar un interés, un derecho adquirido”.
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que la modificación al 127 constitucional es “eco” de uno de los documentos históricos más importantes del país: Los Sentimientos de la Nación, donde José María Morelos y Pavón pide que las leyes moderen la indigencia y la opulencia.
“Estamos construyendo un Estado constitucional de bienestar y este proyecto político supone invariablemente que la función del Estado es garantizar por igual los derechos de todas y de todos los mexicanos. Los únicos privilegios que pueden subsistir en una república son aquellos que tienen que ver con las virtudes cívicas”, añadió.
Saúl Monreal Ávila dijo que el Grupo Parlamentario de Morena apoya con convicción este dictamen porque beneficia directamente al pueblo de México; se trata de una reforma que debe entenderse como la consolidación de la austeridad republicana, la racionalidad en el gasto público y la equidad en el sistema de remuneraciones del servicio público.
El senador del PAN, José Máximo García López, se pronunció a favor del dictamen y destacó que pone límites razonables a las pensiones públicas, lo que representa un acto de justicia y de responsabilidad. Señaló errores de técnica legislativa, dado que el sueldo del Ejecutivo Federal no es una referencia técnica estable porque se fija cada año; además de que los lineamientos solo aplican al sector paraestatal y no a todo el sector público.
Del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo explicó que el promedio de las pensiones oscila en siete mil pesos mensuales, pero hay algunas que alcanzan montos desproporcionados de un millón de pesos; dicha disparidad genera cargas presupuestarias que comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, por lo que es imperativo armonizar esos esquemas bajo los principios de austeridad republicana, eficiencia y honradez.
La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, se pronunció a favor de la reforma, pero consideró que debió fijarse el monto de las pensiones en Unidades de Medida y Actualización y no en el salario de la presidenta. También cuestionó por qué no se incluyó a las y los ministros de la Suprema Corte, lo que demuestra que solo se hace uso faccioso de la mayoría legislativa para una narrativa político-electoral.
La senadora del PT, Lizeth Sánchez García, subrayó que el dinero del pueblo no es para sostener privilegios desproporcionados; por ello, la reforma busca recuperar el sentido social del Estado mexicano y terminar con dispensas que nunca debieron existir. “Durante décadas se protegieron privilegios mientras millones de personas vivían en pobreza, pero hoy se pone fin a ello”, agregó.
Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, expresó el respaldo de su Grupo Parlamentario a la reforma porque se ahorrarán 5 mil millones de pesos al año; no obstante, preocupa la retroactividad, porque si bien es cierto que propiamente no la tendrá, “sí cambian las reglas del juego cuando ya inició el partido. Además, se excluye a las Fuerzas Armadas y a ministros del Poder Judicial”, señaló.
La asamblea rechazó propuestas de modificación presentadas por senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional.
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