Las Comisiones Unidas avalaron el dictamen con 32 votos a favor de la propuesta que reforma el artículo 127 Constitucional que fija que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la presidenta.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado aprobaron por unanimidad el dictamen que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las Comisiones Unidas avalaron el dictamen con 32 votos a favor de la propuesta que reforma el artículo 127 Constitucional que fija que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la presidenta.
Esta reforma aplicará para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal.
Sin embargo, el dictamen excluye a las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva. Se prevé que se discuta el día de mañana en el Pleno.
Senadores a favor del dictamen pero con sus reservas
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que están a favor de la iniciativa, sin embargo, afirmó que es un disparate en términos de técnica jurídica fijar las pensiones en función del sueldo de quien ocupe la Presidencia, porque esa es una decisión política que se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que puede variar a capricho de quien tenga mayoría y de quien ocupe la presidencia de la República.
Contrario, a lo que afirmó que hacerlo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es justamente una unidad de medida que el INEGI publica todos los años y que va variando en función de la inflación.
“El ISSSTE tiene topadas las pensiones en UMAS, 10 UMAS son 35 mil pesos. El IMSS las tiene topadas en UMAS, 25 UMAS, un poquito más de 85 mil pesos. Si la queremos topar a 70 mil pesos, lo que hay que hacer es toparla a 20 UMAS.
“Y pongan en la exposición de motivos que la referencia es el sueldo de la Presidencia de la República, pero no pueden establecer que el tope de las pensiones va a ser la mitad del sueldo de la Presidencia de la República, es un disparate y me parece de veras increíble la cerrazón de Morena de decir, como es iniciativa presidencial, no le podemos mover una coma, aunque haga sentido el argumento”, detalló.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que su partido está a favor, pero resaltó que la iniciativa tiene al menos tres inconsistencias que ponen en riesgo al Estado de Derecho en México, como la retroactividad.
“El primero, ya se ha expresado anteriormente: la retroactividad en perjuicio de las personas. Si bien es cierto que la Corte emitió al menos dos jurisprudencias, una derivada del recurso de inconformidad 357-2001, donde se señala que el constituyente tiene la potestad de realizar reformas de carácter retroactivo en la Carta Magna.
“La tesis 302 de quinta época señala que esta potestad es permitida para preservar intereses nacionales. Pero ambas tesis se realizan antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y este es un precedente necesario para revisar si las actuaciones del constituyente protegen, garantizan y respetan los derechos humanos”, detalló.
