El PT es el primer partido al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados.
El Partido del Trabajo, el PT, está enviando señales a la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que es capaz si no le cumple sus deseos de entregarle las candidaturas a las gubernaturas de Baja California Sur y Zacatecas que se jugarán en 2027. Este domingo se movilizó en Oaxaca para impulsar la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, cuyos resultados lo mantienen en vilo con cerca del 30% de los votos computados. El músculo que mostró el PT debe ser visto como parte de una estrategia para imponer condiciones en la reforma electoral, un chantaje que se hace inaceptable.
El PT es un dolor de cabeza para la presidenta, que le puede crecer porque su presencia política está preocupando en Washington. Que no se reduzcan o desaparezcan diputaciones, una de las propuestas, es una cosa; que ese partido se quede con las gubernaturas, es otra. La negociación con el PT, para hablar con mayor claridad, no las debería de hacer Morena, sino el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que debería sentarse en la mesa con los expedientes de sus líderes y, en especial, quien está cabildeando las gubernaturas, el diputado José Narro Céspedes.
Narro Céspedes es figura central en una de las investigaciones más importantes que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica en México, por sus presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En México está protegido por la impunidad que se le construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la desaparición en 2022 de dos marinos que formaban parte de su escolta.
Los marinos eran oficiales de inteligencia que lo estaban investigando, y su desaparición aún sigue sin aclararse. El exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, nunca hizo nada por resolverlo; el exfiscal general Alejandro Gertz Manero investigó y encubrió. El actual secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, se mantiene callado.
La investigación de las agencias de inteligencia estadounidenses se enfocan en la forma como a través del PT se está dando, consideran, una redistribución de poder entre los dos cárteles más poderosos del mundo. La investigación, aunque involucra a algunos de sus líderes –varios legisladores en la actualidad–, está centrada en Narro Céspedes, con documentos que prueban que entregó una credencial del partido a Óscar Medina, apodado El Panu, que fue asesinado en un restaurante de la Zona Rosa en la Ciudad de México en diciembre.
El Panu fue señalado por las autoridades como un operador de Los Chapitos, pero de acuerdo con la investigación, era mucho más que eso: compadre de Iván Archivaldo Guzmán, el heredero de su padre Joaquín El Chapo Guzmán, en el Cártel de Sinaloa, que vive una guerra fratricida, responsable del aparato militar de esa facción, y de las rutas de drogas hacia los puertos de Amberes en Bélgica, Lisboa en Portugal, y Rotterdam, el principal puerto de Europa, en Países Bajos.
Narro Céspedes aspira a la candidatura del PT a la gubernatura de Zacatecas, que es la línea de contención entre Los Cabrera, que forman parte de la facción de Ismael El Mayo Zambada, dentro del implosionado Cártel de Sinaloa, que tienen su centro de operaciones en Durango. En Zacatecas los estadounidenses tienen intereses en la mina de oro más grande de México, operada por Fresnillo pic., que está incorporada en el Reino Unido, aunque la preocupación principal es que consideran que la llegada del diputado a la gubernatura tendría como derivada el control del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado y en las rutas de distribución hacia el norte y este del país.
La relación del diputado es con diversos grupos criminales, según la investigación estadounidense. Así como en Zacatecas se inclina por el Nueva Generación, en otras partes del país lo hace por Los Chapitos, a quienes también entregó, como a El Panu, credenciales de metal del Senado, de las cuales tienen fotografías. La otra pieza que busca el PT es Baja California Sur, que pelean las dos facciones del Cártel de Sinaloa, aunque Los Cabos, un destino turístico del jet set internacional, es territorio único de Los Chapitos.
El PT está perfilando a la gubernatura al presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, hijo del exgobernador Narciso Agúndez. Detrás de él, su pilar es el oficial mayor del municipio, Carlos Beltrán, que repitió en el cargo. Beltrán, de acuerdo con la investigación en Estados Unidos, fue piloto de Los Chapitos hace unos seis años, aunque no trasladaba drogas sino personas, y es parte estructural del crimen organizado, una imputación que públicamente sólo ha surgido en mantas, que han sido ignoradas por las autoridades locales.
La investigación en Estados Unidos señala abiertamente que el PT es el vaso comunicante con el crimen organizado, por lo que, de acuerdo con un funcionario, sus posiciones como parte de la negociación sobre la reforma electoral sólo escalarían el conflicto con la Administración Trump. Las relaciones oscuras del partido con el crimen organizado no son nuevas. Por ejemplo, abanderaron a Ana Karen Val Medina para que fuera presidenta municipal de Elota, Sinaloa, que adquirió notoriedad cuando en un evento con alcaldes el expresidente López Obrador la persiguió hasta tomarse una foto con ella. Val Medina es esposa de René Bastidas, El Doble Cero, señalado en la prensa como un lugarteniente de Los Chapitos.
El PT es el primer partido al que las investigaciones en Estados Unidos ubican como instrumento del crimen organizado, sin que esto signifique que todos sus miembros estén involucrados o que sepan de esas relaciones peligrosas. García Harfuch, de acuerdo con fuentes estadounidenses, tiene expedientes sobre Narro Céspedes y otros líderes del partido presuntamente relacionados con los cárteles, algunos generados por la inteligencia mexicana y otros por la de ese país.
Las puertas que abre la reforma electoral se ha convertido en un tema prioritario en estos momentos para la administración Trump por la forma como detectaron la complicidad de líderes del PT, en particular, para abrirle la puerta a los cárteles al poder en Zacatecas y Baja California Sur, dejando entrever que el conflicto con Washington de lo que las concesiones al PT significarían para la presidenta Sheinbaum, probablemente no alcance a verlo todavía.
