Porfirio Escandón
La investigación por presuntos actos de corrupción dentro del gobierno de Baja California encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, utilizado el Instituto de Vivienda local (INVI) avanza entre expedientes voluminosos, rutas financieras complejas y una red de transferencias a la campaña para la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández que mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios estatales.
El fiscal anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, detalló que el expediente se compone de nueve tomos, 13 anexos, soportes digitales con información financiera y numerosos estados de cuenta, volumen documental que llevó a las defensas a solicitar una ampliación del plazo para su análisis.
El caso se encuentra aún en fase de audiencia inicial. Será en la reanudación de la diligencia cuando el Ministerio Público presente los elementos probatorios con los que busca sustentar la imputación y eventualmente solicitar la vinculación a proceso de los implicados.
El fiscal confirmó además la existencia de una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar contra una persona relacionada con los hechos, sin revelar su identidad debido a la reserva procesal.
Las investigaciones surgieron tras detectarse un presunto desfalco cercano a los 55 millones de pesos durante la administración de Víctor Manuel Castro Cosío en el organismo estatal de vivienda. Hasta el momento, tres personas han sido vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva, mientras continúan pesquisas paralelas por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autoridades ministeriales subrayan que el expediente destaca tanto por su volumen como por el rastreo detallado de la ruta del dinero, información que será presentada ante el juez en la audiencia programada para marzo.
El escándalo ha colocado bajo presión al gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, luego de que las indagatorias revelaran un posible desvío adicional de 10 millones de pesos que presuntamente habrían sido destinados a la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.
De acuerdo con las líneas de investigación, la operación se habría ejecutado a través del INVI durante la gestión de Fernanda Villarreal.
Testimonios integrados a la carpeta señalan que el mecanismo incluía simulación de cuentas y transferencias a particulares sin relación con la administración pública.
Las autoridades investigan la posible participación de una red integrada por el entonces secretario de Gobierno, Homero Davis Castro, hoy senador; la exdirectora del instituto, Fernanda Villarreal; y Juan Manuel Reyes, quien fungía como director de Finanzas, bajo el consentimiento del gobernador de Baja California Sur encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío
El extesorero del organismo, Javier Ramírez, declaró que las solicitudes de efectivo iniciaron en noviembre de 2022, coincidiendo con el respaldo público del gobernador al entonces aspirante presidencial.
Los movimientos se intensificaron en 2023: entre febrero y junio se habrían entregado siete millones de pesos adicionales, presuntamente en efectivo, en un establecimiento de lavado de autos denominado “Los Abuelos”, ubicado en La Paz.
Ortiz Amao confirmó que las indagatorias han permitido rastrear miles de transferencias bancarias provenientes de las cuentas del Instituto de Vivienda. El esquema, consistía en simular traspasos internos o dirigir recursos hacia cuentas puente y beneficiarios externos sin vínculo laboral con el gobierno estatal.
Actualmente, Fernanda Villarreal se desempeña como investigadora parlamentaria en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, organismo presidido por Adán Augusto López Hernández desde septiembre de 2024.
Tras su audiencia inicial del 5 de febrero de 2026, la exfuncionaria evitó abundar sobre los señalamientos y se limitó a afirmar que acudía al llamado de la autoridad.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la carpeta de investigación y prevé para el 5 de marzo una audiencia inicial contra dos presuntos operadores clave del INVI.
Mientras el proceso judicial avanza, el caso revela un entramado financiero que podría evidenciar el uso indebido de recursos públicos presuntamente solicitado desde el gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, así como sus posibles implicaciones en el ámbito político.
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