La acusación contra nueve estadounidenses en su país pone en juicio los escasos controles en la compra de artillería de alto calibre que beneficia a las organizaciones criminales al sur de la frontera
Andrés Rodríguez
En diciembre de 2022, en una feria de armas en Phoenix, Arizona, Ana Camarillo intentó comprar una Barrett M82, un rifle de francotirador semiautomático de calibre 50. Es un arma diseñada para destruir blindaje ligero, estructuras, equipos de comunicación y aeronaves en tierra. Destaca por su potencia y alcance efectivo entre 1,5 a 2,5 kilómetros. Su precio oscila entre los 8.000 y 14.000 dólares. Camarillo no podía levantar el armamento sola, pero aun así, el comerciante se lo vendió. Lo pagó en efectivo. Ese mismo día, en el mismo recinto, otro grupo de personas también compró otros siete rifles calibre 50, cinco rifles de asalto y dos pistolas. Tres años después, uno de ellos fue recuperado en Sinaloa el 24 de marzo de 2025.
Fruto de una investigación realizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Camarillo y otros ocho estadounidenses han sido vinculados al hallazgo de ese equipo letal e imputados como coordinadores de una red de compra y tráfico de armas desde Arizona a México entre 2022 y 2024. Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS han puesto de relieve el crecimiento del trasiego de artillería que presuntamente favorece a los grupos criminales al sur del Río Grande.
Sin embargo, Carrillo era solo un peón en esta estructura de compradores fantasma, como se conoce a las personas que prestan su nombre, a cambio de un precio, para la adquisición legal de armas para un tercero. Quienes movían los hilos, según la declaración de Jesús Álvarez,agente de la ATF, eran los hermanos Jorge y Alejandro Corona, a quienes se les acusa de haber adquirido ocho rifles calibre 50, cuatro ametralladoras semiautomáticas M240-SLR, un rifle semiautomático y dos pistolas de 9 milímetros. El armamento de calibre 50se ha consolidado como una de las armas largas más potentes y codiciadas por los grupos del crimen organizado en México, a menudo descrita como su “arma favorita” o de “uso de guerra” debido a su inmenso poder destructivo, explica el informe de la ATF.
De acuerdo con la vinculación a proceso, los hermanos Corona utilizaban redes sociales como Snapchat o Facebook para reclutar personas, a través de perfiles falsos o clonados, donde ofrecían entre 800 a 1.000 dólares por comprar las armas que les indicaban. Los colaboradores acudían a una dirección donde el par les entregaba el dinero en efectivo y la descripción del arma que debían comprar. Para la adquisición, daban información falsa en un formulario obligatorio de la ATF, que debe firmarse a la hora de comprar armas en un comercio federal en EE UU. El comprador debe completar este documento en persona para verificar su elegibilidad a través de la comprobación de antecedentes. Según la ley estadounidense, hacer cualquier declaración falsa en esta solicitud es un delito federal punible con hasta 15 años de prisión y/o una multa de hasta 250.000 dólares.
La declaración de Álvarez no especifica cuáles eran los criterios de pago para los compradores fantasma de los hermanos Corona. Sin embargo, el documento detalla que a los otros siete miembros de este grupo les pagaron sumas desde los 1.500 hasta 14.000 dólares por completar la compra y entrega de armamento de distintos tipos y calibres.
“Estados Unidos no hace nada”
Álvarez afirmó que los hermanos Corona siempre contaban con altos montos en efectivo. Incluso una de las mujeres que trabajaban para ellos, April Corral, dijo que recordaba que en una de las ocasiones en que la recogió para ir a comprar armamento, había dinero esparcido por todo la camioneta y una bolsa de plástico con aproximadamente 50.000 dólares en efectivo.
