Diputados de MORENA, PVEM y Encuentro Solidario impulsan una reforma histórica a la Ley de Responsabilidades para tipificar el acoso y hostigamiento como faltas administrativas graves. La iniciativa busca eliminar la impunidad estatal, permitiendo sanciones severas más allá del ámbito penal.
Santiago García C.
En un movimiento que busca cerrar el paso a la impunidad dentro de las oficinas gubernamentales, las bancadas de MORENA, PVEM y Encuentro Ciudadano presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora. El objetivo es contundente: que el acoso y el hostigamiento sexual dejen de ser omisiones administrativas menores para convertirse en faltas graves.
Sanciones ejemplares
De aprobarse esta reforma, los servidores públicos que vulneren la integridad de sus colegas o ciudadanos no solo enfrentarán procesos penales, sino que la administración estatal tendrá la facultad de aplicar:
- Destitución inmediata del cargo.
- Inhabilitación para ejercer cualquier función pública en el futuro.
Definiciones claras para evitar lagunas
El documento presentado marca una distinción crucial para proteger a las víctimas:
- Acoso sexual: Conductas de naturaleza sexual sin consentimiento, incluso si no existe una relación jerárquica entre las partes.
- Hostigamiento: Cuando el agresor se vale de una posición de poder o subordinación para vulnerar la dignidad del afectado.
El fin de los vacíos legales
Hasta hoy, aunque estas conductas están tipificadas en el Código Penal, la falta de una clasificación como “falta administrativa grave” en el ámbito local dificultaba una respuesta institucional rápida. Esto generaba vacíos que permitían a los agresores permanecer en sus puestos mientras se desahogaban procesos judiciales largos.
“La ausencia de estas faltas en el catálogo administrativo propicia vacíos que favorecen la impunidad”, señala la exposición de motivos de los legisladores.
La iniciativa ha sido turnada a comisiones para su estudio y socialización. Se espera que, tras su dictaminación, Sonora se alinee con los estándares más altos de ética pública y protección a la mujer y sectores vulnerables en el entorno laboral.
