Editorial
Ayer por la mañana, Méxicoentregó a autoridades estadunidenses a “37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en redes sociales que “la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”. Se trató del tercer traslado masivo de delincuentes de alto impacto efectuado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un total de 92 delincuentes entregados, quienes “ya no podrán generar violencia en nuestro país”, a decir de García Harfuch.
Las transferencias de personas solicitadas por fiscalías estadunidenses se enmarcan en el contexto de presiones del presidente Donald Trump para que el resto del mundo solucione la crisis de adicciones de la sociedad estadunidense atacando la producción y el tráfico de estupefacientes, mientras Washington se cruza de brazos ante la distribución, el consumo y el lavado de las ganancias resultantes que tienen lugar en su propio territorio. Si bien todo indica que están diseñadas más para servir como espectáculos mediáticos que como una estrategia eficaz de combate al trasiego de drogas, las entregas impulsadas por la Casa Blanca benefician a México de varias maneras: le libran del enorme gasto que supone el encarcelamiento de mandos altos y medios del crimen organizado; calma –así sea temporalmente– las ansias del trumpismo por interferir en los asuntos internos de nuestro país; reduce la capacidad de los capos de seguir dirigiendo sus organizaciones desde la cárcel, y quita argumentos a los generadores de noticias falsas que acusan al gobierno federal de indolencia o complicidad ante la delincuencia. Por todo ello, se les puede considerar en términos positivos siempre y cuando se realicen con pleno respeto a las leyes y a la soberanía nacional.
Sin embargo, los traslados no están exentos de riesgos. En su mayoría, éstos derivan de la política estadunidense de convertir a los acusados en colaboradores y testigos protegidos. Bajo esta figura, individuos sobre quienes hay todas las pruebas de que ordenaron, perpetraron o facilitaron crímenes atroces, obtienen reducciones de penas e incluso un perdón absoluto y la protección de las agencias de espionaje a cambio de señalar a sus anteriores socios, aliados o rivales, e incluso a personas inocentes. Más allá de la credibilidad que puedan tener sus testimonios (la cual, se supone, es evaluada por fiscalías y tribunales antes de concederles un trato preferencial), el problema estriba en el uso que una administración tan falta de escrúpulos como la trumpista pueda darles en la forma de instrumentos de extorsión política. Tampoco puede ignorarse que, al acceder al estatus de testigos protegidos, recuperan su libertad de comunicaciones y pueden reintegrarse a las actividades causantes de violencia en México. La discrecionalidad, arbitrariedad y posible corrupción con que los acusadores deciden a quiénes sentar en el banquillo y con quiénes asociarse crea en el país vecino una zona gris en que la procuración de justicia se confunde con cálculos electorales, diplomáticos o financieros.
En conclusión, la entrega de delincuentes y presuntos delincuentes a Washington puede ser inocua y hasta positiva para México, pero también entraña riesgos que han de sopesarse con detenimiento a fin de valorar los costos y beneficios de esta práctica de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