Alejandro Corona explicó que a veces depositaba el efectivo en su cuenta de banco en una ciudad de Arizona y luego lo retiraba en otra, pero que nunca superaba la cifra de más de 9.000 dólares para evadir los requisitos de informes bancarios. Este declaró que lo hacía para evitar preguntas en los controles de la Patrulla Fronteriza de EE UU. También dijo que se pegaba dinero al cuerpo con cinta adhesiva al pasar por los controles. De acuerdo con la misma declaración, una vez compradas las armas, las transfería a dos cómplices: Salvador García Moreno y otro identificado como Noe N. Corona declaró que ambos contrabandeaban grandes cantidades de dinero a Estados Unidos para facilitar la compra de armas de fuego y también las transportaban a México.
Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las universidades más prestigiosas de México, se refiere a los también conocidos como prestanombres, como una red hormiga de tráfico de armas que involucra al menos a 50.000 personas en todo Estados Unidos. Considera que los esfuerzos que agencias como la ATF o la Oficina de Aduanas, junto con el Gobierno de México, realizan es como buscar una aguja en un pajar. Afirma que la vinculación a proceso de estos nueve acusados es realmente “muy poquito” respecto a la dimensión del problema. “Estados Unidos prácticamente no hace nada. No significa nada, ya que es parte de pequeños esfuerzos que hacen agencias con muy poco presupuesto y que cada tanto hacen detenciones de este tipo. Nuestras cifras más consistentes coinciden en que hablamos de que 145.000 armas al año entran a México. Son como 400 diarias”, complementa el autor del libro La violencia vino del Norte.
Dentro del esquema, otro jugador clave para entender la problemática del tráfico armamentístico son las armerías. En el documento figuran al menos siete negocios, con permiso federal para la comercialización de artillería, como espacios donde este grupo realiza más de una compra y donde, por distintas razones y en distintas ocasiones, no logran completar las transacciones. A pesar de eso, el informe no menciona que les hayan negado alguna adquisición en alguna ocasión.
Civiles con artillería “inapropiada”
Operativos del área de Investigación de Operaciones Industriales (IOI) de la ATF en ferias de armas, eventos que reúnen a fabricantes, coleccionistas y entusiastas para exhibir y comercializar armamento —de uso civil y militar—, equipos tácticos o artículos de caza y pesca, permitieron constatar la adquisición de artillería “inapropiada” por personas que pagaban con grandes cantidades de efectivo.
Álvarez afirma que la IOI confirmó visualmente los informes de que en diciembre de 2022, durante una de estas ferias, un negocio vendía rifles de alta gama con alimentación por correa, rifles variantes del AK-47, todos en calibre 38, cartuchos populares para autodefensa, uso policial y con “buen poder de parada”. “Todas estas armas de fuego son preferidas por miembros de los carteles mexicanos y se desvían en gran medida del comercio de armas tradicional y se trafican a México”, precisó el agente de la ATF.
En medio de las presiones de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas a EE UU, el Gobierno de Claudia Sheinbaum continúa con su exigencia de combatir el poder de fuego de los carteles para frenar la violencia que azota el país, en especial en Estados como Sinaloa. “¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado de los grupos delictivos cuando estas armas son de uso exclusivo del Ejército en Estados Unidos?”, reclamó el pasado 4 de febrero durante su conferencia matutina.
En otra acusación formal de 113 cargos, presentada por las autoridades estatales de Arizona en octubre de 2025, los investigadores documentaron 334 armas compradas entre 2024 y 2025 por 20 personas a 23 comerciantes del área de Phoenix con el fin de traficarlas a México. Al menos 14 de los comerciantes contaban con licencia para fabricar y vender armas de fuego. La mayoría de las armas traficadas, 184 rifles, eran fabricados por una armería con sede en Florida.
“Los datos y las acusaciones en la corte nos muestran que Arizona se ha convertido en el corredor principal para el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Arizona tiene un mercado muy abierto, muy militarizado, masivo, entonces es muy fácil para una persona o un grupo de traficantes comprar armas de alto poder. Muchas de esas armas se van para Sinaloa, para armar al conflicto entre los grupos que se disputan esa organización criminal. La ruta desde Texas a Sinaloa no sería tan factible porque tendría que pasar por otros territorios controlados por otros grupos”, sentencia John Lindsay Poland, coordinador de Stop US Arms to Mexico, una iniciativa que estudia el tráfico ilegal de armas de EE UU hacia México.
