La compra y devolución de las camionetas blindadas reaviva la polémica sobre los gastos de los ministros salidos de las urnas, que se propusieron acabar con los “privilegios” de sus predecesores
Elena San José
La compra y devolución de las camionetas blindadas reaviva la polémica sobre los gastos de los ministros salidos de las urnas, que se propusieron acabar con los “privilegios” de sus predecesores
La nueva Suprema Corte asumió como propio el mandato de austeridad republicana que abanderó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ese mismo principio que había enfrentado en numerosas ocasiones al exmandatario con los anteriores ministros. En sintonía con la reforma judicial impulsada por el morenista, los primeros juzgadores salidos de las urnas buscaban poner fin al régimen de “privilegios” anterior y desembarcaron en sus puestos en septiembre cargados de gestos simbólicos. El primero, una bajada de sueldos que los dejaba ligeramente por debajo del salario de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aunque conservaban otras prestaciones que los mantenían por encima. La compra y devolución en apenas tres días de nueve camionetas blindadas, sin embargo, ha devuelto esos símbolos al centro del escrutinio y ha obligado a los ministros a justificarse y, finalmente, modificar una operación que ha sido vista como una incoherencia ante el mandato de austeridad.
Como le ocurre a los dirigentes del partido gobernante, Morena, el Alto Tribunal es presa de sus propias palabras, que le son devueltas como un bumerán cada vez que realiza un gasto. “No puede haber justicia con privilegios“, manifestó el presidente, Hugo Aguilar, en su toma de protesta en septiembre, en la que defendió la necesidad de un nuevo Poder Judicial que tuviera ”la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción” como principios rectores. Ahora sus decisiones son analizadas con lupa y no todas pasan el filtro de un público cada vez más crítico.
A la compra de las camionetas se sumaba este fin de semana el reproche hacia la ministra Lenia Batres por la adjudicación de un contrato para realizar un retrato por valor de 35.000 pesos. La obra finalmente nunca se realizó, de acuerdo con la Corte, por compromisos previos de la artista encargada de realizar el trabajo. En cualquier caso, ha recordado el Alto Tribunal, esos retratos son una “práctica institucional de registro histórico” que no responden a “un servicio exclusivo para ningún ministro”, pues en los pasillos se exhiben imágenes de todos los juzgadores que ocuparon en algún momento el cargo desde el siglo XIX.
Un último señalamiento apunta también a la adquisición de varias togas para ceremonias ordinarias y extraordinarias por una suma de alrededor de 300.000 pesos (unos 23.000 pesos cada una), conocida desde otoño pero sacada a relucir de nuevo bajo el contexto de la compra de las camionetas blindadas. Contratos de otros años, bajo la anterior integración de la Corte, apuntan a cantidades similares.
Las críticas se entremezclan en un magma de gastos en los que la diferencia entre lo superfluo y lo necesario, o lo habitual y lo excepcional, es a veces confusa y difícil de definir o delimitar. La Corte tropieza a menudo con ello, en un intento de salir al paso a la misma velocidad vertiginosa con la que sus decisiones prenden la llama, especialmente en las redes sociales, el primer termómetro que hoy mide cómo es recibida su actividad.
Esa improvisación arroja resultados a veces paradójicos. Las polémicas camionetas blindadas serán asignadas finalmente a jueces “que enfrentan mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de su función”, principalmente juzgadores del área penal, en ocasiones sometidos a amenazas por parte de quienes se sientan en el banquillo de los acusados. Sin embargo, nada indica que el criterio técnico que se argumentó a la hora de adquirirlas haya cambiado.
El Órgano de Administración Judicial, que planteó una sustitución del parque vehicular del Poder Judicial que incluía 571 vehículos, justificó el cambio por la existencia de “diversos incidentes de seguridad” derivados de unidades que no contaban con “condiciones adecuadas de protección”. “La decisión responde a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles”, explicó en el comunicado que emitió el viernes pasado. No queda claro si la decisión de reasignar las camionetas a jueces con mayor exposición al riesgo dejará entonces a los ministros expuestos de nuevo a los “riesgos previsibles” que justificaron la compra en un primer lugar, pues tendrán que volver, aunque sea temporalmente, a sus anteriores vehículos, a la espera de otra evaluación técnica que debería arrojar resultados similares.
En esas aguas movedizas se mueven los juzgadores, a los que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, ha pedido explicaciones. “Más allá del ahorro, es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, ha expresado este lunes en la mañanera, poco antes de la conferencia convocada por el Alto Tribunal, en la que el presidente, Hugo Aguilar, ha reivindicado de nuevo la necesidad de actuar bajo el principio de austeridad, que considera algo más que “un acto simbólico”. Ya en septiembre la mandataria les había llamado al orden tras presentar una propuesta que aumentaba el presupuesto del Poder Judicial en 15.000 millones de pesos, un proyecto elaborado por la antigua Suprema Corte que fue remitido en un primer momento por los nuevos ministros sin introducir cambios.
“Entendemos el cuestionamiento que se está haciendo. Yo sí quisiera dejar claro que seguridad no implica lujo, seguridad no implica que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario”, ha desarrollado este lunes Aguilar antes de anunciar que renunciarían a las camionetas, compradas, en parte, por el aumento de las salidas por carretera de los ministros a los Estados. La frase que quizá comprende mejor el atolladero en el que se encuentran es, sin embargo, esta otra: “Nos comprometimos a actuar con austeridad, pero también nos comprometimos a que la austeridad no va a tener ninguna implicación en el funcionamiento institucional. Por austeridad no va a significar que deje de funcionar la institución y que los ministros y ministras tengan el mínimo necesario para funcionar“. La dificultad para delimitar de forma objetiva dónde se sitúa ese umbral tantas veces invocado por todos los condena una y otra vez a responder a los altos estándares que se impusieron al llegar.
